Piden que se interne a Bussi en el hospital militar porteño

El abogado Pablo Calvetti solicitó ayer al juez federal Jorge Parache que permita que el titular de Fuerza Republicana (FR) e intendente electo de esta capital, Antonio Bussi, sea internado en el hospital militar de la Capital Federal a causa de los problemas cardíacos que padece.
El letrado invocó el artículo 313 del Código Procesal Penal de la Nación. Este autoriza que los procesados con prisión preventiva -es el caso de Bussi, por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse ocurrida en 1976- reciban la asistencia médica que necesiten. La norma también consagra la gratuidad de los servicios de los establecimientos donde sean alojados mediante la intervención de profesionales oficiales.
"Requerimos la internación en Buenos Aires, porque la obra social de Bussi (IOSE) no tiene en el NOA un centro de complejidad como el que él necesita para ser sometido a los chequeos que recomiendan las informes médicos que presentamos", dijo Calvetti.
Los republicanos aseveran que no exageran respecto del estado de salud del titular del partido, quien hace una semana que guarda reposo por un pico de tensión. "El juez recibió un informe de los médicos del prestigioso Instituto del Diagnóstico de Buenos Aires, que le aconsejaban hacer un tratamiento continuado antes de que fuera detenido", agregó el abogado.

En dos frentes
Bussi recibió ayer una noticia que fue interpretada como un hecho positivo por Calvetti. Parache rechazó el recurso de reposición planteado contra la decisión por la que ordenó la detención del militar (r), pero concedió la apelación en subsidio deducida en forma subsidiaria. Esto implica que la cuestión será resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, ante la cual hoy se apelará el auto que ordenó el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo por $ 1,2 millón.
"Pretendemos que la Cámara de Apelaciones, en un solo fallo, decida todos los recursos, sobre todo la cuestión vinculada a la preeminencia del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Este autoriza que una persona electa asuma si no media sentencia penal firme. En consecuencia, Bussi puede estar procesado pero no se le debe impedir que asuma", señaló Calvetti.
En tanto, en la sala IV de la Cámara Penal provincial avanza el trámite del juicio oral ordenado contra Bussi y sus ex ministros, Alberto Germanó, Franco Fogliata y Ramón Arnedo por el supuesto cobro de gastos reservados durante la gobernación de FR (1995-1999). Los recursos de nulidad de todo lo actuado fueron girados a la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira para que opine.
Ricardo Bussi advirtió que durante el eventual juicio oral contra su padre revelarían el nombre de los miembros de los tres poderes que perciben esa clase de gastos. Ayer, el secretario administrativo de la Corte Suprema, Julio Alberto Dupuy, aclaró en una nota que ningún juez o funcionario judicial cobra gastos reservados o sumas similares.