Diálogo condicionado

Por Guillermo Villarreal
BUENOS AIRES.- "Estamos hartos. Si no hay cambios y no se terminan las promesas, no seguiremos prestando el ámbito espiritual para el diálogo, o por lo menos como lo veníamos haciendo".
La lapidaria frase pertenece a un encumbrado prelado, que sintetizó de ese modo el malestar que prima en los ambientes eclesiásticos por la cerrazón de la clase política ante el cuadro de disolución social y sus imprevisibles consecuencias. Tal es el tedio por las formas "inmorales" de actuar en la vida pública y los "irritantes" privilegios de la clase dirigente, que el cuerpo colegiado debió frenar el impulso de los delegados episcopales de abandonar la mesa coordinadora del Diálogo Argentino.
A pesar de que la ruptura no se concretó y se les renovó la confianza para que sigan, lo cierto es que tanto monseñor Jorge Casaretto (San Isidro) como Ramón Staffolani (Río Cuarto) y Juan Carlos Maccarone (Santiago del Estero) amagaron con irse o por lo menos sugirieron la necesidad de un recambio de nombres.
Empero la permanencia de la Iglesia en el proceso, convocado el 14 de enero por el presidente Eduardo Duhalde, quedó condicionada a que las cosas giren 180 grados.
Sobre todo a que los consensos mínimos alcanzados por el equipo dialoguista -que también integran representantes del gobierno y técnicos de las Naciones Unidas- se traduzcan rápidamente en medidas concretas con ratificación parlamentaria.
Si bien la contención social de la masa de argentinos por debajo de la línea de pobreza o en situaciones más que apremiantes es prioridad para los obispos, también reclaman que se erradique la corrupción en la vida política, se revierta la evasión impositiva de las grandes corporaciones y se encare la "postergada" reforma del Estado.
Así lo ratifican en el documento "Para que renazca el país" donde, sin la habitual dialéctica religiosa, instan a los tres poderes a encarar una "severa" reforma política y del Estado si se pretende consolidar la transición gobernante y sacarle el freno a un país paralizado -según dijeron- por la falta de acuerdos para dar una respuesta apropiada a la "gravedad de la crisis terminal".
No conformes con esta petición, los prelados fueron más lejos todavía al exigir la "reparación de todo daño ocasionado (a la sociedad) y restituir todo lo que se haya obtenido ilícitamente".
Hasta le apuntaron elípticamente a dos privilegios que, aunque "legales", consideran "injustos e inmorales": Las jubilaciones de privilegio que tardan en derogarse y el no pago del impuesto a las ganancias por parte de jueces e integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
La pasividad y escasa representatividad dirigencial llevó a justificar de algún modo las nuevas formas de protesta social (escraches, cacerolazos, piquetes), aunque sin antes advertir sobre aquellas que "hieren los derechos de terceros y pueden desembocar en un ambiente de anarquía generalizada".
Además de poner en tela de juicio las medidas económico-financieras de los últimos meses -devaluación, corralito, alza de precios y pérdida de las fuentes de trabajo-, el Episcopado ratificó su permanencia en la iniciativa plural para restituir la idea de bien común y alcanzar políticas de Estado de largo alcance.
"La mesa está apunto de firmar acuerdos básicos fundamentales", sentenció el secretario general, monseñor Guillermo Rodríguez-Melgarejo, para disipar cualquier tipo de dudas en este sentido.
No obstante estar buscando mecanismos de extensión y socialización del diálogo, para no que no seguir apareciendo como un apéndice del gobierno.
Otra cuestión muy distinta, sobre la cual no hay consenso interno, es la deuda externa o la apremiante urgencia de créditos para salir del esquema recesivo y hacer "sustentable" el plan económico de Jorge Remes Lenicov.
La mayoría opina que el FMI es co-responsable de la crisis argentina, por lo que debe otorgar fondos -más allá de los lógicos requerimientos de transparencia- para evitar el "peligro de enfrentamientos sociales".
Son los mismos que platean la necesidad de "cierto alivio" frente a los compromisos asumidos, hoy impagables (la Argentina ya entró en default) por los "signos dramáticos de una creciente pobreza". En una línea intermedia están aquellos que sienten "verguenza" de la visión que la banca internacional tiene de los argentinos, sobre todo del apelativo de "corruptos" que parece haberse generalizado, según admitió el secretario ejecutivo de la Pastoral Social, monseñor Artemino Staffolani (Río Cuarto).
"Esto no es nuevo. Recuerdo que hace algunos años alguien -que luego identificó como el secretario de (Michel) Camdessus- ya se había referido a los argentinos como vagos, tramposos y ladrones", reveló el prelado cordobés con resignación.
Otros en cambio son más reacios a que las negociaciones con los organismos multilaterales de crédito aparezcan como una súplica, porque creen -por eso rechazan las presiones- que la deuda ya se pagó con creces, y realizan gestiones personales para forzar un dictamen consultivo al Tribunal Internacional de La Haya (Holanda) sobre su legitimidad ética y jurídica.
El problema, a entender de monseñor Héctor Aguer (Aguer), es que el empréstito "amenaza caer como una pesada lápida sobre nosotros sepultando el propósito y deber de constituir efectivamente una nación libre".
"Ya puede adivinarse efectivamente la inscripción mortuoria: Aquí yace la República Argentina. Vivió pagando, murió debiendo", sentenció oportunamente el prelado platense ironía mediante.(DYN)