Recibo sobre recibo, los encargados de las finanzas de cada partido organizan sus papeles, suman y restan, y preparan el informe que deberán elevar en 48 horas a la Junta Electoral Nacional sobre los gastos realizados y los que proyectan realizar hasta el próximo 26, cuando se concrete la elección de diputados y senadores nacionales.
Esta es la primera vez que se debe elevar un informe de esta naturaleza a los encargados locales de supervisar los comicios, en aplicación de la ley de Financiamiento Político, que tiene poco más de un año de vigencia.
Las rendiciones de cuentas deberán ser entregados al cuerpo que integran el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Ernesto Clemente Wayar; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Antonio Gandur; y el juez federal con competencia electoral, Jorge Parache.
La Junta Electoral Nacional difundirá cuánto le costó la campaña a cada partido o frente electoral. Por lo pronto, el techo de gastos fue fijado en poco más de $800.000 (un peso por votante habilitado en el padrón). Se descuenta que nadie efectuó semejante erogación. Todos los pagos deben estar sustentados en recibos oficiales y efectuados mediante cheques.
Todo bajo control
Dirigentes de distintas expresiones le quitaron dramatismo a esta nueva experiencia contable. "Nadie nos dió ni un peso, porque nunca hemos privilegiado a nadie. No tenemos ningún sponsor, y confiamos en que la gente nos colabore. El oficialismo, en cambio, puede ofrecerles cosas a las multinacionales, al juego y a las privatizadas", se quejó Gumersindo Parajón, candidato a senador del Frente Unión por Tucumán.
El Partido Obrero confió en sus militantes para bajar los costos. Daniel Blanco negó que las exigencias legales le hayan complicado sus rendiciones de cuentas, y afirmó que se sostienen "como siempre, con los aportes de los simpatizantes". "En otros partidos se paga para repartir volantes o pintar paredes. En nuestro caso, ese es un trabajo político, no mercenario", aclaró.
En el Frente del Encuentro Popular se aceptaron donaciones de hasta $ 1.000, según adelantó el diputado y candidato a la reelección, José Vitar. El parlamentario nacional sostuvo que "todo el manejo está registrado en recibos firmados, para que las cuentas sean transparentes", y desmintió que haya recibido aportes del Gobierno nacional. "Seremos muy celosos en fiscalizar el manejo de los fondos públicos y las dádivas a cargo del Estado, como la distribución de bolsones", destacó.
El legislador bussista Miguel Brito es el responsable financiero de Fuerza Republicana. "En esta campaña no vale la pena gastar mucho dinero, es austera, porque los candidatos son archiconocidos", aseveró. "Nos manejamos con recursos de los dirigentes y del partido, junto a los aportes que nos comenzó a enviar el Ministerio del Interior. El sistema legal es claro y contundente, todo debe tener su comprobante", concluyó el concejal electo.
FR pretende crear un seguro de desempleo
"Voy a impulsar la creación de un seguro de desempleo", afirmó ayer Ricardo Bussi respecto de sus prioridades en caso de acceder al cargo de senador nacional por Tucumán. El candidato republicano detalló que su iniciativa prevé descontar el 1% del salario de cada trabajador para conformar un Fondo Fiduciario que beneficie a los desempleados.
"El Banco Nación administrará ese fondo y podrá destinar hasta el 50% del capital acumulado para créditos hipotecarios a efectos de financiar actividades productivas de la industria, el agro y la pequeña y mediana empresa", precisó.
"El 50% restante del capital acumulado del fondo fiduciario será destinado a abonar a todo trabajador despedido una suma mensual equivalente al 50% del mejor salario obtenido, por el término de un año calendario a contar desde la fecha del despido", agregó el vicepresidente de Fuerza Republicana.
"Recuperar el índice de coparticipación"
El objetivo principal que se fijaron los candidatos a senadores y a diputados del Frente Fundacional por el Cambio es recuperar los índices coparticipables.
Con esa premisa trabajarán en el Congreso de la Nación quienes logren acceder a un escaño legislativo.
Además plantearon la necesidad de fortalecer el desarrollo económico de las producciones que son similares entre las provincias de la región. En ese marco mencionaron la producción de azúcar, citrus y tabaco. Los postulantes Julio Miranda, Stella Maris Córdoba (senadores) y Gerónimo Vargas Aignasse, Susana Díaz y Domingo Amaya (diputados) coincidieron en remarcar que la producción atrae a la generación de fuentes de trabajo, lo que redundará indefectiblemente en mejor salud y más educación para todos. Por esa razón, se dará impulso -dijeron- a las nuevas actividades productivas como la frutihorticultura y el cultivo del arándano.
El PO planteó romper relaciones con el FMI
"Otra vez, la política del Gobierno condena al país al atraso, y a los trabajadores, a una mayor miseria. Está a la vista que el acuerdo, por el cual ya se han pagado U$S 2.900 millones al FMI, y la promesa de abonar otro tanto en 2004, obligan al congelamiento de los salarios, y a una nueva coparticipación con reducción de las partidas destinadas a las provincias", detalló el dirigente Daniel Blanco, candidato a diputado por el Partido Obrero.
Cuestionó además el paquete de leyes que aprobó la Legislatura a pedido del gobernador electo, José Alperovich. "Pretenden acomodar a Tucumán a esos acuerdos ajustando el bolsillo de los trabajadores. El planteo complementario de una quita del 75% de la deuda en default es un robo de los aportes de los trabajadores a las AFJP. Hay que romper con el FMI, para destinar los recursos a obras, a un salario mínimo de $ 800 y a repartir las horas de trabajo", concluyó.
Esta es la primera vez que se debe elevar un informe de esta naturaleza a los encargados locales de supervisar los comicios, en aplicación de la ley de Financiamiento Político, que tiene poco más de un año de vigencia.
Las rendiciones de cuentas deberán ser entregados al cuerpo que integran el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Ernesto Clemente Wayar; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Antonio Gandur; y el juez federal con competencia electoral, Jorge Parache.
La Junta Electoral Nacional difundirá cuánto le costó la campaña a cada partido o frente electoral. Por lo pronto, el techo de gastos fue fijado en poco más de $800.000 (un peso por votante habilitado en el padrón). Se descuenta que nadie efectuó semejante erogación. Todos los pagos deben estar sustentados en recibos oficiales y efectuados mediante cheques.
Todo bajo control
Dirigentes de distintas expresiones le quitaron dramatismo a esta nueva experiencia contable. "Nadie nos dió ni un peso, porque nunca hemos privilegiado a nadie. No tenemos ningún sponsor, y confiamos en que la gente nos colabore. El oficialismo, en cambio, puede ofrecerles cosas a las multinacionales, al juego y a las privatizadas", se quejó Gumersindo Parajón, candidato a senador del Frente Unión por Tucumán.
El Partido Obrero confió en sus militantes para bajar los costos. Daniel Blanco negó que las exigencias legales le hayan complicado sus rendiciones de cuentas, y afirmó que se sostienen "como siempre, con los aportes de los simpatizantes". "En otros partidos se paga para repartir volantes o pintar paredes. En nuestro caso, ese es un trabajo político, no mercenario", aclaró.
En el Frente del Encuentro Popular se aceptaron donaciones de hasta $ 1.000, según adelantó el diputado y candidato a la reelección, José Vitar. El parlamentario nacional sostuvo que "todo el manejo está registrado en recibos firmados, para que las cuentas sean transparentes", y desmintió que haya recibido aportes del Gobierno nacional. "Seremos muy celosos en fiscalizar el manejo de los fondos públicos y las dádivas a cargo del Estado, como la distribución de bolsones", destacó.
El legislador bussista Miguel Brito es el responsable financiero de Fuerza Republicana. "En esta campaña no vale la pena gastar mucho dinero, es austera, porque los candidatos son archiconocidos", aseveró. "Nos manejamos con recursos de los dirigentes y del partido, junto a los aportes que nos comenzó a enviar el Ministerio del Interior. El sistema legal es claro y contundente, todo debe tener su comprobante", concluyó el concejal electo.
"Voy a impulsar la creación de un seguro de desempleo", afirmó ayer Ricardo Bussi respecto de sus prioridades en caso de acceder al cargo de senador nacional por Tucumán. El candidato republicano detalló que su iniciativa prevé descontar el 1% del salario de cada trabajador para conformar un Fondo Fiduciario que beneficie a los desempleados.
"El Banco Nación administrará ese fondo y podrá destinar hasta el 50% del capital acumulado para créditos hipotecarios a efectos de financiar actividades productivas de la industria, el agro y la pequeña y mediana empresa", precisó.
"El 50% restante del capital acumulado del fondo fiduciario será destinado a abonar a todo trabajador despedido una suma mensual equivalente al 50% del mejor salario obtenido, por el término de un año calendario a contar desde la fecha del despido", agregó el vicepresidente de Fuerza Republicana.
"Recuperar el índice de coparticipación"
El objetivo principal que se fijaron los candidatos a senadores y a diputados del Frente Fundacional por el Cambio es recuperar los índices coparticipables.
Con esa premisa trabajarán en el Congreso de la Nación quienes logren acceder a un escaño legislativo.
Además plantearon la necesidad de fortalecer el desarrollo económico de las producciones que son similares entre las provincias de la región. En ese marco mencionaron la producción de azúcar, citrus y tabaco. Los postulantes Julio Miranda, Stella Maris Córdoba (senadores) y Gerónimo Vargas Aignasse, Susana Díaz y Domingo Amaya (diputados) coincidieron en remarcar que la producción atrae a la generación de fuentes de trabajo, lo que redundará indefectiblemente en mejor salud y más educación para todos. Por esa razón, se dará impulso -dijeron- a las nuevas actividades productivas como la frutihorticultura y el cultivo del arándano.
El PO planteó romper relaciones con el FMI
"Otra vez, la política del Gobierno condena al país al atraso, y a los trabajadores, a una mayor miseria. Está a la vista que el acuerdo, por el cual ya se han pagado U$S 2.900 millones al FMI, y la promesa de abonar otro tanto en 2004, obligan al congelamiento de los salarios, y a una nueva coparticipación con reducción de las partidas destinadas a las provincias", detalló el dirigente Daniel Blanco, candidato a diputado por el Partido Obrero.
Cuestionó además el paquete de leyes que aprobó la Legislatura a pedido del gobernador electo, José Alperovich. "Pretenden acomodar a Tucumán a esos acuerdos ajustando el bolsillo de los trabajadores. El planteo complementario de una quita del 75% de la deuda en default es un robo de los aportes de los trabajadores a las AFJP. Hay que romper con el FMI, para destinar los recursos a obras, a un salario mínimo de $ 800 y a repartir las horas de trabajo", concluyó.







