Por Redacción Política
06 Octubre 2003
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El futuro se ensombrece para el legislador electo Antonio Alvarez, producto de su paso por la Municipalidad de la capital. El fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, solicitó la apertura de una investigación jurisdiccional contra el ex intendente por administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público en su paso por el municipio.
Alvarez está amparado por fueros parlamentarios por haber sido electo legislador. El planteo de Gallo, fechado el 18 de setiembre, fue girado al Juzgado de la III Nominación, que está vacante por la jubilación de Juan Carlos Tártalo.
El expediente debería ser resuelto por el juez Víctor Pérez, quien subrogaría esta causa. El magistrado tiene 60 días para pronunciarse sobre si el ex intendente habría cometido algún delito, y pedir su desafuero. En ese plazo tiene que realizar una investigación sumaria preliminar.
El pedido complica las posibilidades de Alvarez de asumir en su banca. En las conversaciones que mantienen los miembros del bloque oficialista, la opinión es que el ex concejal debe resolver sus causas judiciales antes de jurar el cargo. Si llegase el pedido de desafuero, la idea mayoritaria es concederlo sin rechazar el diploma, manteniéndose vacante ese escaño por algún tiempo (siempre que no sea demasiado prolongado).
La resolución judicial fue tomada a partir de una denuncia del director de Transporte y Comercio, Enrique Romero, por negligencia grave e incumplimiento de sus deberes. El fiscal anticorrupción consideró, en cambio, que Alvarez habría cometido los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública municipal y violación de los deberes de funcionario público como intendente.
Irregularidades
Gallo investigó distintos hechos denunciados, en los cuales encontró irregularidades administrativas graves. En el caso de dos prórrogas de la contratación directa de la provisión de combustibles y servicios con la estación Miguel Lillo, concluyó que la operación (de casi $ 350.000) debería haberse realizado por licitación, y que Alvarez violó las normas de procedimiento pese a estar advertido en un dictamen jurídico de Fiscalía Municipal. "El operar doloso queda evidenciado al analizar la normativa vigente y cotejarla con lo acontecido", señaló.
Pagos a la 9 de Julio
El fiscal detectó, además, "movimientos en la cuenta sueldos para otros destinos, como el pago a la empresa Transportes 9 de Julio, en clara violación al acuerdo por el cual se afectaban fondos para los salarios".
A esa empresa también se le efectuaron pagos sin los correspondientes libramientos, que fueron registrados en la contaduría municipal sólo como minutas de asiento, adjuntando los recibos otorgados.
"El tema no es menor, ya que el desorden y la imposibilidad de poder establecer el monto de la deuda (de la firma) deriva justamente de esta irregularidad", advirtió. "El obrar infiel de Alvarez queda evidenciado en el uso abusivo de la función encomendada, con evidencias de su despótica administración", remarcó por último.
Designó a 83 nuevos empleados
El ex intendente capitalino y legislador electo por el justicialismo, Antonio Alvarez, aumentó la planta de personal municipal en 83 cargos durante su gestión e incrementó en más de $ 100.000 la planilla salarial mensual, sumando los costos de los nuevos empleados y los reencasillamientos masivos realizados.
Estas conclusiones figuran en el pedido que el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, hizo para que se inicie una investigación jurisdiccional contra el legislador electo. De comprobarse, tras una pesquisa sumaria, algún delito, derivaría en una solicitud de desafuero.
"Alvarez incrementó la planta de personal en forma dolosa y con la finalidad de beneficiarse, máxime teniendo presente que firmó decretos (de designación) hasta el mismo día en que fue destituido como intendente", afirmó Gallo.
Más trabajadores
"Comparando la planta de cargos con las planillas de liquidación, se observa que en junio de 2002 había un total de 5.614 cargos, mientras que en junio de 2003 hay 5.697. De esa diferencia resulta un incremento de 83 cargos", puntualizó. Además, en 2003, se contrataron a 154 personas por primera vez en el municipio, y se designaron 243 personas en la planta interina, rescindiendo contratos previos.
"La evidencia cabal de lo despótico de la administración (de Alvarez) es la designación de personas en cargos inexistentes", sostuvo el fiscal.
Acuerdo violado
Estas medidas implicaron la violación del pacto firmado con el Gobierno provincial, por el cual se le remiten $ 2,1 millones mensuales al municipio para afrontar los salarios de las categorías 11 a la 19. En junio pasado, la capital gastó más de $ 2,7 millones en haberes, mientras que en enero llegó al techo de los costos laborales, con $ 2,8 millones.
En un informe oficial de la Dirección de Planeamiento y Presupuesto se destacó que hubo más de 1.800 encasillamientos de personal que implicaron mayores erogaciones, los que, en su mayoría, no pasaron por esa oficina. Por este motivo, el Presupuesto municipal quedaría excedido. Sólo en el segundo semestre del año, el incremento en los sueldos (incluyendo las diferencias de categorías) supera los $ 875.000.
Alvarez está amparado por fueros parlamentarios por haber sido electo legislador. El planteo de Gallo, fechado el 18 de setiembre, fue girado al Juzgado de la III Nominación, que está vacante por la jubilación de Juan Carlos Tártalo.
El expediente debería ser resuelto por el juez Víctor Pérez, quien subrogaría esta causa. El magistrado tiene 60 días para pronunciarse sobre si el ex intendente habría cometido algún delito, y pedir su desafuero. En ese plazo tiene que realizar una investigación sumaria preliminar.
El pedido complica las posibilidades de Alvarez de asumir en su banca. En las conversaciones que mantienen los miembros del bloque oficialista, la opinión es que el ex concejal debe resolver sus causas judiciales antes de jurar el cargo. Si llegase el pedido de desafuero, la idea mayoritaria es concederlo sin rechazar el diploma, manteniéndose vacante ese escaño por algún tiempo (siempre que no sea demasiado prolongado).
La resolución judicial fue tomada a partir de una denuncia del director de Transporte y Comercio, Enrique Romero, por negligencia grave e incumplimiento de sus deberes. El fiscal anticorrupción consideró, en cambio, que Alvarez habría cometido los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública municipal y violación de los deberes de funcionario público como intendente.
Irregularidades
Gallo investigó distintos hechos denunciados, en los cuales encontró irregularidades administrativas graves. En el caso de dos prórrogas de la contratación directa de la provisión de combustibles y servicios con la estación Miguel Lillo, concluyó que la operación (de casi $ 350.000) debería haberse realizado por licitación, y que Alvarez violó las normas de procedimiento pese a estar advertido en un dictamen jurídico de Fiscalía Municipal. "El operar doloso queda evidenciado al analizar la normativa vigente y cotejarla con lo acontecido", señaló.
Pagos a la 9 de Julio
El fiscal detectó, además, "movimientos en la cuenta sueldos para otros destinos, como el pago a la empresa Transportes 9 de Julio, en clara violación al acuerdo por el cual se afectaban fondos para los salarios".
A esa empresa también se le efectuaron pagos sin los correspondientes libramientos, que fueron registrados en la contaduría municipal sólo como minutas de asiento, adjuntando los recibos otorgados.
"El tema no es menor, ya que el desorden y la imposibilidad de poder establecer el monto de la deuda (de la firma) deriva justamente de esta irregularidad", advirtió. "El obrar infiel de Alvarez queda evidenciado en el uso abusivo de la función encomendada, con evidencias de su despótica administración", remarcó por último.
El ex intendente capitalino y legislador electo por el justicialismo, Antonio Alvarez, aumentó la planta de personal municipal en 83 cargos durante su gestión e incrementó en más de $ 100.000 la planilla salarial mensual, sumando los costos de los nuevos empleados y los reencasillamientos masivos realizados.
Estas conclusiones figuran en el pedido que el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, hizo para que se inicie una investigación jurisdiccional contra el legislador electo. De comprobarse, tras una pesquisa sumaria, algún delito, derivaría en una solicitud de desafuero.
"Alvarez incrementó la planta de personal en forma dolosa y con la finalidad de beneficiarse, máxime teniendo presente que firmó decretos (de designación) hasta el mismo día en que fue destituido como intendente", afirmó Gallo.
Más trabajadores
"Comparando la planta de cargos con las planillas de liquidación, se observa que en junio de 2002 había un total de 5.614 cargos, mientras que en junio de 2003 hay 5.697. De esa diferencia resulta un incremento de 83 cargos", puntualizó. Además, en 2003, se contrataron a 154 personas por primera vez en el municipio, y se designaron 243 personas en la planta interina, rescindiendo contratos previos.
"La evidencia cabal de lo despótico de la administración (de Alvarez) es la designación de personas en cargos inexistentes", sostuvo el fiscal.
Acuerdo violado
Estas medidas implicaron la violación del pacto firmado con el Gobierno provincial, por el cual se le remiten $ 2,1 millones mensuales al municipio para afrontar los salarios de las categorías 11 a la 19. En junio pasado, la capital gastó más de $ 2,7 millones en haberes, mientras que en enero llegó al techo de los costos laborales, con $ 2,8 millones.
En un informe oficial de la Dirección de Planeamiento y Presupuesto se destacó que hubo más de 1.800 encasillamientos de personal que implicaron mayores erogaciones, los que, en su mayoría, no pasaron por esa oficina. Por este motivo, el Presupuesto municipal quedaría excedido. Sólo en el segundo semestre del año, el incremento en los sueldos (incluyendo las diferencias de categorías) supera los $ 875.000.
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