Una junta médica decidirá si trasladan a Bussi a Buenos Aires

Una junta médica resolverá si existen motivos para trasladar a Antonio Bussi a Buenos Aires, como lo solicita la defensa del intendente electo. Desde hace varios días, el abogado Pablo Calvetti insiste en que el ex gobernador, que está detenido por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, debe ser atendido en el Hospital Militar de la Capital Federal por los problemas cardíacos que padece.
Ayer estaba previsto que el titular de Fuerza Republicana (FR) amplíe la declaración indagatoria ante el juez federal número uno, Jorge Parache. Pero el magistrado la suspendió a pedido de Calvetti. Este reiteró que su cliente está deprimido, que no quiere recibir a nadie, y que urge llevarlo a Buenos Aires para que lo atienda el cardiólogo Luis de la Fuente, quien lo trata desde hace varios años.
Dos semanas atrás, cuando quedó detenido, el ex gobernador se negó a declarar ante Parache por considerar que la Justicia Militar -y no la civil- es la competente para entender en la causa. El abogado defensor anticipó que Bussi sigue en la misma tesitura, pero Parache quiere citarlo nuevamente, razón por lo que la audiencia se realizará en una fecha a determinar luego de que se expida la junta médica.

Por otra causa
Bussi continúa, en reposo y en compañía de su esposa, Josefina Bigolio, en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. Allí, ayer, intentó notificarlo el secretario de la sala IV de la Cámara Penal, Francisco Luque, quien fue acompañado por el oficial de Justicia Ricardo Garabano. Estos debieron dejarle una cédula a un suboficial, porque la mujer del titular de FR les mandó a decir que no los podía atender por prescripción médica.
Los funcionarios judiciales querían informarle a Bussi que la Corte Suprema de Justicia de la provincia rechazó el recurso de queja por casación denegada que dedujo en la causa por el presunto cobro de gastos reservados prohibidos por la Constitución durante su gobernación (1995-1999). La causa fue elevada a juicio oral, razón por la que se le comunicó que ya están corriendo los plazos para examinar las actuaciones, los documentos y efectos secuestrados, así como para interponer los planteos correspondientes.
La fiscal de Cámara, Marta Jerez de Rivadeneira, está estudiando las nulidades planteadas por Bussi y los otros imputados, sus ex ministros Alberto Germanó (Gobierno), Ramón Nereo Arnedo (Hacienda) y Franco Fogliata (Producción). Luego de que la funcionaria dictamine, la sala IV de la Cámara Penal se expedirá. Si rechazara los escritos, el próximo paso sería fijar la fecha para la realización del juicio. Este podría concretarse en los primeros meses de 2004.