Las 93 comunas rurales aún deben la rendición de cuentas de 2002

Las comunas rurales se han transformado desde hace tiempo en una especie de agujero negro de las finanzas provinciales, y es extremadamente difícil determinar el destino de los fondos que reciben. La falta de rendiciones de cuentas impide que el Estado ejerza el debido control sobre millones de pesos que fueron girados a esas administraciones.
La Dirección General de Comunas Rurales, oficina del Poder Ejecutivo a cargo de Julio Villavicencio, debe recibir balances bimestrales de cada una de esas 93 administraciones, atento a lo dispuesto por la Ley 5.616. Luego de un visado contable, copia de esos resúmenes de ingresos y egresos tienen que ser remitidas por esa repartición al Tribunal de Cuentas para un control cruzado de los dineros públicos.
Pero ocurre que el Tribunal no tiene la información completa de 2002 (seis balances bimestrales) de ninguna de las 93 comunas. De 86 dependencias del interior no tiene ni un solo papel.
El panorama en la Dirección de Comunas Rurales no es mucho más alentador. De las 93 administraciones, 35 no remitieron ninguna clase de información sobre en qué se gastaron los recursos públicos (representan el 39% del total), y sólo 13 (14%) acercaron los seis balances.
Analizando a las comunas en general, no se elevó al Poder Ejecutivo el 64% de los balances bimestrales de 2002 exigidos por ley (son 352 sobre 558); la oficina conducida por Villavicencio recibió el 35% (198); y el Tribunal apenas el 1% (8). La Dirección es la responsable final de que el Tribunal cuente con los balances.

Una larga historia
La situación irregular fue aún más grave en el ejercicio financiero del año pasado, y se vino repitiendo en los últimos 10 años auditados. Entre 1992 y 2002, las comunas no remitieron al PE el 26% de esos balances (faltan 1.574 sobre 6.138 en total). La Dirección tiene el 55% de todos los resúmenes (3.383) y el Tribunal apenas el 19% (1.181). En el reciente acuerdo 1.311, del 30 de setiembre, el ente de contralor destacó que el capítulo referido a las comunas sólo consiste en la descripción de "un estado no monetario, dado que no se conocen los importes manejados".
Con estas cifras en su poder, el Tribunal reclamó al Gobierno que se tomen los recaudos necesarios a través de la la Contaduría General para poder disponer de la información faltante. "Como puede apreciarse, el área critica es la Dirección de Comunas Rurales, que tiene más de la mitad de los estados de cuentas. Las comunas se encuentran bastante atrasadas en las rendiciones de los períodos corrientes, lo que, sumado al arrastre de ejercicios anteriores, genera una crisis en una Dirección que no posee el personal suficiente para superarla.
Se recomienda al Poder Ejecutivo tomar las medidas correctivas para poder regularizar la situación", se destacó. Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Terraf consideraron que deberían imponerse medidas sancionatorias administrativas para los morosos por aparte de los Juicios de Cuentas o de Responsabilidad que puede arbitrar el Tribunal.