Librarán un oficio a Córdoba por Menéndez

El juez federal Jorge Parache debe resolver cuándo y de qué modo interrogará a Luciano Benjamín Menéndez, detenido en Córdoba. Inicialmente, había dispuesto que el militar retirado debía prestar declaración indagatoria en la causa por la desaparición del ex senador provincial del peronismo, Guillermo Vargas Aignasse, pero la citación nunca fue efectuada.
El miércoles, Parache dispuso la detención de los seis imputados en la causa (Antonio Bussi, Menéndez, Arturo González Naya, Antonio Arrechea, Marcos Hidalgo y Fernando Oviedo). Esta medida fue solicitada la semana pasada por el fiscal federal general Antonio Gómez, en virtud de lo establecido por el artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación (autoriza la detención de los acusados para que presten declaración indagatoria).
Menéndez cumple arresto domiciliario en el barrio Bajo Palermo de Córdoba por orden de la jueza federal número III de esa provincia, Cristina Garzón de Lascano, que lo investiga por el presunto fusilamiento de cinco personas en 1977.
Parache debe resolver si pedirá el traslado de Menéndez a Tucumán para que comparezca en su despacho o si le enviará un cuestionario a su colega con las preguntas que desea hacerle al militar sobre su responsabilidad en el III Cuerpo del Ejército al comienzo del gobierno de facto.
El magistrado también debe decidir sobre las nuevas citaciones de los otros imputados.

Cuestionan la competencia
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tiene que responder al pedido de Bussi, quien considera que aquel -y no Parache- es el competente para actuar.
Si el Consejo cuestiona la competencia del juez federal, este debe decidir si se inhibe o si sigue actuando. Si acepta la eventual posición militar, deberá remitirle el expediente; si la objeta, tendrá que resolver un cuerpo judicial superior que sería la Corte Suprema de la Nación.
Parache reivindicó su competencia en la resolución por la cual dispuso la declaración indagatoria de Bussi. En esa oportunidad, consideró que no correspondía la intervención ni de un juez militar ni de la Cámara Federal de Apelaciones.

Reclaman que se investigue otra desaparición
La detención de Antonio Bussi animó a los familiares de muchas víctimas del Proceso militar. Alicia Marta Montenegro solicitó al juez federal Jorge Parache que investigue la desaparición de su esposo, el ex senador provincial justicialista Damián Márquez, ocurrida el 13 de enero de 1977. También requirió que se cite a que declare como imputado Bussi, por entonces gobernador de facto.
Con el patrocinio del abogado Juan Roberto Robles, quien asumirá como legislador el 29 del corriente, la mujer recordó que su marido caminaba por la esquina de avenida Colón y Las Piedras cuando fue interceptado por personal de las fuerzas de seguridad. "Desde entonces se encuentra en calidad de desaparecido forzoso", aseveró.

Posición de la ONU
Montenegro y su hijo, Jorge Raúl Márquez, al solicitar que se les conceda el rol de querellantes, señalaron que la Organización de las Naciones Unidas calificó las desapariciones como delito de lesa humanidad. También destacaron que la anulación, por parte del Congreso, de las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final -que además, fueron declaradas inconstitucionales por Parache- permite avanzar con la investigación. "Se puso fin a la impunidad que impedía el castigo de los responsables de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado", concluyeron.