Aval a las reformas en el Poder Judicial

Las reformas al Poder Judicial aprobadas recientemente por la Legislatura -que están en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación o veto- fueron respaldadas (a título personal) por el presidente de la Asociación de Magistrados, Augusto Avila, desde la óptica del mejor funcionamiento de los tribunales.
"El eje central de las diversas opiniones se orientó a los aspectos políticos de las normas sancionadas, según el interés de cada uno, pero nada se ha dicho acerca de los aspectos jurídicos. Esta polémica está altamente politizada, en momentos en que son indispensables reformas para el mejoramiento del sistema penal", destacó.
El dirigente avaló que se vuelva al sistema de una sola Cámara de Apelaciones en lo Penal, como rigió hasta 2000, pero consideró que sería saludable que fuera integrada por dos salas, con dos miembros cada una, para evitar que se produzca un cuello de botella en los cuestionamientos a las decisiones de los jueces de primera instancia.
El magistrado recordó que el proyecto sancionado hace pocos días reproduce el esquema creado en 1991, con motivo de la reforma introducida al Código Procesal Penal.
"Se estableció un régimen de competencias diferenciadas entre la actividad propiamente referida a las apelaciones de aquellas atinentes al juzgamiento oral de las causas elevadas a plenario. En 1995, una comisión integrada por la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, el Colegio de Abogados y las facultades de Derecho de la UNT y de la Unsta aconsejó mantener esa estructura organizacional, que fue modificada en 2000 con el afán de agilizar el trámite de las apelaciones", señaló.
Ese año, se dispuso que las siete salas de la Cámara Penal se encarguen tanto de las apelaciones como de los juicios orales. Avila consideró: "esta modificación trajo aparejado el problema del diferente criterio de interpretación entre las salas y produjo una diáspora de opiniones que han dificultado el accionar de las fiscalías y el ejercicio profesional de los abogados".
"El año pasado, una nueva comisión de estudio concluyó que esa reforma no había cumplido el objetivo de incidir en el número de causas elevadas a juicio oral, y aconsejó la vuelta al viejo sistema, ya que no existe en nuestro régimen procesal la jurisprudencia plenaria obligatoria, cuestión que tiene que ver con la seguridad jurídica", afirmó.

Poder para la Corte
El titular de los magistrados defendió también la ley que dispuso el recorte de facultades de superintendencia al ministro fiscal Luis de Mitri, y el pase de esas competencias a la Corte. El tribunal había delegado esas funciones por una simple acordada interna.
"Dentro del esquema regulado por la Constitución provincial, no existen dos cabezas del Poder Judicial. En Tucumán, el Ministerio Público Fiscal forma parte del Poder Judicial, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones y en el ámbito nacional. En esos sistemas, la cabeza es el Ministro o Procurador Fiscal, sin dudas", destacó.
Avila aclaró que, en otras provincias y en la Nación, el Ministerio Público no es independiente y autónomo, sino que depende del Poder Ejecutivo. "Estos temas son opinables, pero estimo necesario esclarecerlos desde una visión jurídica, desprovista de condimentos políticos", dijo.