Las autoridades del Poder Ejecutivo, los concejales -tanto del oficialismo como de la oposición- y los legisladores justicialistas están convencidos de que esta semana se elegirá al ciudadano que conducirá el municipio de San Miguel de Tucumán. Lo que demora el acuerdo para que sesione el Concejo Deliberante y designe a la persona de confianza del gobernador José Alperovich es la condición en la que asumirá el nuevo jefe municipal: si lo hará en forma transitoria -hasta que se defina la situación procesal de Antonio Bussi- o bien por los cuatro años de mandato.
Las conversaciones entre el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez; la intendenta provisoria Carolina Vargas Aignasse, ediles y legisladores terminaron en la conclusión de que el próximo jefe municipal debe gozar de algunas facultades especiales para conducir la intendencia, en medio de una declaración de emergencia municipal de todas las áreas.
Anoche, en el despacho del titular de la cartera política prosiguieron las reuniones para resolver el futuro político e institucional del principal municipio de Tucumán.
Un candidato
En el PE se sostiene el nombre del secretario de Políticas Regionales, Domingo Amaya, para el puesto de intendente. Desde el peronismo se lanzan otros nombres al ruedo, aunque las mejores cartas las tiene el oficialismo, debido a que la viabilidad del municipio depende exclusivamente de la ayuda económica que le envíe la Provincia, tanto para el pago de los sueldos como para saldar las deudas con prestadores de servicios.
Fechas límite
Hoy era una fecha límite en el marco del conflicto con la empresa de recolección domiciliaria de residuos. Todas las expectativas están puestas en el PE. "Lo que resuelvan será acatado por los concejales", admitió a LA GACETA un edil capitalino. En el Gobierno aguardan que se reconozcan algunas exigencias para hacerse cargo, en términos políticos, de la intendencia.
La decisión de Vargas Aignasse de proseguir con sus tareas de concejala tiende a acelerar la resolución política de la conducción del municipio. "La salida institucional vendrá acompañada de auxilio económico", vaticinó la actual jefa municipal.
Tal como está la situación, las definiciones deberán provenir del PE. Pero para asumir la responsabilidad -aunque más no sea en forma indirecta- del manejo de la ciudad necesita dotar de poderes especiales al nuevo intendente, casi como los de un interventor.
Las conversaciones entre el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez; la intendenta provisoria Carolina Vargas Aignasse, ediles y legisladores terminaron en la conclusión de que el próximo jefe municipal debe gozar de algunas facultades especiales para conducir la intendencia, en medio de una declaración de emergencia municipal de todas las áreas.
Anoche, en el despacho del titular de la cartera política prosiguieron las reuniones para resolver el futuro político e institucional del principal municipio de Tucumán.
Un candidato
En el PE se sostiene el nombre del secretario de Políticas Regionales, Domingo Amaya, para el puesto de intendente. Desde el peronismo se lanzan otros nombres al ruedo, aunque las mejores cartas las tiene el oficialismo, debido a que la viabilidad del municipio depende exclusivamente de la ayuda económica que le envíe la Provincia, tanto para el pago de los sueldos como para saldar las deudas con prestadores de servicios.
Fechas límite
Hoy era una fecha límite en el marco del conflicto con la empresa de recolección domiciliaria de residuos. Todas las expectativas están puestas en el PE. "Lo que resuelvan será acatado por los concejales", admitió a LA GACETA un edil capitalino. En el Gobierno aguardan que se reconozcan algunas exigencias para hacerse cargo, en términos políticos, de la intendencia.
La decisión de Vargas Aignasse de proseguir con sus tareas de concejala tiende a acelerar la resolución política de la conducción del municipio. "La salida institucional vendrá acompañada de auxilio económico", vaticinó la actual jefa municipal.
Tal como está la situación, las definiciones deberán provenir del PE. Pero para asumir la responsabilidad -aunque más no sea en forma indirecta- del manejo de la ciudad necesita dotar de poderes especiales al nuevo intendente, casi como los de un interventor.







