El gobernador crea el Tribunal Constitucional

La puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional y la intervención del Siprosa fueron los anuncios que hizo el gobernador José Alperovich al hablar con la prensa, a la que atendió desde una tarima, acompañado por su esposa, Beatriz Rojkés. Además, el flamante mandatario tuvo un lapsus al hablar de corrupción y tuvo un par de entredichos con periodistas.
"Vamos a poner en marcha todos los institutos que dice la Constitución, y pondremos en funcionamiento el Tribunal Constitucional", expresó Alperovich. Acto seguido apuntó que intervendrá el Siprosa "hasta que se pueda reorganizar todo". "Con los gremios (estatales) la relación será la mejor, de diálogo, este gobernador será el primero en defender a los empleados públicos", dijo cuando se le consultó sobre las protestas contra la ley que permite al Poder Ejecutivo el traslado del personal estatal.
"La mayoría son buena gente, pero se los está engañando, no se les dice la verdad", agregó al aludir a la verdadera intención del Gobierno sobre la movilidad de los trabajadores. En este punto, Alperovich le reclamó a un periodista radial que no mienta, cuando este mencionó la palabra disponibilidad. "Es más correcto hablar de movilidad, porque disponer es lo mismo que correrlo, y no haré eso", acotó.

"Es mentira"
A una periodista de televisión le pidió que le explicara "cuál es la superley". "Es mentira ese título", añadió, a la vez que justificó las normas que aluden al cambio de mecanismos en la aprobación de los decretos de necesidad y de urgencia y al traslado del personal del Estado. "No dramaticemos ni le mintamos a la sociedad", acotó.

Reforma
¿Cuando habrá elección de convencionales constituyentes?, se le consultó. "Esperaremos; hay cosas más urgentes que hacer, de modo que pensar en reformar no es oportuno", contestó. Añadió que embarcarse en ese tema es inmiscuirse en un tiempo político y que la ciudadanía está esperando otras cosas. Sostuvo que la modificación de la Carta Magna está asociada a la reelección y que no quiere que se piense en ese sentido.

Futuro de la capital
"No me voy a interponer en lo institucional, hay un Concejo Deliberante y se tiene que esperar que dictamine el juez, pero seguiré atentamente la situación de la capital", dijo Alperovich cuando se le preguntó sobre la Municipalidad de la capital y respecto de la situación del intendente electo, Antonio Bussi. Reiteró que seguirá con la ayuda de $ 2,1 millones a la capital, pero que en diciembre se revisará todo el Pacto Fiscal, que dispone esa ayuda.
¿Cómo combatirá la corrupción?, se le inquirió. "La corrupción me la van a a ver, no hablando sin actuando", respondió textualmente, sin advertir lo que había dicho. "En definitiva -prosiguió-, aquí se habló mucho de corrupción, se mintió mucho y no se hizo nada; no tengan dudas que si encuentro un funcionario (cometiendo un delito) lo vamos denunciar penalmente", señaló.
"Todos van a pagar impuestos", aseguró, entre otras cosas. "Se acabó la época en que sólo pagaban los que menos tenían. Llegó la hora de que lo hagan los que más tienen", concluyó.

Un organismo que actúa en conflictos entre los poderes

El Tribunal Constitucional es un organismo que se incorporó en la Constitución provincial en 1990, aunque nunca se integró en forma definitiva.
Sus atribuciones son: declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos y ordenanzas; entender en la acción que deduzca el Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo por demoras en pronunciarse sobre proyectos de leyes; intervenir en el rechazo de diplomas de los legisladores o concejales electos y decidir en conflictos de jurisdicción que se plantearan entre el PE y la Cámara. También en conflictos producidos entre dichos poderes y un juez o un Tribunal de la Provincia, o entre órganos de un municipio, entre la provincia y o un municipio, o entre municipios.
La Carta Magna establece que para ser integrante del Tribunal Constitucional se requiere tener: ciudadanía; domicilio en la Provincia; título de abogado; 40 años de edad y 20 en el ejercicio de la profesión o en la judicatura en Tucumán. Los miembros -de tres a diez- duran diez años en el cargo y son removibles por enjuiciamiento ante un órgano compuesto por los jueces de la Corte Suprema y los jueces de Cámara.