Parache rechazó la apelación de Bussi

El juez federal Jorge Parache rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Antonio Bussi, que pretendía mantener la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Parache dispuso la nulidad de las normas que impedían juzgar a militares y a civiles por violaciones a los derechos humanos, cometidas durante el último gobierno de facto. Consideró que las leyes eran inconstitucionales y, con su supresión, pudo decretar la citación y la detención de Bussi en la causa por la desaparición del senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse.
El planteo en favor de las leyes fue el último acto de la defensora oficial subrogante, María Molina de González Olazo, en representación de Bussi. La reemplazaron los abogados Pablo Calvetti y Héctor D´Amico, reales impulsores de la apelación. El objetivo era que el tema fuera analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los abogados de Bussi podrán ahora interponer un recurso de queja por apelación denegada, para que la causa pase de Parache a una instancia superior.
Por su parte, el fiscal federal Emilio Ferrer dictaminó ayer en contra del pedido de libertad del intendente electo. El funcionario refutó el criterio esbozado por los defensores, quienes levantaron el Pacto de San José de Costa Rica en favor de Bussi, al recordar que el acuerdo internacional admite la prisión preventiva de los acusados por delitos graves.

Traslado
Bussi le solicitó ayer a Parache ser trasladado del Liceo Militar Gregorio Aráoz de La Madrid, donde está detenido, a la sede de la compañía de Arsenales 5 Miguel de Azcuénaga, ubicado en Las Talitas. Hizo el planteo en razón de que mañana funcionará el comando electoral en el Liceo.