Paro estatal para el martes contra el PE

Los gremios estatales convocaron a un paro para el martes en rechazo a las leyes que sancionó la Legislatura a pedido del gobernador electo, José Alperovich. Durante la tercera marcha de protesta, realizada ayer al mediodía en la plaza Independencia, los sindicalistas ratificaron el plan de lucha para exigir al gobernador Julio Miranda el veto de todas las normas.
"No vamos a permitir que Alperovich venga a gobernar por decreto. Por eso vamos a extremar nuestros esfuerzos para frenar ese atropello hacia los trabajadores, afirmó Raúl Quinteros. El dirigente de ATSA cerró el acto en la esquina de 24 de Septiembre y 25 de Mayo, donde se improvisó un palco sindical.
Además instó a los manifestantes a no participar con su voto en las elecciones nacionales. "Miranda ya fue senador y Alperovich termina su mandato, pero ninguno hizo nada por Tucumán; por eso nuestro desafío es que no nos dejemos usar el 26 (día de los comicios)", resaltó.
Quinteros también cuestionó a los legisladores que aprobaron las leyes. "Huyeron como ratas; si pudiera cruzarme con alguno de ellos le escupiría a la cara por traidor", remarcó en su discurso.
Además del personal de la sanidad, en la marcha participaron los gremios de docentes públicos de ATEP, los técnicos de AMET y los medios de APEM. También llegaron columnas de manifestantes de Vialidad, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del Polo Obrero y de la organización de desocupados Barrios de Pie. En la movilización, que no tuvo la participación masiva de las dos anteriores, los dirigentes remarcaron que el sindicalismo está unido.
Vicente Ruiz, por su parte, anunció que el martes, durante el paro general, la CCC realizará cortes de ruta en el interior.
Hasta ayer el presidente de la Legislatura, Sisto Terán no había comunicado al Poder Ejecutivo las leyes para que se las vete o se las promulgue.

Miranda sostuvo que las normas contribuyen a mejorar el Estado
"Estamos convencidos de que la paz social no se logra con confrontaciones, sino buscando consensos; y nosotros buscaremos dialogar". Así se manifestó ayer el gobernador Julio Miranda, al aludir a la nueva protesta callejera de los gremios estatales en rechazo a las leyes sancionadas por la Legislatura el 3 de octubre, especialmente contra la que facilita al Poder Ejecutivo el traslado de los empleados públicos.
Miranda aclaró que las normas aún no fueron notificadas por la Cámara al PE, pero señaló que en su momento serán estudiadas. "En la decisión final no vamos a privilegiar ninguna candidatura, sino los intereses de la provincia", dijo. Aclaró que esos intereses tienen que ver con la optimización de los servicios del Estado y con la reducción del gasto político.
"¿Las leyes contribuyen a ese propósito?", se le consultó. "Sí", contestó. Y agregó que las iniciativas aprobadas no tienden a despedir empleados de la administración pública. "El mejor funcionamiento del Estado no pasa por despedir a trabajadores que ganan $ 200 o $ 300, sino por hacer sentir bien al propio estatal, hacer que se sienta útil en el mejor puesto", destacó.
Las normas restantes, que también generaron descontento en otros sectores de la comunidad, son las que aluden al cambio del mecanismo de aprobación de los decretos de necesidad y urgencia -a los 20 días quedan firmes si no los rechaza la Cámara-; a la intervención a municipios y a comunas con el voto de 21 legisladores, y a modificaciones en la Ley Orgánica de Tribunales y en el Código Procesal Penal.
Una vez notificadas, el PE tiene 10 días hábiles para estudiarlas y resolver el eventual veto o su promulgación. Hasta ayer, el paquete de medidas no había ingresado en la Casa de Gobierno. A la gestión de Miranda sólo le quedan siete días hábiles, por lo que si el envío sigue demorándose, las normas serán promulgadas por la próxima gestión.
Respecto de la detención de Antonio Bussi, Miranda insistió en que es un hecho judicial y no político, como sugiere Ricardo Bussi. "Lo tiene que esclarecer la Justicia", acotó.
Respecto del futuro del municipio, a raíz de la situación de Bussi, el gobernador opinó que hay que esperar hasta el 29 y ver qué resuelve la Justicia.

"Es una maniobra la no comunicación"
"Es una maniobra la no comunicación de las leyes al Poder Ejecutivo". Así lo manifestó a LA GACETA el ex ministro de Gobierno Antonio Guerrero, al referirse a la tardanza de la Cámara en remitir las normas que fueron sancionadas por pedido del gobernador electo, José Alperovich.
Si bien Guerrero no quiso dar los nombres de quienes considera involucrados en su denuncia, quien tiene la responsabilidad de enviar el paquete de leyes es el vicegobernador Sisto Terán.
Según el dirigente peronista se intenta evitar que el actual PE considere las leyes y que pasen para ser analizadas por la nueva gestión, que asumirá en 11 días. "Si no, no se explica por qué se comunicó la Ley de Presupuesto, que se trató en una sesión posterior a la de la sanción de las polémicas normas", añadió.
Además, remarcó que esto se produce porque hay un vacío en la reglamentación legislativa. "No hay disposiciones que estipulen los términos de la notificación, eso es lo que posibilita esta maniobra", acotó. El jefe de campaña del Frente Fundacional por el Cambio espera que la nueva Legislatura llene ese vacío legal.
Guerrero estima que esta situación irregular, por la demora en la comunicación, puede derivar en planteos en la Justicia.