El secretario General de la Gobernación, Ronal Bradis Troncoso, debió renunciar hoy a su cargo, luego de un durísimo enfrentamiento con la cúpula del Poder Judicial provincial.Es que el ahora ex funcionario había descalificado al ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, al afirmar que "no tiene aptitudes ni cualidades para ser consultado", en torno a las polémicas leyes sancionadas el viernes pasado y que modificaron la estructura interna delos Tribunales.Esta es la primera repercusión pública sobre la polémica sesión de la Legislatura, que aprobó normas resistidas por gremios y organizaciones no gubernamentales, los que mañana harán una marcha multitudinaria por la capital tucumana para rechazar estas medidas.La dimisión de Troncoso fue pedida hoy desde diversos sectores de la comunidad, mientras De Mitri denunció que, desde sectores políticos cercanos al gobernador electo José Alperovich, se pretendía su cargo y acusó al ex secretario de operar para su destitución."Está enrolado en un equipo que procura, desde la oscuridad, ocupar este Ministerio Público Fiscal", sostuvo.Además, el presidente alterno de la Corte tucumana, René Goane, pidió al gobernador Julio Miranda que intervenga en este asunto y que evita nuevos incidentes en el futuro.El ex funcionario no aclaró si el mandatario le había pedido la renuncia, sólo se limitó a señalar que se iba del Gobierno por decisión propia.Troncoso es tucumano de nacimiento, pero vivió muchos años afuera. Regresó a la provincia con la intervención federal de Julio César Aráoz (1991) y en esta gestión fue representante de la provincia en la Capital Federal.Pero, según fuentes gubernamentales, el caso De Mitri no fue el único cortocircuito en el gabinete.Ayer, el propio Troncoso había avalado las leyes sancionadas por la Cámara, mientras que Miranda se inclinaba por vetar algunas normas conflictivas, que apuntan, precisamente, a los cambios en Tribunales, indicaron las fuentes.Encima, mañana, el gobierno enfrentará una jornada de protesta y movilización, con clases suspendidas, organizada por los sindicatos estatales en contra de las normas que afectan la estabilidad de los empleados públicos y sobre las cuales exigen el veto de Miranda.







