Las batería de leyes sancionadas por la Legislatura en la sesión del pasado viernes, con las cuales se acrecentarán las facultades y el poder del futuro gobernador José Alperovich, provocó el repudio de numerosos sectores de la comunidad.
Legisladores electos, parlamentarios actuales, partidos políticos, candidatos a diputados y a senadores -incluso de signo peronista- cuestionaron con dureza las normas que la mayoría de los legisladores justicialistas, ex bussistas y el radical con afiliación suspendida Juan Vildoza avalaron en la convulsionada deliberación. Los cuestionamientos contra el mandatario electo, contra el vicegobernador Sisto Terán y contra la actual composición del Poder Legislativo son el común denominador de la oposición.
Desde el plano institucional, ya se pronunciaron, también en contra de las propuestas, el Colegio de Abogados y los Jueces por la Democracia.
Amenaza
Desde el sector sindical ya se lanzó la advertencia de que se va a resistir por la fuerza la aplicación de las medidas aprobadas. "Antes de trasladar arbitrariamente a un solo compañero trabajador van a tener que movernos a todos los municipales juntos", amenazó el titular de la Federación de Gremios Municipales del Interior, José "Rina" Contreras.
Este sector realizará el próximo martes un plenario de sindicatos para organizar un plan de lucha.
Previamente, mañana, los sindicatos de la CTA y de la CCC convocaron a una movilización para el próximo miércoles, a la Legislatura, ya que se realizará una nueva sesión. Paralelamente, Uatre, Sutep, Sutiaga, Sitravi y Sadop definirán qué medidas adoptarán para resistir las normas que fueron consagradas por la Cámara.
Miranda y el veto
El gobernador Julio Miranda ha comenzado a recuperar protagonismo en el escenario político a partir de la última sesión legislativa, porque en sus manos está la posibilidad de evitar la promulgación de lo aprobado.
"Esperamos que vete las leyes que se aprobaron, porque es un hombre que viene del movimiento obrero y sabe cuánto costaron nuestras conquistas", puntualizó Contreras, también secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Famaillá.
En la misma línea se expresó el secretario general de la Fotia y legislador electo, Roberto Palina. Sus futuros pares proponen, también, efectuar planteos judiciales contra el paquete de leyes que favorecen a Alperovich; o la revisión de esas normas, en caso de que finalmente se conviertan en leyes, cuando asuman como parlamentarios.
Normas consagradas
DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA.- Actualmente, las disposiciones del Poder Ejecutivo deben ser ratificadas por la Legislatura dentro de los 20 días de que la norma dictada fue comunicada a la Cámara. Caso contrario, caduca. El viernes se modificó esa reglamentación, para que si en ese plazo no se expide el Poder Legislativo, el decreto quede firme. El proyecto es de David Padilla (PJ) y de Juan Vildoza (radical con afiliación suspendida). Fue dictaminado por la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Gerónimo Vargas Aignasse (PJ), con pronunciamiento en contra de Rubén Chebaia (UCR).
EMPLEADOS PUBLICOS.- Se facultó al Poder Ejecutivo para que disponga "el traslado y la afectación del personal técnico para la realización de tareas específicas", según su criterio y sin consentimiento del agente. El proyecto es de Padilla y de Vildoza, y fue dictaminado por Asuntos Constitucionales, con pronunciamiento en contra de Chebaia.
MINISTERIO FISCAL.- El ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, cargo que actualmente ocupa Luis de Mitri, ya no podrá sancionar a los fiscales de instrucción penal ni distribuir ciertas causas, si se promulga la norma sancionada el viernes. El proyecto es de Javier Lobo Aragón (VOS). Lo dictaminó la comisión de Legislación General, que preside Claudia Herrera (PJ), con pronunciamiento en contra de Chebaia.
CASACION JUDICIAL.- Hoy, la Cámara Penal tiene siete salas, con idénticas atribuciones. Son la de ser instancia revisora de los fallos de los juzgados penales y la de juzgar en única instancia los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro tribunal. El cambio sancionado convierte a una sola de esas salas en Cámara en lo Penal, reservándole la competencia revisora, y hace de las restantes seis, Cámaras en lo Criminal, que sólo serán instancia juzgadora. El proyecto es de Lobo Aragón y lo dictaminó Legislación General, con pronunciamiento en contra de Chebaia.
INTERVENCION A MUNICIPIOS Y A COMUNAS.- Hoy, las intendencias y los concejos sólo pueden intervenirse por ley sancionada con 27 votos, o por decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, si la Cámara está en receso. La disposición debe ser ratificada también con los dos tercios de la Legislatura. El viernes se modificó esa mayoría, y se la redujo a 21 votos. Idénticas condiciones regirán para la intervención de comunas. Ambos proyectos son de Padilla y de Vildoza y fueron dictaminados por Asuntos Constitucionales, con pronunciamiento en contra de Chebaia.
Legisladores electos, parlamentarios actuales, partidos políticos, candidatos a diputados y a senadores -incluso de signo peronista- cuestionaron con dureza las normas que la mayoría de los legisladores justicialistas, ex bussistas y el radical con afiliación suspendida Juan Vildoza avalaron en la convulsionada deliberación. Los cuestionamientos contra el mandatario electo, contra el vicegobernador Sisto Terán y contra la actual composición del Poder Legislativo son el común denominador de la oposición.
Desde el plano institucional, ya se pronunciaron, también en contra de las propuestas, el Colegio de Abogados y los Jueces por la Democracia.
Amenaza
Desde el sector sindical ya se lanzó la advertencia de que se va a resistir por la fuerza la aplicación de las medidas aprobadas. "Antes de trasladar arbitrariamente a un solo compañero trabajador van a tener que movernos a todos los municipales juntos", amenazó el titular de la Federación de Gremios Municipales del Interior, José "Rina" Contreras.
Este sector realizará el próximo martes un plenario de sindicatos para organizar un plan de lucha.
Previamente, mañana, los sindicatos de la CTA y de la CCC convocaron a una movilización para el próximo miércoles, a la Legislatura, ya que se realizará una nueva sesión. Paralelamente, Uatre, Sutep, Sutiaga, Sitravi y Sadop definirán qué medidas adoptarán para resistir las normas que fueron consagradas por la Cámara.
Miranda y el veto
El gobernador Julio Miranda ha comenzado a recuperar protagonismo en el escenario político a partir de la última sesión legislativa, porque en sus manos está la posibilidad de evitar la promulgación de lo aprobado.
"Esperamos que vete las leyes que se aprobaron, porque es un hombre que viene del movimiento obrero y sabe cuánto costaron nuestras conquistas", puntualizó Contreras, también secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Famaillá.
En la misma línea se expresó el secretario general de la Fotia y legislador electo, Roberto Palina. Sus futuros pares proponen, también, efectuar planteos judiciales contra el paquete de leyes que favorecen a Alperovich; o la revisión de esas normas, en caso de que finalmente se conviertan en leyes, cuando asuman como parlamentarios.
DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA.- Actualmente, las disposiciones del Poder Ejecutivo deben ser ratificadas por la Legislatura dentro de los 20 días de que la norma dictada fue comunicada a la Cámara. Caso contrario, caduca. El viernes se modificó esa reglamentación, para que si en ese plazo no se expide el Poder Legislativo, el decreto quede firme. El proyecto es de David Padilla (PJ) y de Juan Vildoza (radical con afiliación suspendida). Fue dictaminado por la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Gerónimo Vargas Aignasse (PJ), con pronunciamiento en contra de Rubén Chebaia (UCR).
EMPLEADOS PUBLICOS.- Se facultó al Poder Ejecutivo para que disponga "el traslado y la afectación del personal técnico para la realización de tareas específicas", según su criterio y sin consentimiento del agente. El proyecto es de Padilla y de Vildoza, y fue dictaminado por Asuntos Constitucionales, con pronunciamiento en contra de Chebaia.
MINISTERIO FISCAL.- El ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, cargo que actualmente ocupa Luis de Mitri, ya no podrá sancionar a los fiscales de instrucción penal ni distribuir ciertas causas, si se promulga la norma sancionada el viernes. El proyecto es de Javier Lobo Aragón (VOS). Lo dictaminó la comisión de Legislación General, que preside Claudia Herrera (PJ), con pronunciamiento en contra de Chebaia.
CASACION JUDICIAL.- Hoy, la Cámara Penal tiene siete salas, con idénticas atribuciones. Son la de ser instancia revisora de los fallos de los juzgados penales y la de juzgar en única instancia los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro tribunal. El cambio sancionado convierte a una sola de esas salas en Cámara en lo Penal, reservándole la competencia revisora, y hace de las restantes seis, Cámaras en lo Criminal, que sólo serán instancia juzgadora. El proyecto es de Lobo Aragón y lo dictaminó Legislación General, con pronunciamiento en contra de Chebaia.
INTERVENCION A MUNICIPIOS Y A COMUNAS.- Hoy, las intendencias y los concejos sólo pueden intervenirse por ley sancionada con 27 votos, o por decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, si la Cámara está en receso. La disposición debe ser ratificada también con los dos tercios de la Legislatura. El viernes se modificó esa mayoría, y se la redujo a 21 votos. Idénticas condiciones regirán para la intervención de comunas. Ambos proyectos son de Padilla y de Vildoza y fueron dictaminados por Asuntos Constitucionales, con pronunciamiento en contra de Chebaia.







