Por Redacción Política
11 Noviembre 2003
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Tras jurar en el cargo de intendente provisorio de la capital, Domingo Amaya aseguró que recibe una Municipalidad en estado caótico y envuelta por los ahogos financieros.
Dijo que su gestión estará marcada por la austeridad y la transparencia. Por eso, anunció a LA GACETA que hoy solicitará al gobernador José Alperovich que se realice una auditoría integral de las cuentas públicas.
Además acordará con el mandatario provincial los nombres de los funcionarios que integrarán el gabinete municipal. Adelantó que visitará todas las reparticiones de la Municipalidad para conversar con los empleados municipales. "Necesito la colaboración del personal y de los vecinos para recuperar este jardín que arrastra problemas desde hace 20 años", expresó.
"Tenemos que lograr que mejore la recaudación y ejecutar obras para la ciudad, que es nuestro portal de entrada para los turistas", agregó el ex secretario de Turismo de la provincia.
Varias visitas
En el acto de asunción estuvieron el gobernador Alperovich, el vicegobernador Fernando Juri y el presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri Debo. También se observó a la secretaria de Turismo de la provincia, Mercedes Paz.
"Al señor gobernador, a su actual esposa...", dijo despertando las risas de los presentes en el Concejo Deliberante. "Perdón, son los nervios...", explicó luego disculpándose por haber utilizado la palabra "actual".
Entredicho
Antes de la asunción de Amaya, la sesión fue presidida por el radical José Luis Avignone quien tuvo un entredicho con el concejal Miguel Brito. El republicano pidió fundamentar su voto en favor de Amaya. Ante esto, Avignone le dijo que debía tener la autorización del cuerpo. Brito dijo que -por reglamento- no necesitaba esa autorización. Entonces el radical le pidió que fuera breve. "Voy a hablar menos de lo que usted habló", le espetó Brito. "Yo lo trato con respeto y no pretendo que esto se convierta en un sainete", agregó Avignone. Después se calmaron las tensiones y llegó Amaya para prestar el juramento de rigor.
El PE aportará recursos, dijo Jiménez
El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, justificó el plazo de 18 meses que el Concejo Deliberante le dio al intendente provisorio, Domingo Amaya, para que encauce el municipio de la capital. "Es un tiempo suficiente para poner en marcha la Municipalidad sin afectar su autonomía y su independencia", dijo.
Jiménez fue el funcionario del Poder Ejecutivo que llevó adelante las tratativas entre concejales capitalinos y legisladores, y que culminó en la asunción del ex secretario de Turismo al frente de la intendencia. "Es un tiempo necesario para refinanciar deudas y para buscar recursos", señaló.
Reconoció que el mandato de Amaya debía ser hasta mayo de 2005 por las dificultades que se le presenta a cualquier administración los fines de año. "Es un tiempo problemático, de pagos de sueldos y de aguinaldos y de temas que deben preverse, por lo que pareció más oportuno que la gestión llegue más allá del fin de año próximo", señaló.
Intervención atinada
El titular de la cartera política reiteró que la Municipalidad está en una grave situación. "Está en un estado de emergencia, por lo que fue oportuna y atinada la participación de los demás poderes del Estado para sacar al municipio de esta situación afligente, a partir de una salida institucional", manifestó.
"El Gobierno no debe controlar al municipio, sino proveerle de recursos necesarios para que la acción de la intendencia sea eficiente", expresó Jiménez ante una consulta sobre el papel del Poder Ejecutivo. Reconoció que la ayuda económica mensual de $ 2,1 millones es insuficiente para que el municipio funcione regularmente y bien. "Por eso es que nos abocaremos a buscar más recursos, además de los propios de la Municipalidad", dijo.
El endeudamiento no benefició a los vecinos de capital
En un año, la deuda pública de la Municipalidad de la capital creció, aproximadamente, en un 75%. Esto es consecuencia del déficit de la Tesorería General durante los últimos tres años y que fue financiado por los bancos y las entidades de crédito, que, con sus préstamos, incrementaron el pasivo.
La deuda de la administración capitalina, al 31 de diciembre de 2001, era de $ 178,8 millones; mientras que al 31 de diciembre de 2002 era de $ 278,5 millones, según consta en la Memoria y Balance 2002 de la Contaduría General municipal.
Los juicios
La cifra se agranda a partir de la denominada "deuda flotante", que sería de aproximadamente $ 34,5 millones. Se trata de juicios que hasta el año pasado no habían sido reconocidos por el municipio.
Esta "deuda flotante" puede triplicarse, dado que la empresa 9 de Julio, que brinda el servicio de recolección de residuos, le reclama $ 30 millones a la Municipalidad. Paralelamente, el Subsidio de Salud demanda otros $ 40 millones.
Semejante pasivo es impagable, pues duplica al proyecto de presupuesto de 2003 y quintuplica a la recaudación de 2002.El endeudamiento no redundó en beneficios para los vecinos de la ciudad. La deuda pasó de $ 120,8 millones a $ 136,7 millones entre 1998 y 2001. En ese lapso, el gasto en trabajos públicos cayó de $ 10,9 millones a $ 2,6 millones.
LOS NUMEROS
$ 133,7 millones fue el cálculo general de gastos para 2003 elevado por Antonio Alvarez, cuando era intendente de la capital, que el Concejo no trató. El de 2002 era de $ 117,6 millones.
$ 185,7 millones era la deuda pública consolidada de la Municipalidad, a 2002. En 1998 era $ 58,5 millones más baja.
$ 51,3 millones fue la recaudación total de 2002 de la administración capitalina. En 1998 fue de $ 69,7 millones.
4.849 es el número de agentes municipales a 2002. En 1998 había 800 empleados menos.
$ 58,6 millones fue el gasto en personal ejecutado en 2002. En 1998 se gastó un millón y medio de pesos menos.
Poderes especiales para la intendencia
El Concejo Deliberante declaró ayer la emergencia social, administrativa, institucional, económica y financiera de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En idéntica condición colocó a la prestación de los servicios públicos y a la ejecución de los contratos a cargo de esa administración. La medida tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2005.
La ordenanza, sancionada por unanimidad, confiere a la intendencia una serie de facultades extraordinarias, que comienzan con la autorización para la celebración de convenios y la renegociación de contratos. El departamento ejecutivo municipal podrá, además, reglamentar sobre servicios, obras públicas, salud, hacienda, transporte y régimen de contrataciones.
Durante su gestión, Domingo Amaya podrá, también, disponer de las propiedades municipales que no sean de uso público; adherirse a normas financieras; renegociar la deuda municipal, tomar empréstitos, y solicitar anticipos financieros y préstamos al Poder Ejecutivo, afectando la coparticipación.
El intendente provisorio podrá, igualmente, efectuar modificaciones presupuestarias, adquirir compromisos de metas fiscales y dictar las medidas correspondientes; rediseñar las políticas tributarias, y solicitar a la provincia la colaboración en todas las tareas que crea necesarias.
El Grupo Alberdi critica a Alperovich
"Los ciudadanos de la capital asisten a una maniobra del Poder Ejecutivo para obtener el gobierno de la Municipalidad, que el Frente Fundacional no pudo lograr con el fraudulento sistema de lemas, ni con el uso de todo el aparato oficial en las elecciones". Así lo expresó el Grupo Alberdi a través de Elsa Moreno, Clímaco de la Peña, Teresa Piossek Prebisch, Adolfo Poliche, Juan Oliver y otros.
"Esto implica la anulación del gobierno democrático y autónomo de los municipios, garantizado por los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional", añade. Sostiene que el PE se aprovecha "de la corrupción del sistema mantenido por las legislaturas que se sucedieron desde 1990, que privaron a los municipios de las rentas que legítimamente les corresponden".
Apuntó que al gobernador José Alperovich "no le basta con la sanción de las leyes que le acordaron facultades extraordinarias; ahora pretende valerse de un mecanismo perverso para obligar al Concejo Deliberante a aceptar que sea él quien designe al nuevo intendente so pena de hacer imposible, en los hechos, el gobierno del municipio".
"Es un acto más de traición a la voluntad popular expresada en los comicios, que define la conducta de quienes intentan concentrar la suma del poder público", finalizó.
Dijo que su gestión estará marcada por la austeridad y la transparencia. Por eso, anunció a LA GACETA que hoy solicitará al gobernador José Alperovich que se realice una auditoría integral de las cuentas públicas.
Además acordará con el mandatario provincial los nombres de los funcionarios que integrarán el gabinete municipal. Adelantó que visitará todas las reparticiones de la Municipalidad para conversar con los empleados municipales. "Necesito la colaboración del personal y de los vecinos para recuperar este jardín que arrastra problemas desde hace 20 años", expresó.
"Tenemos que lograr que mejore la recaudación y ejecutar obras para la ciudad, que es nuestro portal de entrada para los turistas", agregó el ex secretario de Turismo de la provincia.
Varias visitas
En el acto de asunción estuvieron el gobernador Alperovich, el vicegobernador Fernando Juri y el presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri Debo. También se observó a la secretaria de Turismo de la provincia, Mercedes Paz.
"Al señor gobernador, a su actual esposa...", dijo despertando las risas de los presentes en el Concejo Deliberante. "Perdón, son los nervios...", explicó luego disculpándose por haber utilizado la palabra "actual".
Entredicho
Antes de la asunción de Amaya, la sesión fue presidida por el radical José Luis Avignone quien tuvo un entredicho con el concejal Miguel Brito. El republicano pidió fundamentar su voto en favor de Amaya. Ante esto, Avignone le dijo que debía tener la autorización del cuerpo. Brito dijo que -por reglamento- no necesitaba esa autorización. Entonces el radical le pidió que fuera breve. "Voy a hablar menos de lo que usted habló", le espetó Brito. "Yo lo trato con respeto y no pretendo que esto se convierta en un sainete", agregó Avignone. Después se calmaron las tensiones y llegó Amaya para prestar el juramento de rigor.
El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, justificó el plazo de 18 meses que el Concejo Deliberante le dio al intendente provisorio, Domingo Amaya, para que encauce el municipio de la capital. "Es un tiempo suficiente para poner en marcha la Municipalidad sin afectar su autonomía y su independencia", dijo.
Jiménez fue el funcionario del Poder Ejecutivo que llevó adelante las tratativas entre concejales capitalinos y legisladores, y que culminó en la asunción del ex secretario de Turismo al frente de la intendencia. "Es un tiempo necesario para refinanciar deudas y para buscar recursos", señaló.
Reconoció que el mandato de Amaya debía ser hasta mayo de 2005 por las dificultades que se le presenta a cualquier administración los fines de año. "Es un tiempo problemático, de pagos de sueldos y de aguinaldos y de temas que deben preverse, por lo que pareció más oportuno que la gestión llegue más allá del fin de año próximo", señaló.
Intervención atinada
El titular de la cartera política reiteró que la Municipalidad está en una grave situación. "Está en un estado de emergencia, por lo que fue oportuna y atinada la participación de los demás poderes del Estado para sacar al municipio de esta situación afligente, a partir de una salida institucional", manifestó.
"El Gobierno no debe controlar al municipio, sino proveerle de recursos necesarios para que la acción de la intendencia sea eficiente", expresó Jiménez ante una consulta sobre el papel del Poder Ejecutivo. Reconoció que la ayuda económica mensual de $ 2,1 millones es insuficiente para que el municipio funcione regularmente y bien. "Por eso es que nos abocaremos a buscar más recursos, además de los propios de la Municipalidad", dijo.
En un año, la deuda pública de la Municipalidad de la capital creció, aproximadamente, en un 75%. Esto es consecuencia del déficit de la Tesorería General durante los últimos tres años y que fue financiado por los bancos y las entidades de crédito, que, con sus préstamos, incrementaron el pasivo.
La deuda de la administración capitalina, al 31 de diciembre de 2001, era de $ 178,8 millones; mientras que al 31 de diciembre de 2002 era de $ 278,5 millones, según consta en la Memoria y Balance 2002 de la Contaduría General municipal.
Los juicios
La cifra se agranda a partir de la denominada "deuda flotante", que sería de aproximadamente $ 34,5 millones. Se trata de juicios que hasta el año pasado no habían sido reconocidos por el municipio.
Esta "deuda flotante" puede triplicarse, dado que la empresa 9 de Julio, que brinda el servicio de recolección de residuos, le reclama $ 30 millones a la Municipalidad. Paralelamente, el Subsidio de Salud demanda otros $ 40 millones.
Semejante pasivo es impagable, pues duplica al proyecto de presupuesto de 2003 y quintuplica a la recaudación de 2002.El endeudamiento no redundó en beneficios para los vecinos de la ciudad. La deuda pasó de $ 120,8 millones a $ 136,7 millones entre 1998 y 2001. En ese lapso, el gasto en trabajos públicos cayó de $ 10,9 millones a $ 2,6 millones.
LOS NUMEROS
$ 133,7 millones fue el cálculo general de gastos para 2003 elevado por Antonio Alvarez, cuando era intendente de la capital, que el Concejo no trató. El de 2002 era de $ 117,6 millones.
$ 185,7 millones era la deuda pública consolidada de la Municipalidad, a 2002. En 1998 era $ 58,5 millones más baja.
$ 51,3 millones fue la recaudación total de 2002 de la administración capitalina. En 1998 fue de $ 69,7 millones.
4.849 es el número de agentes municipales a 2002. En 1998 había 800 empleados menos.
$ 58,6 millones fue el gasto en personal ejecutado en 2002. En 1998 se gastó un millón y medio de pesos menos.
Poderes especiales para la intendencia
El Concejo Deliberante declaró ayer la emergencia social, administrativa, institucional, económica y financiera de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En idéntica condición colocó a la prestación de los servicios públicos y a la ejecución de los contratos a cargo de esa administración. La medida tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2005.
La ordenanza, sancionada por unanimidad, confiere a la intendencia una serie de facultades extraordinarias, que comienzan con la autorización para la celebración de convenios y la renegociación de contratos. El departamento ejecutivo municipal podrá, además, reglamentar sobre servicios, obras públicas, salud, hacienda, transporte y régimen de contrataciones.
Durante su gestión, Domingo Amaya podrá, también, disponer de las propiedades municipales que no sean de uso público; adherirse a normas financieras; renegociar la deuda municipal, tomar empréstitos, y solicitar anticipos financieros y préstamos al Poder Ejecutivo, afectando la coparticipación.
El intendente provisorio podrá, igualmente, efectuar modificaciones presupuestarias, adquirir compromisos de metas fiscales y dictar las medidas correspondientes; rediseñar las políticas tributarias, y solicitar a la provincia la colaboración en todas las tareas que crea necesarias.
El Grupo Alberdi critica a Alperovich
"Los ciudadanos de la capital asisten a una maniobra del Poder Ejecutivo para obtener el gobierno de la Municipalidad, que el Frente Fundacional no pudo lograr con el fraudulento sistema de lemas, ni con el uso de todo el aparato oficial en las elecciones". Así lo expresó el Grupo Alberdi a través de Elsa Moreno, Clímaco de la Peña, Teresa Piossek Prebisch, Adolfo Poliche, Juan Oliver y otros.
"Esto implica la anulación del gobierno democrático y autónomo de los municipios, garantizado por los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional", añade. Sostiene que el PE se aprovecha "de la corrupción del sistema mantenido por las legislaturas que se sucedieron desde 1990, que privaron a los municipios de las rentas que legítimamente les corresponden".
Apuntó que al gobernador José Alperovich "no le basta con la sanción de las leyes que le acordaron facultades extraordinarias; ahora pretende valerse de un mecanismo perverso para obligar al Concejo Deliberante a aceptar que sea él quien designe al nuevo intendente so pena de hacer imposible, en los hechos, el gobierno del municipio".
"Es un acto más de traición a la voluntad popular expresada en los comicios, que define la conducta de quienes intentan concentrar la suma del poder público", finalizó.
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