El ex gobernador Antonio Bussi fue acusado ayer por el fiscal federal Emilio Ferrer del secuestro y desaparición de Juan Eduardo Tenreyro. El hecho ocurrió el 24 de marzo de 1976, cuando Tenreyro era secretario de Gobierno de la Provincia.
El funcionario judicial consideró que el militar retirado, actualmente detenido por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse (PJ), tiene "una responsabilidad penal que está fuera de toda discusión y duda. Esto, sin que resulte determinante el desconocimiento coyuntural de los sujetos ejecutores inmediatos" de los delitos por los que se lo acusa.
Ferrer pidió, además, la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por ser inconstitucionales.
También están imputados Luciano Benjamín Menéndez (Comandante del III Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba); Antonio Arrechea (jefe de la Policía de Tucumán); Angel Orlando Castellini (subjefe de la Policía de Tucumán); Roberto Heriberto Albornoz (inspector general de la Policía) y Jorge Jerónimo Capitán (miembro de un grupo de tareas del Ejército).
El operativo
Según se indica en el expediente judicial, Tenreyro fue secuestrado en la madrugada del golpe de Estado de su domicilio de avenida Mitre 224, por personas que se identificaron como policías y que se movilizaban en un Ford Falcon. Pocos minutos después -se indica-, llegaron a su casa miembros del Ejército bajo las órdenes del mayor Capitán, con el pretexto de cumplir con la orden de detención. "En realidad, este grupo de tareas comprueba el éxito de la misión, formaliza burdas actuaciones y da contradictorias explicaciones para distraer a sus familiares, haciendo aparecer como que el hecho fue cometido por bandas que nada tenían que ver con la acción oficial", dice el fiscal. Este operativo, se afirma en la causa, es similar al desplegado en la desaparición de otro ex funcionario de Amado Juri, el empresario José Chebaia, causa en la cual también está imputado Bussi. Ferrer reivindicó la competencia de la Justicia Federal para entender en estas causas.
Se habría deteriorado la salud del ex gobernador
La salud de Antonio Domingo Bussi se habría resentido en las últimas horas. Los defensores del ex gobernador preso reclamaron ayer, a las 13, al juez federal Jorge Parache que responda en forma urgente al pedido de internación en el Hospital Militar de la Capital Federal, con especificación de día y hora del traslado.
El yerno de Bussi, Héctor D´Amico, montó una guardia a la puerta del Juzgado Federal, en espera de novedades. Entre la nueva documentación acercada figura la revisión médica efectuada ayer, en la cual consta un deterioro de su afección cardiovascular. Por primera vez, D´Amico y Pablo Calvetti hablaron de la posibilidad de que al militar retirado se le deba practicar un cateterismo o hasta una cirugía.
Pero Parache tomaría una decisión el próximo viernes. Antes, debe pronunciarse sobre el pedido del fiscal federal Emilio Ferrer de que se le amplíe a Bussi la toma de declaración indagatoria sobre la causa Vargas Aignasse. El detenido se negó a declarar la primera vez.
El funcionario judicial consideró que el militar retirado, actualmente detenido por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse (PJ), tiene "una responsabilidad penal que está fuera de toda discusión y duda. Esto, sin que resulte determinante el desconocimiento coyuntural de los sujetos ejecutores inmediatos" de los delitos por los que se lo acusa.
Ferrer pidió, además, la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por ser inconstitucionales.
También están imputados Luciano Benjamín Menéndez (Comandante del III Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba); Antonio Arrechea (jefe de la Policía de Tucumán); Angel Orlando Castellini (subjefe de la Policía de Tucumán); Roberto Heriberto Albornoz (inspector general de la Policía) y Jorge Jerónimo Capitán (miembro de un grupo de tareas del Ejército).
El operativo
Según se indica en el expediente judicial, Tenreyro fue secuestrado en la madrugada del golpe de Estado de su domicilio de avenida Mitre 224, por personas que se identificaron como policías y que se movilizaban en un Ford Falcon. Pocos minutos después -se indica-, llegaron a su casa miembros del Ejército bajo las órdenes del mayor Capitán, con el pretexto de cumplir con la orden de detención. "En realidad, este grupo de tareas comprueba el éxito de la misión, formaliza burdas actuaciones y da contradictorias explicaciones para distraer a sus familiares, haciendo aparecer como que el hecho fue cometido por bandas que nada tenían que ver con la acción oficial", dice el fiscal. Este operativo, se afirma en la causa, es similar al desplegado en la desaparición de otro ex funcionario de Amado Juri, el empresario José Chebaia, causa en la cual también está imputado Bussi. Ferrer reivindicó la competencia de la Justicia Federal para entender en estas causas.
Se habría deteriorado la salud del ex gobernador
La salud de Antonio Domingo Bussi se habría resentido en las últimas horas. Los defensores del ex gobernador preso reclamaron ayer, a las 13, al juez federal Jorge Parache que responda en forma urgente al pedido de internación en el Hospital Militar de la Capital Federal, con especificación de día y hora del traslado.
El yerno de Bussi, Héctor D´Amico, montó una guardia a la puerta del Juzgado Federal, en espera de novedades. Entre la nueva documentación acercada figura la revisión médica efectuada ayer, en la cual consta un deterioro de su afección cardiovascular. Por primera vez, D´Amico y Pablo Calvetti hablaron de la posibilidad de que al militar retirado se le deba practicar un cateterismo o hasta una cirugía.
Pero Parache tomaría una decisión el próximo viernes. Antes, debe pronunciarse sobre el pedido del fiscal federal Emilio Ferrer de que se le amplíe a Bussi la toma de declaración indagatoria sobre la causa Vargas Aignasse. El detenido se negó a declarar la primera vez.







