El director de Transporte y Comercio Interior de la provincia, Enrique Romero, le ganó la partida al ex fiscal anticorrupción Esteban Jerez. La jueza de Instrucción de la II Nominación, Emma de Nucci, sobreseyó al funcionario en la causa en la que el ahora político lo investigó por la supuesta comisión de estafa a raíz de una compra directa de cinco camionetas para la repartición.
La magistrada también desvinculó definitivamente de la causa a Pedro Gustavo Soria, Luis Marín, Luis Nieva, José Félix Sosa, Francisco Godoy y Juan Angel Sosa. A los dos primeros Jerez les imputó falsificación de instrumento público. A los otros los acusó de abuso de autoridad y de violación de los deberes de funcionario público.
El ex fiscal sostenía que la compra de vehículos Mitshubishi a la empresa Alfacar había sido efectuada en forma irregular y arbitraria tras haberse rechazado una oferta más barata, incluso, de la firma Grúas San Blas por camionetas Tata.
De Nucci consideró que no hubo ninguna maniobra dolosa. "El fiscal basó su postura en presunciones, sin ningún tipo de pruebas periciales o testimoniales que sirvan de base para su acusación. Jerez no demostró que las camionetas Tata tengan antecedentes en la plaza, además de la misma calidad del producto adquirido, y que el mantenimiento y los repuestos sean fáciles de conseguir. Se olvida de la experiencia sufrida y conocida por todos los operadores del sistema penal por la compra de autos Dacia para la Policía", recordó.
La jueza aseveró que Jerez no cumplió con el deber de investigar todos los hechos y circunstancias. "Además, nunca se realizó la operación antes de la fecha del decreto del gobernador Julio Miranda, como lo señala el ex fiscal", concluyó.
La magistrada también desvinculó definitivamente de la causa a Pedro Gustavo Soria, Luis Marín, Luis Nieva, José Félix Sosa, Francisco Godoy y Juan Angel Sosa. A los dos primeros Jerez les imputó falsificación de instrumento público. A los otros los acusó de abuso de autoridad y de violación de los deberes de funcionario público.
El ex fiscal sostenía que la compra de vehículos Mitshubishi a la empresa Alfacar había sido efectuada en forma irregular y arbitraria tras haberse rechazado una oferta más barata, incluso, de la firma Grúas San Blas por camionetas Tata.
De Nucci consideró que no hubo ninguna maniobra dolosa. "El fiscal basó su postura en presunciones, sin ningún tipo de pruebas periciales o testimoniales que sirvan de base para su acusación. Jerez no demostró que las camionetas Tata tengan antecedentes en la plaza, además de la misma calidad del producto adquirido, y que el mantenimiento y los repuestos sean fáciles de conseguir. Se olvida de la experiencia sufrida y conocida por todos los operadores del sistema penal por la compra de autos Dacia para la Policía", recordó.
La jueza aseveró que Jerez no cumplió con el deber de investigar todos los hechos y circunstancias. "Además, nunca se realizó la operación antes de la fecha del decreto del gobernador Julio Miranda, como lo señala el ex fiscal", concluyó.







