Habrá mayor control fiscal a los grandes contribuyentes

La Dirección General de Rentas puso sobre la mesa las cartas que utilizará la nueva administración para sostener la recaudación y afianzar los controles fiscales; especialmente, contra los grandes contribuyentes.
Según lo expuso ayer el titular del organismo, Pablo Clavarino, el paquete de medidas tiende a aplicar mano dura contra la evasión en los impuestos declarativos (Ingresos Brutos y Salud Pública) y contra la morosidad en los patrimoniales (Inmobiliario y Automotor) que promedia el 65% de los empadronados en Rentas.
Acompañado por el ministro de Economía, Jorge Jiménez, Clavarino informó que de los 2.700 grandes contribuyentes, desde hace tres años no se fiscaliza a 2.100 empresas inscriptas. Para ello, Rentas apelará a las auditorías con el fin de actualizar las declaraciones juradas de las empresas, mediante un control cruzado de información con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Hasta fines de año, Rentas ordenará 1.500 inspecciones para constatar incumplimientos de los contribuyentes y, además, reactivará más de 3.000 ejecuciones fiscales contra morosos. Según Clavarino, esas demandas están paralizadas en los Juzgados de Cobro y Apremios, a la espera de que el organismo defina sus abogados patrocinantes.
El director de Rentas afirmó que el organismo será duro respecto de los juicios. Adelantó que pedirá a la Justicia que trabe embargos sobre las cuentas bancarias de los grandes contribuyentes, si es que estos mantienen una conducta de incumplimiento.

Un año de plazo
Por otra parte, Rentas creará un área de Inteligencia Fiscal, cuya función será la de investigar a los contribuyentes, como paso previo a la fiscalización. Esa dependencia, en la que se desempeñará una decena de "sabuesos", también recibirá las denuncias por evasión tributaria.
Respecto de los pequeños contribuyentes, Clavarino explicó que se reformulará el plan de facilidades de pago que no excederá de las 36 cuotas. Rentas, además, se reservará la potestad de otorgar esos planes de acuerdo con el ingreso y situación socioeconómica del contribuyente.
La aplicación de todas estas medidas requerirá, al menos, de un año de plazo. En ese lapso, Rentas tratará de que se reforme el Código Tributario provincial.