Proponen que los cargos vacantes en la Justicia se cubran por concurso

Las futuras vacantes en el Poder Judicial serán cubiertas luego de concursos públicos de antecedentes y oposición, si prospera el proyecto presentado por el legislador del Frente Anticorrupción, Pedro Stordeur.
La iniciativa jerarquiza el actual Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Si se aprueba, su opinión tendrá carácter vinculante para el Poder Ejecutivo, el que no podrá apartarse de los nombres incluidos en cada terna para proponer al candidato a ocupar cada cargo en la Justicia.
La comisión de Asuntos Constitucionales pidió que opinen sobre la idea la UNT; la Unsta; los colegios profesionales; la Corte Suprema de Justicia; el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado. Mañana el cuerpo que preside el peronista Antonio Raed volverá a reunirse, a las 11.
La propuesta contempla que se designe a un jurado compuesto por abogados de otras provincias, que no será remunerado, en cada llamado a concurso. Los postulantes deberán presentar todos sus antecedentes (profesionales, académicos y de desempeño en la Justicia o en otros poderes del Estado), superar una prueba y mantener una entrevista con los evaluadores, que otorgarán un puntaje por rubro.
Stordeur no avanza en la conformación del CAM, pero sus miembros quedarían relegados a un segundo plano por el jurado, cuyo dictamen con el orden de mérito debería ser respetado.
El legislador confirma que el CAM seguirá siendo integrado por un vocal de la Corte Suprema; el decano de la Facultad de Derecho de la UNT y el titular del colegio profesional de la capital o del Sur, según en qué jurisdicción sea la vacante. La única excepción se da si hay una vacante en el máximo tribunal o del ministro fiscal, casos en que el PE decide en forma autónoma.
En el proyecto se dispone la estabilidad de los integrantes del CAM, quienes sólo podrán ser removidos por juicio político. Asimismo, se establece que se podrán inhibir o que podrán ser recusados en casos concretos, pero siempre con causa fundada.

Aval para la nueva camarista federal
Luego de casi cinco años, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán tendrá su integración completa en la segunda quincena de este mes. El Senado dio su acuerdo al pliego de Graciela Nair Fernández Vecino, quien asumirá en la última vacante en el tribunal.
El fallecimiento de Víctor de la Vega Madueño, de Jorge Miguel y de Hugo Gordillo afectaron a la Cámara. Tras la jura de la nueva integrante, volverá a haber cinco vocales. El decreto de designación está a la firma del presidente Néstor Kirchner, quien se lo entregaría rubricado a Fernández Vecino esta semana.
La abogada chubutense (radicada desde 1988 en Tucumán) dejará la Defensoría Oficial Federal de Pobres, Incapaces y Ausentes, cargo que ejerce desde 1990. Esa función será ahora subrogada por el defensor del Tribunal Oral Federal, Ciro Lo Pinto, pero parte de la tarea recaerá en la prosecretaria, María Antonia Molina de González Olazo.
"La Justicia debe estar al servicio de la gente. No está ajena a la crisis de legitimidad de todos los poderes del Estado. Se acentuó al adjudicársele la tarea de resolver problemas que no le competían, porque eran políticos o sociales", dijo Fernández Vecino.
La magistrada será la segunda mujer en el tribunal, junto a Marina Cossio de Mercau. "Estos cambios tienen que ver con un perfil ideológico diferente del Gobierno nacional, de mayor apertura. En los tribunales ordinarios tucumanos la situación de la mujer magistrada es distinta; hay una fuerte participación", indicó.