La polémica ley que facilita al Poder Ejecutivo realizar traslado de personal, y que fue sancionada por la anterior Legislatura el 3 de octubre, será promulgada por el gobernador José Alperovich. La norma formaba parte de un paquete de cinco leyes que interesaba particularmente al mandatario para avanzar en la reestructuración del Estado. Cuatro fueron aprobadas el viernes pasado; entre ellas, la que permite al PE intervenir municipios y comunas con 21 votos legislativos.
Intervención judicial
La discusión sobre las leyes que amplían las potestades del Poder Ejecutivo sería zanjada por la Corte Suprema de Justicia. El ministro fiscal de ese tribunal, Luis de Mitri, consideró que a ese cuerpo le corresponde resolver sobre la admisibilidad del planteo de inconstitucionalidad interpuesto por el dirigente del Encuentro Popular Progresista, Oscar López, quien impulsa la caída de las normas.
Las disposiciones cuestionadas modifican el régimen de ratificación de los decretos de necesidad y urgencia; reducen de siete a una las Cámaras de Apelaciones en lo Penal; alteran el mecanismo de intervención a municipios y comunas rurales y permiten al PE realizar traslados de personal estatal.
De Mitri consideró que la Corte es competente para entender en el planteo de López. "Se debe sostener su rol institucional como un poder del Estado provincial; es un dato de la realidad que las reformas pretendidas han generado un notorio malestar en la comunidad, que amenaza con perturbar la paz social", advirtió.El jefe de todos los fiscales aseguró que las materias reformadas tienen incidencia directa en instituciones básicas de la comunidad. "Las leyes, aprobadas intempestivamente -añadió el ministro fiscal- se dirigen a reformar el proceso penal, la estructura orgánica del Poder Judicial integrada por los jueces y los representantes del Ministerio Público; la concepción de estabilidad en la especie permanencia de los empleados públicos y la intervención de comunas".
Intervención judicial
La discusión sobre las leyes que amplían las potestades del Poder Ejecutivo sería zanjada por la Corte Suprema de Justicia. El ministro fiscal de ese tribunal, Luis de Mitri, consideró que a ese cuerpo le corresponde resolver sobre la admisibilidad del planteo de inconstitucionalidad interpuesto por el dirigente del Encuentro Popular Progresista, Oscar López, quien impulsa la caída de las normas.
Las disposiciones cuestionadas modifican el régimen de ratificación de los decretos de necesidad y urgencia; reducen de siete a una las Cámaras de Apelaciones en lo Penal; alteran el mecanismo de intervención a municipios y comunas rurales y permiten al PE realizar traslados de personal estatal.
De Mitri consideró que la Corte es competente para entender en el planteo de López. "Se debe sostener su rol institucional como un poder del Estado provincial; es un dato de la realidad que las reformas pretendidas han generado un notorio malestar en la comunidad, que amenaza con perturbar la paz social", advirtió.El jefe de todos los fiscales aseguró que las materias reformadas tienen incidencia directa en instituciones básicas de la comunidad. "Las leyes, aprobadas intempestivamente -añadió el ministro fiscal- se dirigen a reformar el proceso penal, la estructura orgánica del Poder Judicial integrada por los jueces y los representantes del Ministerio Público; la concepción de estabilidad en la especie permanencia de los empleados públicos y la intervención de comunas".







