Las 10 fiscalías están siendo investigadas

La Corte Suprema inició ayer su propia investigación sobre las diez fiscalías penales, en busca de presuntas irregularidades. Si bien no se menciona la vinculación de la medida con el escándalo de las 4x4, fuentes judiciales confirmaron que sí obedece a ese caso, que mantiene en vilo a los Tribunales provinciales. También a la aparente falta de agilidad y precisión de los sumarios y auditorías que se realizaron hasta ahora, bajo la tutela del Ministerio Fiscal.
La Corte decidió ayer que el secretario de Superintendencia, Severiano Reyes Pérez, y el presidente de la Cámara Penal, Alberto César Piedrabuena, conduzcan el sumario que ya comenzó. La acordada, que lleva la firma de Antonio Gandur, de René Mario Goane y de Alberto José Brito, no estipuló un plazo para la conclusión del trabajo.
El máximo órgano de la Justicia local suple de esta manera la función que hasta ahora era privativa del Ministerio Fiscal, a cargo de Luis de Mitri. Esta función estaba en manos de esa oficina desde que el diputado José Ricardo Falú ocupó el cargo, hace casi cuatro años.
Antes, las investigaciones internas eran conducidas por la Corte, como ahora, ya que es el órgano que cuenta con infraestructura para hacerlo y porque el Ministerio Público Fiscal depende de ella. No ocurre lo mismo en el ámbito nacional, donde es independiente. Ese es, además, uno de los puntos centrales de la cuestionada ley sancionada recientemente, mediante la cual se reformó la Ley Orgánica de Tribunales. Se investigará todo el movimiento de las diez fiscalías penales, pero se pondrá especial atención en las que aparecen más cuestionadas por la Justicia Federal en torno del caso de las camionetas "mellizas". Ellas son la III, la IV, la VIII y la X. La Corte recibió la recomendación del ministro fiscal Luis de Mitri de pedirle a la Legislatura que le quite al controvertido fiscal Héctor Musi los privilegios constitucionales. Esto, en base al sumario que se le hizo al fiscal por haber utilizado un auto Rover 200 y por haberle entregado en calidad de depositario judicial un Fiat Duna al detenido prosecretario Hugo Tarifa, cuando ello está terminantemente prohibido por el Código Procesal y por una acordada de la Corte de 1988.

El cuñado de Tomas fue acusado en Tribunales
Javier Abascal, cuñado del empresario detenido Pedro Tomas, fue acusado por falsa denuncia por la Fiscalía III, donde está radicada una de las causas por las que se le entregó una camioneta Toyota Hilux en calidad de depositario judicial.
Abascal, acompañado por su defensora, Silvia Furque de Morfil, declaró ayer ante la fiscal Teresita Marnero, en una nueva derivación del escándalo de las 4x4. El hombre obtuvo el certificado de depositario judicial, firmado por la secretaria Liliana Fernández, luego de que denunció que había sido estafado por un tal Gustavo Pastorino, quien le habría vendido la camioneta que tenía sus números de serie adulterados. La camioneta está secuestrada actualmente en Gendarmería.
La Justicia tucumana, en este caso, considera que Abascal habría intentado obtener el permiso para circular libremente, inventando una supuesta estafa. No obstante, en su declaración dio detalles sobre el comprador (no se sabe si el nombre es real); del lugar donde se hizo la transacción, y otros datos con los que pretende demostrar que realmente fue estafado.
En la Fiscalía VIII, en tanto, el secretario Ernesto Baaclini recibiría hoy o mañana a Sandra Abascal, esposa de Tomas y hermana de Javier. La Justicia Federal tiene secuestrado un certificado de estado de causa, que la habilita a circular en una costosa camioneta Mitsubishi Montero (también secuestrada en gendarmería). Ella, al conocer por LA GACETA ese dato, se presentó el lunes ante el juez federal Felipe Terán para aclarar que nunca tramitó una causa en la Fiscalía VIII, y que no solicitó ningún certificado por ese tipo de vehículo.
En la Fiscalía VIII, no obstante, no existiría la causa por la que se habría emitido el certificado, que lleva una firma que parece ser la de Baaclini.

Musi ganó una pulseada
La Legislatura rechazó in limine el pedido de juicio político que el abogado Miguel Mibelli presentó en contra del fiscal Héctor Abraham Musi, aunque ello no parece haber aplacado la situación del magistrado en torno del caso de las 4x4.
Mibelli denunció a Musi por considerar que había falsificado y traspapelado voluntariamente partes de una causa en la que él denunciaba a las autoridades del colegio al que asistía su hija.
No obstante, la comisión de Juicio Político (posiblemente con la próxima composición de la Cámara) deberá expedirse sobre la procedencia o no del pedido de juicio político que contra Musi plantearon el juez federal Felipe Terán y el secretario Horacio Argüello. El pedido se basa, además de en la necesidad del magistrado federal en tomarle declaración indagatoria, en elementos que forman parte de la causa y que complicarían a Musi en las supuestas irregularidades cometidas en la entrega de vehículos provenientes de robos o del contrabando, que ya tenían sus números identificatorios adulterados y contaban con documentación falsa.
Musi se mantiene en silencio y sólo habla su defensor, Gustavo Morales. "Contra Musi no hay elementos probatorios", afirmó el abogado.