Jorge Todesca - Director de la consultora Finsoport
La crisis desatada por la rebelión de las fuerzas policiales en varias provincias agrega un ingrediente imprevisto a la compleja situación macro.
En muy pocos casos, estos años de abundantes ingresos fiscales fueron aprovechados para reordenar las finanzas provinciales, que emergieron destrozadas del colapso de la convertibilidad. Después del canje de las cuasimonedas, poco se hizo para mejorar la coordinación fiscal entre la Nación y las provincias.
La descentralización de los servicios de salud y educación en la década de 1990 se operó sin un cambio profundo en el régimen de coparticipación federal de impuestos. La Nación se sacó de encima abundantes cargas de personal que pasaron a la órbita provincial y, desde entonces, se han manejado bastante anárquicamente. A ello se sumó en los últimos años un crecimiento importante del empleo público.
En promedio, un 50% del gasto provincial es absorbido por los gastos en personal y el gasto medio por empleado difiere en un amplio rango entre las distintas jurisdicciones. Hay una brecha de 2,5 veces entre el gasto medio mínimo y el máximo. En el período 2003-2011 el gasto medio salarial por empleado aumentó un 565%.
Este año el Gobierno nacional elevó en un 32% las transferencias a las provincias por encima de la coparticipación federal. El mayor impulso lo recibió el gasto de inversión, una dinámica clásica en un año electoral.
No parece que la debilitada recaudación tributaria y el creciente déficit fiscal dejen mucho margen para que el Gobierno pueda aportar recursos frescos en grandes cantidades. Las provincias deberán resolver sus propias crisis. Nos espera un 2014 desafiante, pero no desesperante.
