Se emitirá la primera tanda de los Consadep

Con la emisión de los bonos, el Gobierno pagará parte de la deuda consolidada de la provincia.

22 Octubre 2003
En una de las últimas acciones en materia financiera, el gobernador Julio Miranda autorizó por decreto la emisión de $ 120 millones de bonos de Consolidación y Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep) con los que se pagará parte de la deuda consolidada de la provincia.
La Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo la impresión de $ 200 millones en Consadep, por lo que quedarán $ 80 millones para que la nueva administración de gobierno continúe con el pago de los juicios iniciados contra el Estado. Según el decreto dictado por el Ministerio de Economía, la primera tanda de los nuevos títulos servirá para abonar juicios con sentencia firme, acuerdos administrativos o arreglos extrajudiciales por hasta $ 25 millones. Además, el Estado convocará a los tenedores de títulos públicos no ingresados al canje de la deuda pública por un bono nacional. La deuda, en este caso, asciende a $ 95 millones.
La norma, entre otros puntos, sostiene que el Gobierno no podrá alterar los montos ni los destinos para los cuales se emitirá el nuevo bono provincial.

Características
Los Consadep serán títulos escriturales (los tenedores deberán abrir una cuenta comitente en un banco para cobrar capital e intereses), libremente transferibles y cotizarán en la Bolsa de Comercio y en el mercado de valores autorizados por el Gobierno. La emisión será en pesos, con un plazo de pago de 16 años en 156 cuotas mensuales y consecutivas. Generarán un interés fijo anual del 2% más la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Hasta el 4 de marzo de 2005, el Poder Ejecutivo abonará a los tenedores de los Consadep sólo los intereses que se generen desde octubre del año pasado hasta esa fecha. Luego comenzará a amortizarse el capital.
Como garantía para el pago de los nuevos títulos, el Gobierno afectará hasta un 3% de la coparticipación federal o de otro régimen que lo reemplace. Como aval subsidiario, el Estado afectará los recursos de libre disponibilidad.

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