El Tribunal de Cuentas está imposibilitado de emitir opinión sobre el manejo de los dineros públicos en las comunas rurales, durante 2002. Sólo dispone de ocho balances bimestrales, cuando debería contar con 558 resúmenes. Y de las 93 administraciones del interior, apenas siete cumplieron con parte de su obligación ante ese ente de control.
Las comunas deben elevar, cada dos meses, sus balances a la Dirección de Comunas Rurales, la que debe remitir copia al tribunal. Pero a este cuerpo sólo ingresaron dos balances de Choromoro (deberían haber sido seis) y uno de El Chañar; La Ramada y La Cruz; Los Ralos; Santa Lucía; San Pedro y San Antonio; y San Javier. Del resto de las comunas no hay ni un solo papel.
En cifras totales, el tribunal apenas pudo verificar el destino de menos de $500.000, frente a un global de $18 millones que distribuyó el Poder Ejecutivo entre las comunas durante el año pasado. El cuerpo aprobó la utilización de poco más de $200.000, mientras que todavía está siendo revisado el manejo de $276.000 y $9.000 fueron observados.
Esta situación irregular sobre la obtención de información fue planteada en el acuerdo 1.311 del tribunal, firmado el 30 de setiembre pasado por Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Chaibén Terraf. En sus considerandos, el ente de contralor remarcó que hay una incapacidad de la dirección para analizar y remitirle los cientos de cuentas en tiempo hábil.
Entre otros motivos, el tribunal consideró que hay una falta de personal en la repartición que conduce Julio Villavicencio. En esa dirección se acumulan los expedientes de 58 comunas, mientras que las otras 35 no le presentaron ni un solo balance.
Las comunas deben elevar, cada dos meses, sus balances a la Dirección de Comunas Rurales, la que debe remitir copia al tribunal. Pero a este cuerpo sólo ingresaron dos balances de Choromoro (deberían haber sido seis) y uno de El Chañar; La Ramada y La Cruz; Los Ralos; Santa Lucía; San Pedro y San Antonio; y San Javier. Del resto de las comunas no hay ni un solo papel.
En cifras totales, el tribunal apenas pudo verificar el destino de menos de $500.000, frente a un global de $18 millones que distribuyó el Poder Ejecutivo entre las comunas durante el año pasado. El cuerpo aprobó la utilización de poco más de $200.000, mientras que todavía está siendo revisado el manejo de $276.000 y $9.000 fueron observados.
Esta situación irregular sobre la obtención de información fue planteada en el acuerdo 1.311 del tribunal, firmado el 30 de setiembre pasado por Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Chaibén Terraf. En sus considerandos, el ente de contralor remarcó que hay una incapacidad de la dirección para analizar y remitirle los cientos de cuentas en tiempo hábil.
Entre otros motivos, el tribunal consideró que hay una falta de personal en la repartición que conduce Julio Villavicencio. En esa dirección se acumulan los expedientes de 58 comunas, mientras que las otras 35 no le presentaron ni un solo balance.







