De Mitri quiere que se discutan los cambios

Al ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, no le hizo ninguna gracia que pretendan recortarle facultades, para que no pueda sancionar a los fiscales o distribuir ciertas causas, potestades que reasumiría la Corte Suprema de Justicia. Esto es lo que propuso el legislador Javier Lobo Aragón, iniciativa que podría ser aprobada hoy.
"Al Ministerio Público Fiscal hay que robustecerlo, porque es una institución esencialmente republicana. Los cambios que se pueden hacer merecen un análisis más profundo. Lo máximo es alcanzar la independencia dispuesta por la Constitución, como se hizo en la Nación, pero lo mínimo es una ley que regule su actuación", resaltó De Mitri.
El funcionario judicial se quejó por haberse enterado por LA GACETA de las eventuales reformas. "No quiero defender mi gestión. Si bien es facultad de la Legislatura sancionar reformas, no conozco cuál es el alcance de estos cambios. Nadie me consultó sobre ningún aspecto, y no sé si hubo legisladores que hablaron con alguien de la Corte", señaló.
El ministro fiscal reclamó que las posibles modificaciones sean discutidas durante el próximo Gobierno, porque ahora ya no hay tiempo. "No hay urgencia para aprobar estos temas, que se ponen sobre el tapete de modo sorpresivo cuando se está por operar un cambio en los cargos institucionales", aseveró.
De Mitri recordó que la actual Legislatura lo sometió a un juicio político, que fracasó en el intento de destituirlo. "Quizás muchos consideren estos proyectos de recorte como un pase de boleta de los políticos", concluyó.

Reclaman a la Corte que se pronuncie
En la filial de la Red Argentina de Justicia para la Democracia están indignados con los cambios propuestos para el Poder Judicial. La Legislatura estudia recortar facultades del Ministerio Público Fiscal y que sólo una de las siete salas de la Cámara Penal concentre la función de resolver las apelaciones a las decisiones de primera instancia.
"Esta reforma casi clandestina, por su oportunidad y celeridad, implica aumentar la erosión de la confianza pública en las instituciones judiciales, en momentos en que se patentiza la necesidad de combatir la impunidad". De esta forma se manifestaron los magistrados Alicia Noli, Pedro Roldán Vázquez, Carlos Norry, María Poliche de Sobre Casas, Manuel López Rougés, María Elisa Molina, Miguel Iácono, Gladys Ríos y Teresa Carnival de Davio en la nota dirigida al titular de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, para que el alto tribunal se pronuncie.
Según el grupo, la reforma implica una regresión en materia de transparencia institucional y vaticinó que causará importantísimas demoras en los procesos, lo que deteriorará el servicio de justicia.
"Las medidas son una injerencia frontal de los otros poderes en el Judicial, desde que no se consultó públicamente a los factores interesados", advirtieron.
Lo que más criticaron fue la idea de una única Cámara de Apelaciones. "Un reducido grupo, designado por las mismas fuerzas del Gobierno que propicia este proyecto, decidirá sobre las libertades y sobre la suerte de las investigaciones", concluyeron.