Parache tiene 10 días para resolver si ordena la prisión preventiva de Bussi

"Mi eterna compañera ha sido la adversidad, así que ustedes no se detengan. Que Ricardo (Bussi) siga con la campaña y usted llame con urgencia a una reunión de gabinete municipal". Esta orden le dio ayer Antonio Bussi a Pablo Calvetti cuando se enteró de que el juez federal Jorge Parache había dispuesto su detención por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976.
Como es su costumbre, Antonio Bussi llegó ayer temprano (a las 7.45) a los Tribunales Federales. Media horas antes lo había hecho el concejal electo de Fuerza Republicana (FR), Javier Morof. Este presentó en el juzgado una copia de la presentación que efectuaron en Buenos Aires para que la causa sea girada al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas.
Una hora después llegaron el denunciante Rodolfo Vargas Aignasse (hermano del senador desaparecido) y su abogado patrocinante, Juan Roberto Robles. En el pasillo se cruzaron, sin saludarse, con el yerno de Bussi, Héctor D?Amico. A esa hora, en la puerta de los Tribunales ubicados en Las Piedras al 400 comenzaron a congregarse militantes de organismos defensores de los derechos humanos.
Parache giró el planteo de Bussi al fiscal federal Emilio Ferrer, quien opinó que no correspondía derivar la causa. El juez se habría limitado a conocer la pretensión del titular de FR -quería que Parache se inhiba de actuar-, porque la semana pasada ya había reivindicado su competencia para intervenir en el caso.
La audiencia convocada para que el militar retirado preste declaración como imputado comenzó a las 12.30, pero a esa hora Bussi ya sabía que el magistrado había ordenado su detención. Pese a que estaba rodeado de abogados, el ex gobernador solicitó un defensor oficial (fue designada María Antonia Molina de González Olazo). "Esto es lo mismo que en 1984", le susurró Bussi a Calvetti cuando le leyeron los cargos. Luego, manifestó que no prestaría declaración por considerar que Parache no era competente, sino un juez militar. También insistió en que la causa estaba prescripta desde hacía 28 años, y que los actos que se le imputan los realizó en el marco de una guerra y por orden expresa de gobierno constitucional (el de Isabel Martínez de Perón).
Por su edad, Bussi solicitó que se le conceda el beneficio del arresto domiciliario; mientras tanto se le permitió que permanezca alojado en el Liceo Militar Gregorio Aráoz de La Madrid.
El juez tiene 10 días hábiles para decidir si dispone el procesamiento -y la prisión preventiva- o el sobreseimiento del titular de FR. El vencimiento de ese crucial fallo coincide con la fecha (29 de este mes) en que concluyen los mandatos provinciales.

Maniobra de distracción
Con el objetivo de evitar un contacto de Bussi con los dirigentes de Derechos Humanos que lo esperaban afuera, se montó un operativo de distracción que protagonizó Pablo Calvetti. A las 15,15 el dirigente de FR recibió huevazos e insultos, mientras Bussi salía por otra puerta, aunque algunos manifestantes lo detectaron -en ese momento- y comenzaron a insultarlo.