Dictan la prisión preventiva de Bussi y le traban un embargo por $ 1,2 millón

Los fundamentos de la sentencia abarcan más de 50 fojas. El juez Parache procesó al titular de FR y al general (r) Menéndez, quien está detenido en Córdoba. Recurrirán el fallo y pedirían el arresto domiciliario.

PRIVADO DE LIBERTAD. El 15 del corriente, Bussi salió de los Tribunales Federales rumbo al Liceo Militar Gregorio Aráoz de La Madrid.
PRIVADO DE LIBERTAD. El 15 del corriente, Bussi salió de los Tribunales Federales rumbo al Liceo Militar Gregorio Aráoz de La Madrid.
Por Redacción Política 30 Octubre 2003
Antonio Bussi no podrá asumir hoy como intendente de esta capital. Anoche, a las 22.30, el juez federal número 1, Jorge Parache, ordenó su procesamiento con prisión preventiva -los delitos que se le imputan no son excarcelables- por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976.
El magistrado también ordenó que se trabe un embargo de $ 1,2 millón sobre los bienes del ex gobernador. Igual medida, y por el mismo monto, fue dispuesta contra el ex titular del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. El procesamiento con prisión preventiva también alcanza a este último, a quien Parache le tomó declaración en Córdoba, donde está detenido por el presunto fusilamiento de cinco personas en 1977.
En una resolución de más de 50 fojas, Parache les imputó a los dos militares (r) un racimo de delitos: privación ilegítima de la libertad; homicidio calificado con enseñamiento y alevosía, con el concurso premeditado de más de dos personas para ocultar otro delito o asegurar su resultado mediante apremios ilegales y tortura previa; violación de domicilio y allanamiento ilegal, y asociación ilícita en concurso real. Estas fueron las figuras delictuales que, según el magistrado, se habrían consumado para perpetrar la desaparición de Vargas Aignasse.
Ayer vencía el plazo para que Parache decidiera si procesaba o sobreseía a Bussi. La resolución resultaba clave, porque hoy a las 11 el intendente electo debería dar su discurso de asunción ante el Concejo Deliberante. Como no podrá hacerlo, el cargo será ocupado provisoriamente por la concejala Carolina Vargas Aignasse (PJ), sobrina del político desaparecido e hija de Rodolfo Vargas Aignasse. Este fue quien motorizó la causa que concluyó con la detención de Bussi.
Con el paso de las horas crecían las expectativas. El abogado de Bussi, Pablo Calvetti, quien tiene su estudio jurídico a cien metros de los Tribunales Federales, esperó desde las 14 la decisión. A las 21.30 se retiró. Una hora más tarde el secretario de Parache, Darío Véliz, salió del edificio ubicado en Las Piedras al 400 y leyó a la prensa la parte resolutiva del sentencia. Aclaró que no sabía dónde se cumplirá la prisión (el titular de FR, por el momento, está alojado en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga). Casi con seguridad, Calvetti pedirá que por la edad de su defendido se le conceda el arresto domiciliario. También recurrirá esta decisión, como la anterior del juez en la que denegó la libertad del ex gobernador. En un primer momento, Calvetti anticipó que en la Justicia provincial interpondrían una acción de amparo para que -medida de no innovar mediante- se ordene al Concejo Deliberante que se abstenga de designar a un nuevo intendente hasta que se resuelva la situación procesal de Bussi. Pero ahora cambió de opinión.
La estrategia, más política que jurídica, apunta a convertir al intendente electo en víctima de una jugada destinada a impedirle que asuma el cargo. "Lamentamos que aquellos que dicen ser la nueva política pretendan robarle a FR el gobierno municipal legítimamente ganado en las urnas", dijo.

"Que ahora Kirchner ordene la ciudad"
Anoche, cuando se enteraron de que Antonio Bussi deberá seguir detenido porque se le dictó el procesamiento con prisión preventiva por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse en 1976, en Fuerza Republicana (FR) bufaban. El presidente Néstor Kirchner y el juez federal Jorge Parache fueron los principales destinatarios de la ira.
"No me sorprende. El Presidente lo dijo expresamente, sin tapujos, cuando vino a Tucumán, y afirmó que no quería que Bussi asuma como intendente. Luego mandó al secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde, para que presione de forma descarada a los jueces federales", aseguró desde Buenos Aires el diputado nacional Ricardo Bussi.
El abogado del ex gobernador, Pablo Calvetti, fue más allá. "El preso no es Bussi, sino Parache. Ahora él, Kirchner, Miranda y José Alperovich tendrán que resolver el caos en que se convertirá la ciudad por impedir que asuma el intendente electo", afirmó.
El letrado anticipó que, amén de los recursos que interpondrán contra la decisión del magistrado, promoverán en el Congreso un pedido de juicio político contra Parache. "Debería haberse excusado por un parentesco o relación con la familia Vargas Aignasse, pero no lo hizo", concluyó.

Guarda reposo por un pico de presión
En las últimas semanas, Antonio Bussi alternó malos tragos -como la detención que ordenó en su contra el juez federal Jorge Parache por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse en 1976- con alegrías como el triunfo de Fuerza Republicana (FR) en las elecciones del domingo. Durante todo este tiempo fumó más que lo habitual y el martes a la noche sufrió un pico de presión. Por eso ayer, un cardiólogo le colocó por 24 horas un Holster, aparato que permite monitorear el ritmo cardíaco.
El médico Carlos Salazar asistió a la sección Municiones de Apoyo Logístico (ex Arsenal Miguel de Azcuénaga), donde se encuentra alojado el titular de FR, porque el ex gobernador sufrió una descompensación. Después de revisarlo le prescribió reposo absoluto y lo puso bajo control del Holster para chequear la onda electrocardiográfica. Hoy estarán los primeros resultados.
"Pese a las adversidades, tiene un espíritu inquebrantable, pero no hay que olvidar sus 77 años", aseguró el abogado de Bussi, Pablo Calvetti.
Bussi permanece en reposo en compañía de su esposa, Josefina Bigolio. Al enterarse de lo que le había ocurrido a su padre, Ricardo Bussi decidió volver hoy a la provincia desde Buenos Aires.

Volvieron a pedir justicia en un acto
Los organismos defensores de los derechos humanos conmemoraron ayer el Día de la Vergüenza Nacional, que instituyeron hace ocho años, cuando Antonio Bussi asumió la gobernación de la provincia. El azar hizo que el acto coincidiera esta vez con una jornada clave para el titular de Fuerza Republicana (FR), puesto que el juez federal Jorge Parache tenía que decidir si procesaba o si sobreseía al militar retirado por la desaparición del senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976.
Al irónico grito de "no hubo exceso durante el Proceso", los manifestantes -que cubrían más de una cuadra- partieron desde la plaza Yrigoyen cerca de las 20 y, al pasar por el Juzgado Federal, donde se esperaba la decisión de Parache, solicitaron justicia y que se encarcele al ex gobernador.
Aunque todo hacía presumir que la manifestación se desarrollaría frente a los Tribunales Federales, la columna se dirigió a la plaza Independencia, que estaba más iluminada que de costumbre porque asumían los ministros del gobernador José Alperovich.
"¡Qué lamentable que en su primer acto Alperovich nos reciba con policías cuando los que asumieron deberían estar aquí, con nosotros, pidiendo justicia!", afirmó la dirigente Angela Nassif.

La capital sigue a cargo de una mujer
Desde hoy, la concejala justicialista Carolina Vargas Aignasse será la intendenta provisoria de la capital porque a Antonio Bussi le será imposible asumir en el cargo. Anoche, el juez federal Jorge Parache dispuso el procesamiento -con prisión preventiva- del militar (r) por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976.
El Concejo Deliberante sesionará a las 11 en el teatro San Martín con el fin de tomarle juramento al intendente. Ante la imposibilidad de que Bussi se presente, la sesión caerá. Por esa razón, los ediles convocarán a una sesión extraordinaria para las 11.30, ocasión en la que Vargas Aignasse prestará juramento.
"No adoptaré medidas de fondo; sí voy a instalar el orden en la administración. Les pediré a los empleados que trabajen como corresponde y, a la vez, quiero gestionar los fondos para pagar los sueldos", afirmó anoche. "Protagonizaré una cogestión con el Concejo Deliberante, cuyos integrantes tienen el aval de la voluntad popular", agregó.
Detalló que iniciará una ronda de consultas con representantes de las universidades, de las organizaciones empresariales, de organizaciones intermedias y de los colegios de profesionales para fijar proyectos a futuro.

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