Bussi espera que el fallo de la Corte le evite el juicio oral

A poco más de 15 días para que Antonio Bussi asuma como intendente de esta capital, la Corte Suprema de Justicia aún no resolvió una cuestión clave para el futuro del titular de Fuerza Republicana (FR). El alto tribunal debe decidir si hace lugar al recurso de queja por casación denegada que interpuso el militar retirado, en su afán por evitar un juicio oral por el presunto cobro de gastos reservados prohibidos por la Constitución provincial (peculado) cuando fue gobernador, entre 1995 y 1999.
De acuerdo con el Código Procesal Penal de la provincia la concesión (o no) de una queja debe resolverse en un plazo no mayor de cinco días a contar desde la interposición del recurso o de la recepción del expediente (en el caso de que se lo haya pedido al tribunal que dictó la resolución que motivó la queja).
La Corte quedó conformada para decidir la cuestión el 23 de setiembre pasado, cuando se sorteó y resultó elegido Julio Armando Espíndola Aráoz, vocal de la sala I de la Cámara Penal, para que integre el alto tribunal en esta causa. Ocurre que, por diferentes razones, tres de los cinco miembros de la Corte (Antonio Gandur, Héctor Eduardo Area Maidana y René Mario Goane) se excusaron de intervenir en el caso.
Espíndola Aráoz y los dos vocales de la Corte que no se excusaron, Alfredo Carlos Dato y Alberto José Brito, deben decidir si corresponde abrir el recurso de casación. Por medio de esta vía, el abogado del intendente electo, Cergio Morfil, pretende que se revise el fallo por el cual la sala VI de la Cámara Penal resolvió que el titular de FR y sus ex ministros Alberto Germanó (Gobierno), Franco Augusto Fogliata (Producción) y Ramón Nereo Arnedo (Hacienda) sean sometidos a un proceso oral y público.
Como la interposición de la queja no suspende el trámite, también se sorteó la sala penal de la Cámara Penal que, en caso de no ser abierta la casación, llevará adelante el juicio oral contra Bussi. El plenario, de realizarse, será sustanciado por la sala IV, que integran María del Pilar Prieto (presidenta), Silvia Castellote y Horacio Villalba.
Aunque en FR minimizan las consecuencias de una eventual negativa de la Corte, los organismos de derechos humanos consideran que, si no se abre la casación -en este caso sólo quedaría definir la fecha de inicio del juicio-, Bussi quedaría inhabilitado para ejercer el cargo de intendente. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que el jefe del Departamento Ejecutivo será suspendido si un juez considera que hay semiplena prueba de su responsabilidad en un ilícito.