Tras numerosas derrotas, Antonio Bussi consiguió ayer una victoria judicial, pero no en la causa por la que está detenido (por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse). El triunfo lo consiguió en aquella que está relacionada con la decisión de 1999 de la Cámara de Diputados de la Nación de rechazar su ingreso a ese cuerpo por considerar que carecía de habilidad moral para ello. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó a la Cámara Nacional Electoral que se pronuncie nuevamente sobre las objeciones planteadas por Bussi a su exclusión como diputado.
La Cámara Electoral había declarado abstracta la causa por considerar que, ante el rechazo del diploma de Bussi, asumió Roberto Lix Klett (FR) en su reemplazo. Pero la Corte opinó todo lo contrario. "Es un caso concreto de competencia y de Derecho Electoral y no una mera discusión académica o conjetural, toda vez que la vía intentada (acción de amparo) resulta absolutamente esencial para salvaguardar un interés concreto y actual que arraiga en el principio de soberanía popular", dijo.
El alto tribunal, al hacer lugar a los recursos de queja y extraordinario deducidos por el titular de FR, insistió en que debe primar la defensa de la transparente voluntad de los ciudadanos -Bussi fue electo en octubre de 1999- para que no quede afectado el imperio de la Constitución.
La Corte recalcó que el mandato para el cual el ex gobernador fue elegido no venció aún. "No puede interpretarse, entonces, que carezca de interés actual decidir la cuestión", sentenció el alto tribunal al pedir a la Cámara Electoral otro fallo sobre el fondo del asunto.
Otro frente de tormenta
La defensa de Bussi invocó ayer la prescripción de la acción penal y el principio de cosa juzgada para impedir que siga adelante la causa por la desaparición de Vargas Aignasse.
El abogado Pablo Calvetti recordó que el hecho que se le imputa a su defendido ocurrió hace más de 28 años. Además, adujo que Bussi ya fue fue juzgado mediante las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El republicano se quejó de la lentitud del juez federal Jorge Parache en resolver el pedido de que se interne al titular de FR en el Hospital Militar de la Capital Federal por sus problemas cardíacos. "Su salud se agrava cada día. A ello hay que sumarle que cayó en un pico depresivo", dijo.
Causas por derechos humanos
Los fiscales federales del país que manejan causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante la década de 1970, analizarán mañana en Buenos Aires las técnicas de investigación y las estrategias empleadas en los diferentes casos.
Uno de los principales temas será el paquete de causas relacionadas con Antonio Bussi quien está detenido por la desaparición del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976.
El fiscal federal Emilio Ferrer también pidió que se detenga y se cite a declarar como imputado al titular de Fuerza Republicana (FR) por los secuestros de José Chebaia y de Juan Tenreyro; los asesinatos de los hermanos Francisco Isauro y Arturo Arancibia, de María Alejandra Niklison, de Eduardo González Paz, de Fernando Saavedra Lamas, de Atilio Brandsen y de Juan Carlos Meneses.
En Buenos Aires, Ferrer explicará cómo creó una comisión especial, a cargo de Wendy Cassar, integrada por empleados judiciales y abogados de organismos de derechos humanos. Este cuerpo, en las causas que involucran a Bussi, recopiló pruebas materiales, testimoniales y documentales.
La Cámara Electoral había declarado abstracta la causa por considerar que, ante el rechazo del diploma de Bussi, asumió Roberto Lix Klett (FR) en su reemplazo. Pero la Corte opinó todo lo contrario. "Es un caso concreto de competencia y de Derecho Electoral y no una mera discusión académica o conjetural, toda vez que la vía intentada (acción de amparo) resulta absolutamente esencial para salvaguardar un interés concreto y actual que arraiga en el principio de soberanía popular", dijo.
El alto tribunal, al hacer lugar a los recursos de queja y extraordinario deducidos por el titular de FR, insistió en que debe primar la defensa de la transparente voluntad de los ciudadanos -Bussi fue electo en octubre de 1999- para que no quede afectado el imperio de la Constitución.
La Corte recalcó que el mandato para el cual el ex gobernador fue elegido no venció aún. "No puede interpretarse, entonces, que carezca de interés actual decidir la cuestión", sentenció el alto tribunal al pedir a la Cámara Electoral otro fallo sobre el fondo del asunto.
Otro frente de tormenta
La defensa de Bussi invocó ayer la prescripción de la acción penal y el principio de cosa juzgada para impedir que siga adelante la causa por la desaparición de Vargas Aignasse.
El abogado Pablo Calvetti recordó que el hecho que se le imputa a su defendido ocurrió hace más de 28 años. Además, adujo que Bussi ya fue fue juzgado mediante las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El republicano se quejó de la lentitud del juez federal Jorge Parache en resolver el pedido de que se interne al titular de FR en el Hospital Militar de la Capital Federal por sus problemas cardíacos. "Su salud se agrava cada día. A ello hay que sumarle que cayó en un pico depresivo", dijo.
Los fiscales federales del país que manejan causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante la década de 1970, analizarán mañana en Buenos Aires las técnicas de investigación y las estrategias empleadas en los diferentes casos.
Uno de los principales temas será el paquete de causas relacionadas con Antonio Bussi quien está detenido por la desaparición del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976.
El fiscal federal Emilio Ferrer también pidió que se detenga y se cite a declarar como imputado al titular de Fuerza Republicana (FR) por los secuestros de José Chebaia y de Juan Tenreyro; los asesinatos de los hermanos Francisco Isauro y Arturo Arancibia, de María Alejandra Niklison, de Eduardo González Paz, de Fernando Saavedra Lamas, de Atilio Brandsen y de Juan Carlos Meneses.
En Buenos Aires, Ferrer explicará cómo creó una comisión especial, a cargo de Wendy Cassar, integrada por empleados judiciales y abogados de organismos de derechos humanos. Este cuerpo, en las causas que involucran a Bussi, recopiló pruebas materiales, testimoniales y documentales.







