14 Noviembre 2013
LLEGANDO AL FINAL. Camuña y Peralta Palma presentan los alegatos de la fiscalía. TELAM
En el sexto día de alegatos en el juicio por delitos cometidos desde 1975 y durante la dictadura en los centros clandestinos de detención de la Jefatura de Policía y del Arsenal Miguel de Azcuénaga, el Ministerio Público Fiscal termina de presentar los casos de las más de 200 víctimas.
El tribunal integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas, Juan Carlos Reynaga y Hugo Cataldi escucha las presentaciones de los fiscales y abogados, y es posible que mañana se realicen los pedidos de condenas, según el cronograma previsto.
"Para nosotros están probados todos los hechos delictivos y a partir de ahí veremos si son atribuibles a los imputados", dijo el fiscal ad hoc Pablo Camuña. "En la mayor parte de los casos los imputados están acusados de homicidios agravados y por eso solicitaremos la pena más alta prevista en el Código Penal de nuestro ordenamiento jurídico -adelantó-. Dicho código prevé la pena de prisión perpetua para los acusados de autoría o complicidad primaria en caso de homicidio agravado y nosotros pediremos que la detención sea de cumplimiento efectivo".
El fiscal titular, Leopoldo Peralta Palma, explicó por su parte que "en esta etapa del juicio estamos realizando la exposición de los hechos que perjudicaron a las víctimas". "Contamos lo que sucedió y recordamos los hechos en base a testimonios, independientemente de la existencia de las pruebas sobre la existencia de los centros clandestinos", indicó.
Peralta Palma sostuvo que por los testimonios que se escucharon, la idea era amedrentar a los detenidos en los centros clandestinos y denigrarlos como personas para quitarle toda su autoestima.
"Estaba todo calculado en ese sentido y por eso dejaban que se escucharan las torturas y las vejaciones, además de hacerles sentir la falta de comida y de higiene a fin de quebrar su ánimo y su espíritu", añadió.
"Los testimonios brindados durante el juicio graficaron lo terrible y cruel que fueron los centros clandestinos, pero el que funcionó en Arsenales asume una entidad muy particular porque además fue un centro de exterminio", sostuvo el fiscal.
En la causa, que tiene a 212 víctimas, hay 41 imputados, de los cuales ocho han participado de las audiencias desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Los restantes 33 lo hicieron en forma presencial ya 31 que ellos están en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza y dos cumplen prisión domiciliaria por razones de salud. (Télam)
El tribunal integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas, Juan Carlos Reynaga y Hugo Cataldi escucha las presentaciones de los fiscales y abogados, y es posible que mañana se realicen los pedidos de condenas, según el cronograma previsto.
"Para nosotros están probados todos los hechos delictivos y a partir de ahí veremos si son atribuibles a los imputados", dijo el fiscal ad hoc Pablo Camuña. "En la mayor parte de los casos los imputados están acusados de homicidios agravados y por eso solicitaremos la pena más alta prevista en el Código Penal de nuestro ordenamiento jurídico -adelantó-. Dicho código prevé la pena de prisión perpetua para los acusados de autoría o complicidad primaria en caso de homicidio agravado y nosotros pediremos que la detención sea de cumplimiento efectivo".
El fiscal titular, Leopoldo Peralta Palma, explicó por su parte que "en esta etapa del juicio estamos realizando la exposición de los hechos que perjudicaron a las víctimas". "Contamos lo que sucedió y recordamos los hechos en base a testimonios, independientemente de la existencia de las pruebas sobre la existencia de los centros clandestinos", indicó.
Peralta Palma sostuvo que por los testimonios que se escucharon, la idea era amedrentar a los detenidos en los centros clandestinos y denigrarlos como personas para quitarle toda su autoestima.
"Estaba todo calculado en ese sentido y por eso dejaban que se escucharan las torturas y las vejaciones, además de hacerles sentir la falta de comida y de higiene a fin de quebrar su ánimo y su espíritu", añadió.
"Los testimonios brindados durante el juicio graficaron lo terrible y cruel que fueron los centros clandestinos, pero el que funcionó en Arsenales asume una entidad muy particular porque además fue un centro de exterminio", sostuvo el fiscal.
En la causa, que tiene a 212 víctimas, hay 41 imputados, de los cuales ocho han participado de las audiencias desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Los restantes 33 lo hicieron en forma presencial ya 31 que ellos están en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza y dos cumplen prisión domiciliaria por razones de salud. (Télam)
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