Un legislador electo podría afrontar un juicio federal

José Teri, legislador electo por el justicialismo, está cerca de enfrentar un juicio oral correccional en la Justicia Federal. Se le imputan cortes en rutas nacionales y protestas realizadas por el Sindicato del Personal de la Dirección de Vialidad, que él conduce.
Teri intentó evitar que lo sentaran en el banquillo. Por eso recurrió la sentencia por la cual el juez federal Jorge Parache ordenó la elevación a juicio de la causa. Pero el planteo no prosperó, motivo por el que quedó firme la decisión de primera instancia.
Los juicios por delitos sancionados con penas superiores a los tres años de prisión (los denominados criminales) son sustanciados por el Tribunal Oral Federal. Pero las denominadas causas correccionales (con condenas de hasta tres años de prisión) deben ser realizados ante el propio juez federal. Este sería el caso de Teri, porque se le imputa la figura establecida en el artículo 194 del Código Penal (entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra y de los servicios públicos de comunicación), que prevé entre tres meses y dos años de prisión.
Habiendo quedado firme el auto de elevación a juicio, Teri tiene dos alternativas para sortear el proceso oral. La primera es solicitar un juicio penal abreviado, reconocer el supuesto delito cometido y acordar con el fiscal actuante una pena. La otra variante es pedir la probation. Por medio de esta variante queda suspendida la causa, a cambio de que el imputado desarrolle tareas comunitarias durante un tiempo y repare el daño causado. Esto, no obstante, no implica confesión o reconocimiento expreso de culpa alguna.

Hace cuatro años
El tiempo juega a favor del gremialista electo legislador. Dentro de 20 días asumirá y contará con fueros. Además, la Ley Electoral Nacional y la Constitución tucumana exigen que haya una condena penal firme para que una persona consagrada (en este caso como parlamentaria) no pueda asumir. De hecho el artículo 38, inciso 7 de la Carta Magna establece que no puede ser elector ni elegido quien sufra pena hasta que esta sea cumplida.
A Teri se le imputa haber interrumpido el tránsito en la ruta nacional 157, intersección con la 323, en el paraje conocido como El Cruce (Río Colorado), el 2 de setiembre de 1999, cuando encabezó una marcha del personal de la DPV. Los trabajadores protestaban por un proyecto que preveía la ampliación de la Ley de Emergencia Económica hasta este año.