Estrategias de FR para liberar a su conductor

En Fuerza Republicana (FR) afirman que esta semana les tocará golpear a ellos en el plano jurídico. Concretarán planteos tanto en la Justicia Federal, como en la provincia. En la primera buscarán la liberación de Antonio Bussi, detenido por la desaparición del senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976. En la segunda, tratarán de asegurar que no designe a un nuevo intendente de esta capital -en el caso de que el militar retirado no pueda asumir el 29 del corriente- hasta que se resuelva la situación procesal del ex gobernador.
Para la Justicia Federal preparan un frondoso escrito. Apelarán la resolución por la cual el juez federal Jorge Parache se declaró competente para entender en la causa y dispuso la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Los republicanos insisten en que es competente la Justicia Militar. Con ese fin recordarán que en 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en la misma causa, el juez federal Rafael de Vargas reconoció la competencia militar, con la opinión favorable del fiscal de la Cámara Federal.
Los abogados de FR también harán jugar el artículo 23 del pacto de San José de Costa Rica -tiene rango constitucional-, según el cual todo ciudadano tiene derecho a asumir el cargo para el cual fue electo y a ejercerlo en plenitud, salvo que medie condena firme de juez competente en un proceso penal. "Aquí hay una mera orden de detención emitida por un magistrado, cuya competencia desconocemos", explicó el ex concejal Pablo Calvetti.

En el otro frente
En la Justicia provincial, los abogados deducirán una acción de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Objetarán el artículo 38 bis por considerar que se hace una distinción entre los municipios del interior y el de la capital a la hora de establecer las soluciones en caso de muerte, destitución, renuncia, inhabilitación u otra causal que produzca la vacancia del cargo de intendente. "La norma establece una discriminación manifiesta (en el caso de la capital es el Concejo Deliberante el que debe decidir) entre el interior y San Miguel de Tucumán, que vulnera principios constitucionales básicos", señaló Calvetti.

Contradicción
El artículo 44 es el que establece la suspensión preventiva y de pleno derecho del intendente si media semiplena prueba de su responsabilidad en la comisión de un delito. "Esto contradice el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que dice que aquella situación (suspensión) sólo es posible si media condena penal firme. Por ende, pediremos que se dicte una medida de no innovar y que se ordene al Concejo Deliberante que se abstenga de designar a un nuevo intendente hasta que se resuelva la situación procesal de Bussi", concluyó Calvetti.