Algunos ex funcionarios de Julio Miranda podrían tener problemas con la Justicia. El fiscal federal Carlos Brito considera que los ex secretario y subsecretario de Hacienda, Eduardo Jairala y Luis Roberto Sollazzi, son presuntos responsables del manejo irregular de los fondos nacionales del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA).
El fiscal solicitó al juez federal Felipe Terán que los cite como imputados por supuesta violación de los deberes de funcionario público; demora injustificada en la remisión de los recursos de un área a otra; defraudación al Estado en el canje de parte del efectivo a Bonos de Cancelación de Deudas y vulneración de la intangibilidad de los fondos remitidos por la Nación.
Los seis meses de investigación penal fructificaron en 500 fojas del expediente. Fue clave un informe pericial de la división Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional sobre $ 1,3 millón que llegó en efectivo para el PEA, y que fue canjeado automáticamente a bonos. La suma luego fue remitida a la Secretaría de Desarrollo Humano en un plazo mucho más extenso del previsto en el convenio que se firmó entre la Provincia y el Gobierno central. Se habría configurado un "retardo en la ejecución de los fondos y una demora injustificada de pago al retener y ordenar con morosidad las transferencias de los dineros recibidos", según el informe.
Menos poder adquisitivo
Brito destacó que el canje significó una pérdida en el poder adquisitivo de los recursos del PEA y la violación al concepto de intangibilidad de estos fondos. "Esto habría tenido como efecto una disminución en el alcance de la población asistida", aseveró. La pesquisa alcanzó en profundidad sólo las dos primeras cuotas del plan, que fueron giradas entre mayo y agosto de 2002 y distribuidas con retrasos. De la tercera, hasta diciembre pasado sólo habían sido ejecutados más de $43.000. No hay documentación de la cuarta y quinta.
"No recuerdo haber retenido fondos nacionales. Jamás desvié ni un solo peso. Apenas llegaban para el incentivo docente, para el fondo del tabaco o para el Prosoco o el Prosonu, los dineros eran enviados en la misma moneda a las respectivas cuentas", se defendió Jairala, actual subsecretario de Hacienda, quien dijo que no recibió ninguna citación judicial.
El fiscal solicitó al juez federal Felipe Terán que los cite como imputados por supuesta violación de los deberes de funcionario público; demora injustificada en la remisión de los recursos de un área a otra; defraudación al Estado en el canje de parte del efectivo a Bonos de Cancelación de Deudas y vulneración de la intangibilidad de los fondos remitidos por la Nación.
Los seis meses de investigación penal fructificaron en 500 fojas del expediente. Fue clave un informe pericial de la división Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional sobre $ 1,3 millón que llegó en efectivo para el PEA, y que fue canjeado automáticamente a bonos. La suma luego fue remitida a la Secretaría de Desarrollo Humano en un plazo mucho más extenso del previsto en el convenio que se firmó entre la Provincia y el Gobierno central. Se habría configurado un "retardo en la ejecución de los fondos y una demora injustificada de pago al retener y ordenar con morosidad las transferencias de los dineros recibidos", según el informe.
Menos poder adquisitivo
Brito destacó que el canje significó una pérdida en el poder adquisitivo de los recursos del PEA y la violación al concepto de intangibilidad de estos fondos. "Esto habría tenido como efecto una disminución en el alcance de la población asistida", aseveró. La pesquisa alcanzó en profundidad sólo las dos primeras cuotas del plan, que fueron giradas entre mayo y agosto de 2002 y distribuidas con retrasos. De la tercera, hasta diciembre pasado sólo habían sido ejecutados más de $43.000. No hay documentación de la cuarta y quinta.
"No recuerdo haber retenido fondos nacionales. Jamás desvié ni un solo peso. Apenas llegaban para el incentivo docente, para el fondo del tabaco o para el Prosoco o el Prosonu, los dineros eran enviados en la misma moneda a las respectivas cuentas", se defendió Jairala, actual subsecretario de Hacienda, quien dijo que no recibió ninguna citación judicial.







