19 Octubre 2003 Seguir en 
Un pormenorizado informe sobre la investigación de las 4x4 está en manos de la Corte Suprema provincial, y amenaza con descalabrar lo que, efectivamente, parece ser una gran red de corrupción. A partir del lunes los cimbronazos empezarán a sentirse, y no se descarta que algunos empleados y funcionarios tribunalicios terminen en las celdas federales.
El viernes, según afirmaron fuentes calificadas, el presidente de la Corte, Antonio Gandur, recibió un informe de 19 hojas firmado por el juez federal Felipe Terán, quien investiga la entrega de certificados judiciales para que particulares pudieran circular en lujosos vehículos robados o contrabandeados.
El informe menciona la posible participación en estos delitos de algunos de los empleados y funcionarios de ocho de las diez fiscalías penales (quedarían afuera la I y la IX). Según trascendió, la más complicada sería la IV, a la que pertenece el prosecretario detenido Hugo Tarifa y el cuestionado fiscal Héctor Abraham Musi, quien se niega a declarar como presunto imputado en la causa.
En el listado seguirían la X, la VIII y la III, tal como se anticipó hace 20 días.
No obstante, fuentes vinculadas a la investigación comentaron que el "informe Terán" describe la maniobra que se habría utilizado para cargar sobre Tarifa toda la responsabilidad, tal vez con el objetivo de "despegar" a Musi o a otras personas.
No hay nombres aún
Serían diez las personas más comprometidas por la investigación, pero aún no se conocieron sus nombres ni funciones. No se descarta que a partir de mañana sean citadas a declarar y que algunas de ellas terminen detenidas y procesadas.
"La mugre está adentro y la tienen que sacar ellos mismos", dijo una persona allegada al Poder Judicial tucumano, al explicar que mañana podría ordenarse la realización de un sumario general que incluya a todas las fiscalías para detectar posibles irregularidades como las halladas en la IV. Allí, la auditoría determinó que no todas las causas que se tramitan están debidamente registradas, entre otras supuestas anomalías.
La investigación administrativa que se iniciaría mañana, paralela a la de la Justicia Federal, estaría a cargo de la Corte y no ya del ministro fiscal Luis de Mitri, a quien de esta manera le recortarían el poder.
Justamente mañana la Corte recibiría al gobernador electo, José Alperovich, impulsor de la ley de reforma de la Ley Orgánica de Tribunales que, entre otras cosas, estipula que el poder de investigación sumaria quede en manos de la Corte y no del Ministerio Fiscal, como hasta ahora.
Dudan sobre un caso de la Fiscalía VIII
El juez federal Felipe Terán reiteró el viernes un pedido de informes acerca de una causa judicial radicada supuestamente en la Fiscalía VIII, mediante la cual se le habría entregado a Sandra Abascal, esposa del detenido empresario Pedro Tomas, una lujosa camioneta valuada en alrededor de 50.000 dólares.
En diciembre pasado, en un allanamiento que la Policía realizó en los galpones de Tomas, se secuestraron dos oficios y un decreto judicial. Este último llevaba la firma de Héctor Abraham Musi (su defensor dijo que fue falsificada) y los oficios, las del detenido Hugo Tarifa y del secretario de la Fiscalía VIII, Ernesto Baaclini.
El funcionario afirmó que él no tramitó ninguna causa en la que Abascal haya denunciado una estafa, y que no libró el certificado de depositario judicial que le permitía a la mujer circular por todo el país en una camioneta Mitsubishi Montero Intercooler, que resultó ser robada y que está secuestrada en dependencias de Gendarmería.
Terán pretende que la Justicia tucumana le dé información cierta y certificada sobre qué ocurrió con esa causa judicial, para saber si el certificado hallado tiene justificativo o si integra el cúmulo de oficios secuestrados que fueron "fabricados" en el aire.
Sin motivos
La Cámara Federal de Apelaciones, al rechazar la recusación que en contra del juez Felipe Terán solicitó el fiscal Héctor Abraham Musi, consideró que se paraliza la investigación con esos planteos y que el hecho de que el fiscal haya sido citado como imputado, a pesar de que tiene fueros, no es motivo suficiente para separar al juez del caso.
El viernes, según afirmaron fuentes calificadas, el presidente de la Corte, Antonio Gandur, recibió un informe de 19 hojas firmado por el juez federal Felipe Terán, quien investiga la entrega de certificados judiciales para que particulares pudieran circular en lujosos vehículos robados o contrabandeados.
El informe menciona la posible participación en estos delitos de algunos de los empleados y funcionarios de ocho de las diez fiscalías penales (quedarían afuera la I y la IX). Según trascendió, la más complicada sería la IV, a la que pertenece el prosecretario detenido Hugo Tarifa y el cuestionado fiscal Héctor Abraham Musi, quien se niega a declarar como presunto imputado en la causa.
En el listado seguirían la X, la VIII y la III, tal como se anticipó hace 20 días.
No obstante, fuentes vinculadas a la investigación comentaron que el "informe Terán" describe la maniobra que se habría utilizado para cargar sobre Tarifa toda la responsabilidad, tal vez con el objetivo de "despegar" a Musi o a otras personas.
No hay nombres aún
Serían diez las personas más comprometidas por la investigación, pero aún no se conocieron sus nombres ni funciones. No se descarta que a partir de mañana sean citadas a declarar y que algunas de ellas terminen detenidas y procesadas.
"La mugre está adentro y la tienen que sacar ellos mismos", dijo una persona allegada al Poder Judicial tucumano, al explicar que mañana podría ordenarse la realización de un sumario general que incluya a todas las fiscalías para detectar posibles irregularidades como las halladas en la IV. Allí, la auditoría determinó que no todas las causas que se tramitan están debidamente registradas, entre otras supuestas anomalías.
La investigación administrativa que se iniciaría mañana, paralela a la de la Justicia Federal, estaría a cargo de la Corte y no ya del ministro fiscal Luis de Mitri, a quien de esta manera le recortarían el poder.
Justamente mañana la Corte recibiría al gobernador electo, José Alperovich, impulsor de la ley de reforma de la Ley Orgánica de Tribunales que, entre otras cosas, estipula que el poder de investigación sumaria quede en manos de la Corte y no del Ministerio Fiscal, como hasta ahora.
Dudan sobre un caso de la Fiscalía VIII
El juez federal Felipe Terán reiteró el viernes un pedido de informes acerca de una causa judicial radicada supuestamente en la Fiscalía VIII, mediante la cual se le habría entregado a Sandra Abascal, esposa del detenido empresario Pedro Tomas, una lujosa camioneta valuada en alrededor de 50.000 dólares.
En diciembre pasado, en un allanamiento que la Policía realizó en los galpones de Tomas, se secuestraron dos oficios y un decreto judicial. Este último llevaba la firma de Héctor Abraham Musi (su defensor dijo que fue falsificada) y los oficios, las del detenido Hugo Tarifa y del secretario de la Fiscalía VIII, Ernesto Baaclini.
El funcionario afirmó que él no tramitó ninguna causa en la que Abascal haya denunciado una estafa, y que no libró el certificado de depositario judicial que le permitía a la mujer circular por todo el país en una camioneta Mitsubishi Montero Intercooler, que resultó ser robada y que está secuestrada en dependencias de Gendarmería.
Terán pretende que la Justicia tucumana le dé información cierta y certificada sobre qué ocurrió con esa causa judicial, para saber si el certificado hallado tiene justificativo o si integra el cúmulo de oficios secuestrados que fueron "fabricados" en el aire.
Sin motivos
La Cámara Federal de Apelaciones, al rechazar la recusación que en contra del juez Felipe Terán solicitó el fiscal Héctor Abraham Musi, consideró que se paraliza la investigación con esos planteos y que el hecho de que el fiscal haya sido citado como imputado, a pesar de que tiene fueros, no es motivo suficiente para separar al juez del caso.
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