Insisten en trasladar a Bussi a Buenos Aires

La familia de Antonio Domingo Bussi insiste en que conviene que el titular de Fuerza Republicana (FR) sea trasladado a Buenos Aires para ser sometido a una serie de estudios médicos por el pico de hipertensión que sufrió el martes pasado.
Mañana, el abogado del militar (r), Pablo Calvetti, solicitará al juez federal número uno, Jorge Parache, que autorice que lo trasladen a la Capital Federal. "El cardiólogo Carlos Salazar nos recomendó más estudios. Sufre de tabaquismo, hipertensión y arritmia, a lo que hay que sumarle la edad (tiene 77 años). En la Capital Federal existen dos o tres clínicas que lo atienden desde hace 15 años y necesitamos saber qué sugieren ellos que lo conocen mejor", aseguró a LA GACETA el diputado nacional Ricardo Bussi.
Por el momento, no está en los planes de FR solicitar al juez que le conceda el beneficio del arresto domiciliario. Este es un beneficio que prevé el Código Procesal Penal de la Nación para las personas de avanzada edad a las que les dictaron la prisión preventiva; como en el caso de Bussi. El miércoles, Parache lo procesó y ordenó un embargo de $ 1,2 millón en su contra por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976.
El pedido del traslado a Buenos Aires también obedecería a razones económicas. "A lo mejor debe someterse a un tratamiento continuo, que aquí es más costoso o no se puede realizar. Además, en Tucumán no existe un hospital militar y, por ende, es más compleja la cobertura de los gastos por parte de la obra social de los militares", dijo Calvetti.

Nuevo recurso
Mañana llegará el yerno del intendente electo de esta capital, Héctor D?Amico, con un borrador preparado por los abogados porteños Gregorio Badeni (constitucionalista) y Fernando Archimbal (penalista). Estos elaboraron el recurso de apelación que deducirá el martes Calvetti contra la resolución de Parache que ordenó el procesamiento -con prisión preventiva- y que, en los hechos, impidió que Bussi asuma la jefatura municipal. Los republicanos siguen en la tesitura de que no plantearán ninguna acción de amparo en la Justicia provincial. Originariamente querían que se ordene al Concejo Deliberante que se abstenga de designar a un nuevo intendente hasta que se resuelva la situación procesal de Bussi. También desistieron de plantear la inconstitucionalidad del artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Esta norma dispone la suspensión preventiva del intendente cuando existe semiplena prueba de su responsabilidad en un delito. De esta forma pensaban conjurar los efectos de un eventual juicio oral por el cobro de gastos reservados.