Estudian cómo aplicar el Tribunal Constitucional

Como lo hicieron Ramón Ortega en 1995 y Antonio Bussi en 1996, el gobernador José Alperovich intentará poner en funcionamiento el Tribunal Constitucional (TC), instituto previsto por la Carta Magna provincial de 1990 que jamás llegó a tener vigencia. En el Poder Ejecutivo juran y perjuran que no tienen otra intención que hacer cumplir la ley. Mientras tanto, los expertos siguen debatiendo sobre las ventajas de implementar un órgano ajeno a la tradición institucional de Tucumán y de la Argentina.
El miércoles pasado, luego de jurar, Alperovich sorprendió a todos al volver a la carga con el TC. "No tenemos otra estrategia que la de hacer cumplir lo que está y uno de esos institutos es este. No opinamos si es bueno o malo, sólo que hay que respetarlo, y nos parece mal que no se lo haya hecho antes", afirmó a LA GACETA el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez.
Apenas se hizo el anuncio comenzaron las conjeturas acerca de que el Poder Ejecutivo recurriría al Tribunal Constitucional para zanjar con velocidad cualquier eventual problema con la Legislatura o con el Poder Judicial. Incluso una alta fuente de la Corte Suprema confesó su escepticismo. "No tiene sentido montar otra estructura sólo para recurrir las dificultades que podrían plantearse con algunos decretos", expresó.
Sin embargo, Jiménez, quien fue secretario de Gobierno de Ortega, insiste en que no tienen segundas intenciones y que durante esta semana estudiarán si los artículos 133 y 134 de la Constitución -establecen cómo debe funcionar el órgano- son operativos por sí mismos o si necesitan de una ley reglamentaria.

Discusión de ideas
Tal como sucedió en ocasiones anteriores, el TC sigue generando rispideces. El jurista Fernando López de Zavalía, mentor de la Constitución provincial, no quiso opinar y dijo que sus ideas están en los diarios de sesiones de la Asamblea Constituyente de 1990. En más de una oportunidad, aclaró que no habría contradicciones entre las facultades de la Corte Suprema -hoy máxima instancia en la interpretación constitucional- y el TC.
El ex constituyente radical Carlos Muiño coincidió con Jiménez. "No sabemos si es bueno o malo, porque nunca se aplicó, pero si la Constitución lo manda, hay que obedecer. Las normas no pueden depender de los vaivenes políticos", argumentó. Pese a la posición del gobierno justicialista, el presidente de la capital de este partido, Enrique Romero, calificó al TC de adefesio que cercena las facultades de la Legislatura y del Poder Judicial en beneficio del Ejecutivo.
Con un perfil más jurídico, el constitucionalista Sergio Díaz Ricci advirtió que existen errores de diseño institucional que podrían generar muchísimos conflictos en la provincia. "Desde Hans Kelsen -el creador de la figura-, a los TC se los considera como legisladores negativos, que derogan aquellas normas que contravienen una Constitución, pero aquí se les otorga una función positiva: podrían aprobar la sanción de leyes. No se trata de una facultad menor. Esto daría lugar a planteos por la posible afectación del sistema republicano por parte de un cuerpo que no es expresión de la voluntad popular y que quedaría habilitado para dictar leyes", concluyó.


Problemas para integrarlo
En 2001, cuando el partido Acción por la República (de Domingo Cavallo) propuso un Tribunal Constitucional (TC) para el país, Fernando López de Zavalía advirtió que primero habría que saber quién designaría a los miembros del TC. La misma prevención surge ahora que se impulsa un TC para Tucumán.
De acuerdo con la Constitución de 1990, el TC se compondrá de cinco miembros. Estos serán designados por un órgano compuesto por los jueces de la Corte Suprema y por los de las Cámaras de Apelaciones, que, en votación secreta, seleccionará un número no menor de tres y no mayor de 10 profesionales. El Ejecutivo designará a uno.
Sergio Díaz Ricci cree que el sistema de designación previsto es uno de los grandes obstáculos. "Los problemas surgirán cuando, en algún caso concreto, los miembros del TC planteen un vicio de procedimiento que deberá ser resuelto por los jueces. Todos quedarán inhabilitados para resolver estas cuestiones. ¿Quién lo hará si todo el Poder Judicial estará comprometido en la elección y remoción de los integrantes del TC?", preguntó el vocal del Tribunal de Cuentas.