Por Redacción Política
17 Octubre 2003
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Se levantó a las 8.30 para recibir, media hora después, a su esposa Josefina Bigolio. Con ella compartió el desayuno y leyó el diario; al mediodía almorzaron juntos. Antonio Bussi pasó el segundo día de detención alojado en el pabellón del Casino de Oficiales, dentro del Liceo Militar Gregorio Aráoz de La Madrid, ubicado en Italia al 2.400. Durante el período que dure su detención, el intendente electo recibirá cada mañana la visita de un médico del Liceo que controlará su estado de salud. Ayer el mayor Mena fue el encargado de realizar el chequeo correspondiente. Según pudo constatar LA GACETA, Bussi no presentó ningún problema y tampoco está medicado.
El titular de Fuerza Republicana se mantuvo informado sobre la marcha de la campaña electoral partidaria (el candidato a senador Ricardo Bussi encabezó ayer una caravana proselitista por la capital). Incluso, a media mañana, el postulante a diputado nacional Ricardo Lix Klett lo visitó en su lugar de detención para anunciarle que se dirigía a Burruyacu, donde realizaría reuniones partidarias.
La alimentación
El general (r) no tiene contacto con los cadetes de la institución militar, ni está autorizado a participar en la ceremonia de izamiento de la Enseña nacional (todos los días a las 7.30 en el patio central) por su condición de detenido.
La alimentación de Bussi está a cargo del personal del Ejército, aunque puede recibir obsequios de sus visitantes. También puede recibir llamadas telefónicas, pero no puede transitar por los pasillos, ni por los patios del predio.
La seguridad
El ex gobernador prefirió no mantener diálogo con la prensa -al menos por ahora- y sólo se limitó a recibir las visitas de sus familiares y allegados (durante el día de ayer llegaron entre 15 y 20 personas).
Por disposición de seguridad en el Liceo Militar se ordenó al personal de guardia que cada visitante deberá informar sus datos personales y cuánto tiempo permanecerá con Bussi.
El director del Liceo, coronel Enrique Stell, aseguró que la llegada de Bussi en calidad de detenido, por orden del juez federal Jorge Parache, no alteró la rutina de la institución militar."El general (por Bussi) tiene el comportamiento de un caballero, que corresponde a su rango militar, y nosotros seguimos adelante con nuestras obligaciones cotidianas", explicó.
Pedirían a la Justicia que no declare acéfala la intendencia
Los equipos jurídicos de Fuerza Republicana (FR) trabajan en la presentación judicial que harán para defender lo que consideran la potestad de Antonio Bussi de ejercer el cargo de intendente de esta capital.
Los republicanos esperarán hasta el 29 del corriente para recurrir a la Justicia. Hasta ese día tiene plazo el juez federal Jorge Parache para decidir si procesa -con prisión preventiva- o sobresee a Bussi por la desaparición, en 1976, del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse. El 30 del corriente el intendente electo debería asumir.
Si el ex gobernador continúa detenido, plantearán que la imposibilidad fáctica de asumir -por la detención que cumple en el Liceo Militar- no afecta su derecho político consagrado en las urnas. Para ello presentarían una acción de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se ordene al Concejo Deliberante y al Poder Ejecutivo que respeten aquella potestad. Solicitarían una medida de no innovar para que no se decrete la acefalía en el cargo, ni se llame a nuevas elecciones.
De prosperar el planteo, el titular del Concejo Deliberante asumiría interinamente la conducción municipal hasta que se resuelva la situación procesal de Bussi. Los republicanos invocarían la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), donde se establece que sólo se pierden los derechos políticos si media una condena penal firme.
Por el momento, Bussi es asistido por la prosecretaria letrada de la Defensoría Oficial Federal, María Antonia Molina de González Olazo, quien subroga en este caso a la titular, Graciela Fernández Vecino.
El ex gobernador puede reemplazarla en cualquier instancia. Los asesores del titular de FR adelantaron que no recusarán a Parache ni al fiscal federal Emilio Ferrer.
El titular de Fuerza Republicana se mantuvo informado sobre la marcha de la campaña electoral partidaria (el candidato a senador Ricardo Bussi encabezó ayer una caravana proselitista por la capital). Incluso, a media mañana, el postulante a diputado nacional Ricardo Lix Klett lo visitó en su lugar de detención para anunciarle que se dirigía a Burruyacu, donde realizaría reuniones partidarias.
La alimentación
El general (r) no tiene contacto con los cadetes de la institución militar, ni está autorizado a participar en la ceremonia de izamiento de la Enseña nacional (todos los días a las 7.30 en el patio central) por su condición de detenido.
La alimentación de Bussi está a cargo del personal del Ejército, aunque puede recibir obsequios de sus visitantes. También puede recibir llamadas telefónicas, pero no puede transitar por los pasillos, ni por los patios del predio.
La seguridad
El ex gobernador prefirió no mantener diálogo con la prensa -al menos por ahora- y sólo se limitó a recibir las visitas de sus familiares y allegados (durante el día de ayer llegaron entre 15 y 20 personas).
Por disposición de seguridad en el Liceo Militar se ordenó al personal de guardia que cada visitante deberá informar sus datos personales y cuánto tiempo permanecerá con Bussi.
El director del Liceo, coronel Enrique Stell, aseguró que la llegada de Bussi en calidad de detenido, por orden del juez federal Jorge Parache, no alteró la rutina de la institución militar."El general (por Bussi) tiene el comportamiento de un caballero, que corresponde a su rango militar, y nosotros seguimos adelante con nuestras obligaciones cotidianas", explicó.
Los equipos jurídicos de Fuerza Republicana (FR) trabajan en la presentación judicial que harán para defender lo que consideran la potestad de Antonio Bussi de ejercer el cargo de intendente de esta capital.
Los republicanos esperarán hasta el 29 del corriente para recurrir a la Justicia. Hasta ese día tiene plazo el juez federal Jorge Parache para decidir si procesa -con prisión preventiva- o sobresee a Bussi por la desaparición, en 1976, del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse. El 30 del corriente el intendente electo debería asumir.
Si el ex gobernador continúa detenido, plantearán que la imposibilidad fáctica de asumir -por la detención que cumple en el Liceo Militar- no afecta su derecho político consagrado en las urnas. Para ello presentarían una acción de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se ordene al Concejo Deliberante y al Poder Ejecutivo que respeten aquella potestad. Solicitarían una medida de no innovar para que no se decrete la acefalía en el cargo, ni se llame a nuevas elecciones.
De prosperar el planteo, el titular del Concejo Deliberante asumiría interinamente la conducción municipal hasta que se resuelva la situación procesal de Bussi. Los republicanos invocarían la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), donde se establece que sólo se pierden los derechos políticos si media una condena penal firme.
Por el momento, Bussi es asistido por la prosecretaria letrada de la Defensoría Oficial Federal, María Antonia Molina de González Olazo, quien subroga en este caso a la titular, Graciela Fernández Vecino.
El ex gobernador puede reemplazarla en cualquier instancia. Los asesores del titular de FR adelantaron que no recusarán a Parache ni al fiscal federal Emilio Ferrer.
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