21 Octubre 2003 Seguir en 
El tiempo de descuento parece haber comenzado para el cuestionado fiscal de Instrucción IV Héctor Abraham Musi. El viernes ingresó a la Legislatura provincial el pedido de juicio político en su contra, firmado por el juez federal Felipe Terán y el secretario Horacio Argüello.
La Justicia Federal pretende que la Cámara le quite a Musi los privilegios constitucionales que tiene, y en los que se ampara para no presentarse a declarar. Así, el fiscal podría ser interrogado y, posiblemente, podría imputársele la maniobra de entrega de certificados truchos para "blanquear" vehículos robados o provenientes del contrabando.
Hace una semana, el fiscal general federal Antonio Gómez le había pedido a Terán que avanzara sobre el pedido de juicio político, entendiendo que era la única manera de destrabar la situación. Sucede que la negativa de Musi a prestar declaración impide profundizar la pesquisa, en el marco de la cual ya hay más de 30 lujosos vehículos secuestrados. Aunque se estima que será la próxima Legislatura la que analizará el planteo, Terán deberá ratificar su pedido esta semana, para que luego la comisión de Juicio Político analice las pruebas. Si sus miembros consideran que estas son suficientes, deberán correrle traslado a Musi para que haga su descargo. Si el fiscal no satisface los requerimientos de los parlamentarios se daría inicio al proceso que podría terminar en su destitución.
Plazos legales
El proceso, si no se rechaza, puede durar hasta 42 días hábiles antes de iniciarse el juicio propiamente dicho. En esa instancia, el plazo máximo es de 60 días hábiles.
El juez Terán levantó ayer el secreto del sumario del caso. Lo primero que hizo fue enviarle el expediente al fiscal federal Emilio Ferrer, para que este analice algunas de las medidas que pretende tomar en los próximos días, y para que se informe acerca de las resoluciones que tomó en las últimas semanas. Una de las medidas sería citar a más empleados y a más funcionarios judiciales por su presunta vinculación con la maniobra.
También se estaría analizando la posibilidad de acusar a los sospechosos por asociación ilícita. Esto fue cuestionado por Gustavo Morales, defensor de Musi. "No hay asociación ilícita porque no hubo una organización para delinquir", dijo. El abogado reiteró, además, que Musi no tuvo ninguna responsabilidad penal o administrativa en la supuesta maniobra. También denunció que Terán le dio vehículos secuestrados a Gendarmería, pero desde la fuerza se explicó que los recibe en calidad de depositario judicial, tal como marca la ley.
Serias anomalías en la fiscalía IV
El fiscal Héctor Abraham Musi atraviesa un momento dramático. El sumario administrativo que el Ministerio Fiscal hizo en su contra resultó muy desfavorable para él, y podría darle pie a la Corte Suprema para que solicite el juicio político del magistrado. El viernes pasado el ministro fiscal Luis de Mitri le remitió a la Corte las conclusiones del sumario que se le hizo a Musi, bajo la tutela del fiscal de Cámara Manuel López Rougés.
En el informe se ratifica el título de cargo contra Musi, quien reconoció haber utilizado un auto Rover 200 que estaba secuestrado, y también admitió que le entregó a Tarifa, en calidad de depositario judicial, un Fiat Duna. Ambas situaciones están expresamente prohibidas por el Código Procesal de Tucumán, y por una acordada de la Corte fechada en 1988. Los vehículos secuestrados sólo pueden ser entregados al Poder Ejecutivo para que sean utilizados en el cumplimiento de funciones de seguridad (a la Policía).
Sin movilidad
Musi, en su descargo, sostuvo que usó el Rover, que está secuestrado en Gendarmería, en tres o cuatro oportunidades porque no contaba con un vehículo propio, y el que el Poder Judicial tiene para los turnos de las fiscalías no habría estado en condiciones. En el caso del auto que usaba Tarifa, señaló que era para preservarlo y para que el funcionario tuviera un medio de movilidad para realizar su trabajo.
Ninguna de las dos argumentaciones fue admitida por el instructor del sumario, quien las consideró inadmisibles.
Procesaron a otro prosecretario
Se confirmó ayer que la Justicia Federal procesó al ex prosecretario de la Fiscalía X, Hugo Lazarte, aunque no fue detenido.
El viernes pasado, en tanto, De Mitri recibió un informe del juez federal Felipe Terán dando cuenta de que el ex prosecretario Lazarte había sido procesado por el caso de la entrega aparentemente irregular de oficios judiciales para que particulares pudieran circular en lujosos vehículos provenientes de robos o estafas, que ya habían sido "blanqueados" con documentación apócrifa. Lazarte, quien desde ayer quedó suspendido en sus funciones, le habría entregado un oficio a un hombre por una camioneta Ford Ranger que fue la que dio inicio a la pesquisa, cuando Gendarmería detectó que era "melliza".
Lazarte está acusado de falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La Justicia Federal pretende que la Cámara le quite a Musi los privilegios constitucionales que tiene, y en los que se ampara para no presentarse a declarar. Así, el fiscal podría ser interrogado y, posiblemente, podría imputársele la maniobra de entrega de certificados truchos para "blanquear" vehículos robados o provenientes del contrabando.
Hace una semana, el fiscal general federal Antonio Gómez le había pedido a Terán que avanzara sobre el pedido de juicio político, entendiendo que era la única manera de destrabar la situación. Sucede que la negativa de Musi a prestar declaración impide profundizar la pesquisa, en el marco de la cual ya hay más de 30 lujosos vehículos secuestrados. Aunque se estima que será la próxima Legislatura la que analizará el planteo, Terán deberá ratificar su pedido esta semana, para que luego la comisión de Juicio Político analice las pruebas. Si sus miembros consideran que estas son suficientes, deberán correrle traslado a Musi para que haga su descargo. Si el fiscal no satisface los requerimientos de los parlamentarios se daría inicio al proceso que podría terminar en su destitución.
Plazos legales
El proceso, si no se rechaza, puede durar hasta 42 días hábiles antes de iniciarse el juicio propiamente dicho. En esa instancia, el plazo máximo es de 60 días hábiles.
El juez Terán levantó ayer el secreto del sumario del caso. Lo primero que hizo fue enviarle el expediente al fiscal federal Emilio Ferrer, para que este analice algunas de las medidas que pretende tomar en los próximos días, y para que se informe acerca de las resoluciones que tomó en las últimas semanas. Una de las medidas sería citar a más empleados y a más funcionarios judiciales por su presunta vinculación con la maniobra.
También se estaría analizando la posibilidad de acusar a los sospechosos por asociación ilícita. Esto fue cuestionado por Gustavo Morales, defensor de Musi. "No hay asociación ilícita porque no hubo una organización para delinquir", dijo. El abogado reiteró, además, que Musi no tuvo ninguna responsabilidad penal o administrativa en la supuesta maniobra. También denunció que Terán le dio vehículos secuestrados a Gendarmería, pero desde la fuerza se explicó que los recibe en calidad de depositario judicial, tal como marca la ley.
Serias anomalías en la fiscalía IV
El fiscal Héctor Abraham Musi atraviesa un momento dramático. El sumario administrativo que el Ministerio Fiscal hizo en su contra resultó muy desfavorable para él, y podría darle pie a la Corte Suprema para que solicite el juicio político del magistrado. El viernes pasado el ministro fiscal Luis de Mitri le remitió a la Corte las conclusiones del sumario que se le hizo a Musi, bajo la tutela del fiscal de Cámara Manuel López Rougés.
En el informe se ratifica el título de cargo contra Musi, quien reconoció haber utilizado un auto Rover 200 que estaba secuestrado, y también admitió que le entregó a Tarifa, en calidad de depositario judicial, un Fiat Duna. Ambas situaciones están expresamente prohibidas por el Código Procesal de Tucumán, y por una acordada de la Corte fechada en 1988. Los vehículos secuestrados sólo pueden ser entregados al Poder Ejecutivo para que sean utilizados en el cumplimiento de funciones de seguridad (a la Policía).
Sin movilidad
Musi, en su descargo, sostuvo que usó el Rover, que está secuestrado en Gendarmería, en tres o cuatro oportunidades porque no contaba con un vehículo propio, y el que el Poder Judicial tiene para los turnos de las fiscalías no habría estado en condiciones. En el caso del auto que usaba Tarifa, señaló que era para preservarlo y para que el funcionario tuviera un medio de movilidad para realizar su trabajo.
Ninguna de las dos argumentaciones fue admitida por el instructor del sumario, quien las consideró inadmisibles.
Procesaron a otro prosecretario
Se confirmó ayer que la Justicia Federal procesó al ex prosecretario de la Fiscalía X, Hugo Lazarte, aunque no fue detenido.
El viernes pasado, en tanto, De Mitri recibió un informe del juez federal Felipe Terán dando cuenta de que el ex prosecretario Lazarte había sido procesado por el caso de la entrega aparentemente irregular de oficios judiciales para que particulares pudieran circular en lujosos vehículos provenientes de robos o estafas, que ya habían sido "blanqueados" con documentación apócrifa. Lazarte, quien desde ayer quedó suspendido en sus funciones, le habría entregado un oficio a un hombre por una camioneta Ford Ranger que fue la que dio inicio a la pesquisa, cuando Gendarmería detectó que era "melliza".
Lazarte está acusado de falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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