Habría otros dos "arrepentidos"

Algunos de los siete detenidos por el asesinato de Adrián Angel Mansilla cambiarían de abogado en los próximos días, con el fin de replantear sus estrategias defensivas en vista de lo difícil que se tornó su situación con el hallazgo del cuerpo del joven, el miércoles pasado.
Miguel Angel "Piki" Orellana; su cuñado Marcelo "Negro" García; Angel Alberto "Beto" Ibarra y Tomás "Cordobés" Ceballos; José Alberto "Vivila" Rodríguez, Omar "Anaconda" Carrizo, Marcelo "Mudo" Romano y el "arrepentido" Carlos David "Pirucho" Chávez son los acusados de haber secuestrado a Mansilla el 17 de agosto pasado, en la ex terminal de ómnibus. También lo habrían asesinado de un balazo, luego de golpearlo, y habrían amenazado a su familia. Finalmente, lo habrían enterrado en Sauce Guacho, cerca de Famaillá.
Casi todos ellos son defendidos hasta ahora por abogados vinculados al mismo estudio.
La hipótesis más firme, al menos para el abogado de la familia de Mansilla, Carlos Posse, es que se trató de una venganza por una deuda de drogas, aunque él no descartó que haya tenido algún tinte pasional.
Fuentes judiciales admitieron que se espera que al menos dos de los acusados se "quiebren" y sigan el ejemplo de "Pirucho". Este, según su abogado, Ricardo Scheuermann, debería quedar imputado sólo por encubrimiento, y no por el resto de los delitos mencionados.

Participación secundaria
Aunque se duda de que sea así, se estima que algunos de los imputados podrían ser acusados sólo de participación secundaria en el crimen. Para ello deberán ser coincidentes en sus dichos y señalar a los autores directos del secuestro y del asesinato.
La fiscal Raquel Assís de Ferreyra y el secretario Carlos Lionti, por su parte, deberán resolver esta semana si aceptan el planteo del abogado Posse respecto de que los hermanos de "Piki" -los mellizos José y Enrique Orellana- y la esposa del detenido sean acusados por el encubrimiento del resto del grupo (por ser parientes directos, no pueden ser acusados de ayudar a "Piki"). La fiscal deberá, además, empezar a tramitar la querella civil, mediante la cual la familia Mansilla pretende percibir $ 1,8 millón en concepto de indemnización.