Hay nuevas denuncias sobre galpones con bolsones

Las direcciones de galpones y casas donde se acopiarían bolsones con alimentos se multiplican en las denuncias del Encuentro Popular Progresista. La oposición acusó al oficialismo de usar mercadería comprada por el Estado para conseguir votos en los comicios de hoy.
A la actividad registrada en la madrugada del viernes en la vivienda de Entre Ríos 130 (comprobada por LA GACETA luego de llamados de vecinos del lugar), se sumaron movimientos en numerosos puntos y barrios de la capital y del interior.
El dirigente del Encuentro, Oscar López, aseguró que, según los testimonios de que disponen, de vecinos y de personas que pasaron circunstancialmente por el lugar, existirían depósitos clandestinos de mercadería del Estado en las zonas de Francisco de Aguirre y Viamonte (habrían sido llevados bolsones del galpón de avenida Francisco de Aguirre 260); Venezuela y Castelli; avenida Independencia al 200; Lavaisse al 2.500; Guatemala al 1.200; en un supermercado de avenida Ejército del Norte al 900; y en los talleres ferroviarios de Tafí Viejo.
López afirmó que estos sitios estarían siendo administrados por punteros justicialistas cercanos a concejales y legisladores electos (entre otros, mencionó a Juan Carlos Mamaní, Carlos Isa Assán y Armando Cortalezzi). También sostuvo que los fondos utilizados para la adquisición de los bolsones provendrían de partidas nacionales.
El dirigente destacó que la estrategia del justicialismo consistiría en entregar vales antes de los comicios, para que luego de la votación los poseedores pasen a retirar los bolsones.

Sin novedades
El planteo judicial del Encuentro sobre este tema deambula en los tribunales federales. La Junta Electoral Nacional (JEN) se declara incompetente para entenderlo por no tener facultades judiciales para efectuar allanamientos o detenciones, pero su titular, Ernesto Wayar, encomendó al comandante electoral, Enrique Stell, que controle distintos inmuebles.
"Su labor se limitaba a labrar actas y a notificar las novedades al juez. Pero no hubo actuación alguna ni cumplió con la resolución de Wayar, que fue una valiosa innovación a lo que se resolvía habitualmente", afirmó López.
La JEN giró la presentación penal al juez federal Jorge Parache, quien se excusó por haber preopinado como miembro de ese cuerpo. Como su par Felipe Terán está de licencia por enfermedad hasta esta semana, se sortearon conjueces del listado de inscriptos en la Justicia Federal para que analicen, por separado, la acción de amparo y la denuncia penal contra el Estado ingresada por los opositores. Los dos primeros sorteados, Mario Racedo y Fernando Poviña, también debieron excusarse.
En los tribunales federales se efectuó entonces un segundo sorteo, que benefició a Carlos Gordillo (tiene que analizar la causa penal) y a José Espejo (acción de amparo). En ambos escritos, el Encuentro solicitó allanamientos e interdicciones de distintos inmuebles, para constatar que existen bolsones escondidos e impedir su distribución.
Las cédulas con las notificaciones a Gordillo y a Espejo para que se hagan cargo de los expedientes fueron notificadas en la tarde del viernes, pero hasta ayer no hubo novedades sobre si asumían esa responsabilidad o también se excusaban por razones fundadas, según explicó el abogado denunciante."Es un escándalo que nada se haya hecho, porque somos testigos de irregularidades", señaló.

El abogado Mario Racedo afirmó que estaba moralmente inhabilitado para asumir la investigación en la acción de amparo presentada contra el Estado por la supuesta existencia de depósitos con bolsones. Racedo admitió que había participado de un almuerzo público con dirigentes del denunciante Encuentro Popular Progresista, lo que le impedía entender en la causa. En tanto, Fernando Poviña habría alegado que no podía tomar la causa penal porque fue abogado del Estado.

Los fondos del Partido Obrero
El Partido Obrero presentó a la Junta Electoral Nacional el lunes pasado (cuatro días después de la fecha tope) su estimación de ingresos y egresos para esta campaña electoral. Por esta tardanza, no fue incluido en el informe publicado ayer. Tiene previsto gastar $17.000 que serán provistos por el Estado, y el 95% lo destinará a imprenta. El resto de los fondos proviene de colectas. El PO no publicó en ningún medio sus cálculos.