Sigue su curso el trámite del juicio oral contra Bussi

La Corte Suprema de Justicia aún no resolvió el recurso de queja por casación denegada que interpuso el intendente electo de esta capital, Antonio Bussi, en su afán por evitar un juicio oral por el presunto cobro de gastos reservados prohibidos por la Constitución provincial (peculado) cuando fue gobernador (1995-1999). Sin embargo, la sala IV de la Cámara ya está cumpliendo los trámites preliminares en caso de que deba sustanciar el proceso.
Como la deducción de la queja no suspende el trámite procesal, la sala IV de la Cámara Penal salió sorteada para llevar adelante el plenario oral, en caso de no ser abierta la casación. Y la titular del tribunal, María del Pilar Prieto, ya notificó al abogado de Bussi, Cergio Morfil, y al representante del Ministerio Fiscal para que examinen las actuaciones, los documentos y los efectos secuestrados, y para que, eventualmente, interpongan las recusaciones que consideren necesarias. Esto es lo que establece el artículo 361 del Código Procesal Penal provincial.
Más allá de las diligencias previas que ya dispuso la sala IV (los otros miembros son Silvia Castellote y Horacio Villalba), la Corte Suprema tiene en sus manos una cuestión clave.

Sorteo
El 23 de setiembre, el alto tribunal quedó conformado para tratar la queja, cuando se sorteó y resultó elegido Julio Armando Espíndola Aráoz, vocal de la sala I de la Cámara Penal, para que integre la Corte en esta causa. Ocurre que, por diferentes razones, tres de los cinco miembros de la Corte (Antonio Gandur, Héctor Eduardo Area Maidana y René Mario Goane) se excusaron de intervenir en el caso.
Espíndola Aráoz y los dos vocales de la Corte que no se excusaron, Alfredo Carlos Dato y Alberto José Brito, deben decidir si corresponde abrir el recurso de casación. Por medio de esta vía, Morfil pretende que se revise el fallo por el cual la sala VI de la Cámara Penal resolvió que el titular de Fuerza Republicana (FR) y sus ex ministros Alberto Germanó (Gobierno), Franco Augusto Fogliata (Producción) y Ramón Nereo Arnedo (Hacienda) sean sometidos a un proceso oral.

Consecuencias políticas
El fallo de la Corte tendrá importantes consecuencias políticas, más allá de lo que, en definitiva, pase con la situación de Bussi en la Justicia Federal por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976.
Los organismos de derechos humanos consideran que, si no se abre la casación -en este caso sólo quedaría definir la fecha de inicio del juicio-, el titular de Fuerza Republicana (FR) quedaría inhabilitado para ejercer el cargo de intendente. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que el jefe del Departamento Ejecutivo será suspendido si un juez considera que hay semiplena prueba de su responsabilidad en un ilícito.
En FR ya abrieron el paraguas. Esta semana interpondrán una acción de amparo con el fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Los republicanos sostienen que esa norma contradice el Pacto de San José de Costa Rica -tiene rango constitucional-, que impide que una persona se desempeñe en un cargo electivo sólo si media condena penal firme.