Control de automotores

Sería deseable que, en el tema del control de la circulación de automotores, se pusiera pronto término al conflicto de jurisdicciones que parece haberse planteado entre la Dirección de Transporte de la Provincia y la Municipalidad de la capital. Como se sabe, este último organismo rechaza la existencia de atribuciones provinciales para actuar dentro de la ciudad. Toda la cuestión, en última instancia, significa problemas -no exentos de incidentes- que la prudencia aconsejaría evitar, en la actual situación de la provincia, sensibilizada por graves problemas sociales y económicos que constan a todos.
Interesa detenernos en un punto del tema. Concretamente, en el hecho de que la Dirección de Transporte -como informamos- además de requerir a quien maneja la tarjeta verde, la licencia para conducir y el comprobante del pago de patente, exige al conductor que no es titular del vehículo que presente una autorización otorgada por el titular.
Nadie podría razonablemente discutir la utilidad y conveniencia que tiene el control de los vehículos que circulan. Tal control representa no solamente el modo de verificar el acatamiento de los conductores a las normas legales que rigen la materia. También permiten detectar, de paso -y ello es de significativa importancia- situaciones delictivas que a todos interesa ver neutralizadas, y que van desde individualizar un auto robado hasta la captura del delincuente que puede casualmente estar al volante.
Pero no debe desnaturalizarse la esencia de la inspección por medio de exageraciones, que vendrían a convertir a aquella en una nueva y fastidiosa complicación, que se añada a las muchas que trae aparejado actualmente el mero hecho de guiar un vehículo.
Establecer que quien maneja un automotor posee en regla su carnet de conductor, su tarjeta verde y su recibo de patente es suficiente, de acuerdo con la ley, sin sumar otras exigencias que no están contempladas en aquella y que se traducen, como decimos arriba, en una molestia y en una pérdida de tiempo, si no en un gasto. Piénsese que hacer certificar esa autorización por la Policía o por Transporte requiere todo un trámite ante dichos organismos, para lo cual el conductor deberá dedicar parte de su jornada de trabajo, y someterse indudablemente a largas esperas hasta obtener el dichoso sello.Por lo demás, las autoridades debieran tener en cuenta que son otras las medidas del Estado que la población requiere para percibir seguridad en el tránsito. No se nota que estas conciten una preocupación semejante a la que se está otorgando a problemas que podrían llamarse formales.
Hablamos, por ejemplo, del control de la excesiva velocidad en la conducción de autos y de motocicletas, tanto en las avenidas de trágico historial -como Mate de Luna- como en otras arterias de la zona céntrica. Estas se convierten en verdaderas pistas de carrera durante la noche de los fines de semana, sin que a la autoridad parezca inquietarle demasiado. Tampoco se verifica la sobriedad de los conductores, cosa que sería muy necesaria dada la frecuencia con que personas que han bebido asumen la conducción de vehículos, creando un enorme riesgo para todos.
El desarrollo de la huelga municipal, por ejemplo, ha convertido las calles céntricas en algo muy peligroso para automovilistas y peatones, ya que no existe ninguna autoridad que dirija y ordene la circulación, que se convierte en caótica a ciertas horas de la jornada. Son sólo unos pocos ejemplos de las direcciones hacia las que, pensamos, debieran apuntar los controles de tránsito, trascendiendo exigencias que aparecen tan burocráticas como fastidiosas. En suma, el control debe existir, pero de modo razonable y práctico, que es lo mismo que decir eficaz.