Podrían otorgarle la libertad a Chimale

El empresario Oscar Víctor Chimale, detenido el sábado cuando circulaba en un BMW 328 cabriolé con sus números de serie aparentemente adulterados, quedaría en libertad hoy, aunque continuaría imputado por el delito de falsificación de instrumento público.
El hombre, dedicado a la venta y la reparación de pasacintas, fue sorprendido por Gendarmería el sábado cuando circulaba en el costoso auto que, según el expediente, le habría costado sólo $ 50.000, cuando su precio de mercado supera los $ 100.000, según comentó un agenciero.
Chimale tenía -según se supo- como única documentación del rodado un boleto de compraventa y un oficio que lo designaba depositario judicial, firmado aparentemente por el prosecretario de la Fiscalía IV Hugo Tarifa, y no por el fiscal Héctor Abraham Musi, como se informó por error. Esto fue ratificado por el defensor de Chimale, el abogado Roberto Blasco.
Chimale tendría fuertes vínculos con miembros de los tres poderes del Estado, y lideró el sublema a concejales "Nueva esperanza peronista" en las elecciones de junio pasado.
Hay varios datos relacionados con Chimale que sorprendieron a los investigadores. Según trascendió, el domicilio del comprador que figura en el boleto de compraventa es un terreno baldío, y el certificado de verificación de la Policía de Tucumán está hecho a nombre de una tercera persona. La denuncia por estafa que hizo Chimale, mediante la que obtuvo la declaración de depositario judicial (en 48 horas y aparentemente sin verificar la procedencia del vehículo), se hizo 10 días después de la compra, cuando la Fiscalía IV estaba de turno.
El defensor de Chimale actuó en varias causas junto a Gustavo Morales, representante de Musi. El hecho de que el vehículo no haya sido adquirido en la empresa del otro empresario detenido, Pedro Tomas, hizo pensar a los investigadores que la presunta red sobre la que ellos están realizando averiguaciones tiene varias puntas.
Por otra parte, la Justicia ordenó la libertad provisoria del policía Pedro Miguel Hoyos, una de las personas que estaban imputadas a raíz de la presunta entrega de certificados en los cuales se advertía que los vehículos de Tomas no tenían impedimentos legales, aunque en realidad presentaban serias anomalías, dijeron los investigadores.

La Cámara analiza si Terán debe seguir investigando
El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y el Consejo de la Magistratura de la Nación tienen, desde ayer, una denuncia en contra del juez federal Felipe Terán, planteada por Gustavo Morales, defensor del cuestionado fiscal Héctor Abraham Musi, relacionadas con supuestas irregularidades en la investigación de las 4x4, en la liberación judicial de dineros acorralados y en un presunto enriquecimiento ilícito. La Cámara Federal de Apelaciones, en tanto, ordenó ayer la tramitación (producción) de la prueba ofrecida por Morales en el planteo de recusación con el que busca que Terán sea separado de la investigación por la entrega de certificados para que particulares pudieran circular en vehículos "mellizos" procedentes de robos o estafas.
Morales envió ayer dos cartas documento a Buenos Aires. En una le pide audiencia a Beliz para exponer los detalles sobre la denuncia que está preparando, en contra del magistrado que pretende interrogar a Musi por su supuesta participación en la maniobra irregular. Por ella están detenidos su subalterno Hugo Tarifa, el empresario Pedro Tomas y su cuñado Javier Abascal. En la otra, le informa al Consejo de la Magistratura acerca de las supuestas irregularidades en la entrega de fondos atrapados en el "corralito", supuesto hecho en el que Morales menciona como presuntos partícipes al secretario Horacio Argüello y la esposa de este, la abogada María Mockevich junto a su socia Ana Same.
También acusa a Terán de supuesto enriquecimiento ilícito durante su permanencia en Catamarca como juez federal, antes de llegar a Tucumán en 2001.
El juez Terán, a todo esto, prefirió mantenerse en silencio y no opinar sobre las acusaciones en su contra ni del trámite de recusación que se inició.
La Cámara de Apelaciones, presidida por Ernesto Clemente Wayar, empezó a analizar ayer las presentaciones en contra de Terán, y dispuso que se inicie la producción de pruebas. Tras reunir todos los elementos (no hay plazos), el tribunal decidirá si rechaza la recusación y si el juez debe ser separado de la investigación. Lo que ya estaría decidido es que la causa siga radicada en el fuero federal.