Hubo retención de fondos en un plan alimentario

El Tribunal de Cuentas quiere determinar el destino y manejo de más de $ 1,7 millón del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA). Los fondos llegaron de la Nación entre mayo y junio pasados, y, en un relevamiento previo efectuado por el ente de control en la Secretaría de Estado de Desarrollo Humano, se detectaron anomalías en su utilización.
Para relevar todo el trámite, el Tribunal dispuso una comprobación sumaria en la Secretaría y en la Tesorería General de la Provincia, a través del acuerdo 1.290, firmado por Darío Domingo de Prada y Miguel Chaibén Terraf. Los miembros del Tribunal afirmaron que en la Tesorería General se produjo "la retención indebida de los fondos recibidos en concepto de la 5ª cuota del PEA". Esta situación se registró en distintas transferencias recibidas en la provincia, lo que constituye una violación al convenio firmado con la Nación sobre los plazos para la ejecución del programa.
"La mora se ha registrado como consecuencia de los incumplimientos incurridos tanto por la Tesorería como por la Secretaría a las leyes provinciales y a los acuerdos con la Nación. Se verifican asimismo serias irregularidades en lo que respecta a la disposición y aplicación de recursos", destacaron, sin abundar en las anormalidades.
El objetivo de la comprobación "es determinar y deslindar las responsabilidades emergentes de estos hechos, y si como consecuencia de ellos se han producido daños al erario".
El Tribunal designó a Marcelo Castelluccio (ex vocal de la Caja Popular de Ahorros) como abogado fiscal, para que eleve las conclusiones de su investigación en un plazo máximo de 60 días.
La entidad de contralor mencionó que no se respetó el artículo 7 de la ley 5.673, que determina que "los recursos destinados a cuentas especiales ingresarán a Tesorería General de la Provincia y serán depositados en la cuenta bancaria que corresponda dentro de los dos días hábiles siguientes de su percepción".

La causa federal
Mientras se abre esta nueva instancia sobre el manejo del PEA en este año, el fiscal federal Carlos Brito avanza en el último tramo de la determinación de las presuntas irregularidades cometidas en el plan durante 2002.
Brito sostiene que el canje automático del dinero en efectivo mandado por la Nación por Bocade, mediante la Caja Unica, incumplía el acuerdo y generaba un grave perjuicio económico. Por estos motivos, pediría que cite a declarar como imputados a quienes manejan esas cuentas.