Por Redacción Política
09 Octubre 2003
Seguir en 
La suspensión de la sesión legislativa tuvo motivos que no trascendieron en la justificación oficial. El discurso fue que la convocatoria al recinto se levantó por la movilización gremial contra el paquete de leyes sancionado el viernes pasado, pero también hubo otros hechos que incidieron en la decisión. Oficialistas reconocieron que en la postergación incidieron las profundas y silenciosas diferencias que mantiene el bloque peronista con el gobernador Julio Miranda.
Una de las manifestaciones de esos roces está expresada en la creciente resistencia de los justicialistas a aprobar el Presupuesto 2003. La queja surgió por el cambio de destino de numerosas partidas de un área a otra, que sirvieron para atender gastos políticos, de las cuales aún no fue informada fehacientemente la comisión de Hacienda. Al mismo tiempo, existirían cientos de nombramientos en todas las reparticiones del Gobierno (administración centralizada y descentralizada), que incrementan la partida de gastos de personal sin conocimiento legislativo.
La demora en aprobar el Presupuesto comenzó a repercutir en distintas oficinas, que ya agotaron los recursos que tenían disponibles y necesitan la ley para ampliar sus fondos o poder hacer transferencias de otras reparticiones. En este momento, esos pases de dinero estarían limitados a su mínima expresión.
Veto o promulgación
Los oficialistas también resolvieron postergar la sesión en un juego de estrategias con el propio Miranda. La posibilidad de que el gobernador vete las leyes sancionadas el viernes a pedido de José Alperovich puso en vilo al PJ parlamentario. Las normas todavía no fueron notificadas al PE. Ante la eventualidad de un veto, varios oficialistas y algunos de sus aliados podrían insistir con la promulgación de las leyes de Alperovich. Una vez que el mandatario tenga en su poder las leyes dispondrá de 10 días hábiles para resolver la aprobación o el rechazo. Se calcula que consumirá casi todo ese plazo para resolver un posible veto y así restringir la posibilidad de una reacción.
Una de las manifestaciones de esos roces está expresada en la creciente resistencia de los justicialistas a aprobar el Presupuesto 2003. La queja surgió por el cambio de destino de numerosas partidas de un área a otra, que sirvieron para atender gastos políticos, de las cuales aún no fue informada fehacientemente la comisión de Hacienda. Al mismo tiempo, existirían cientos de nombramientos en todas las reparticiones del Gobierno (administración centralizada y descentralizada), que incrementan la partida de gastos de personal sin conocimiento legislativo.
La demora en aprobar el Presupuesto comenzó a repercutir en distintas oficinas, que ya agotaron los recursos que tenían disponibles y necesitan la ley para ampliar sus fondos o poder hacer transferencias de otras reparticiones. En este momento, esos pases de dinero estarían limitados a su mínima expresión.
Veto o promulgación
Los oficialistas también resolvieron postergar la sesión en un juego de estrategias con el propio Miranda. La posibilidad de que el gobernador vete las leyes sancionadas el viernes a pedido de José Alperovich puso en vilo al PJ parlamentario. Las normas todavía no fueron notificadas al PE. Ante la eventualidad de un veto, varios oficialistas y algunos de sus aliados podrían insistir con la promulgación de las leyes de Alperovich. Una vez que el mandatario tenga en su poder las leyes dispondrá de 10 días hábiles para resolver la aprobación o el rechazo. Se calcula que consumirá casi todo ese plazo para resolver un posible veto y así restringir la posibilidad de una reacción.
Lo más popular
Ranking notas premium
