Por Redacción Política
02 Octubre 2003
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El gobernador electo, José Alperovich, tendrá herramientas que ampliarán sus facultades si se aprueba la serie de leyes dictaminadas ayer en la Legislatura. En el terreno de los poderes políticos, la comisión de Asuntos Constitucionales dio despacho favorable a un proyecto que flexibilizan la intervención de municipalidades, uno de los pedidos que el futuro mandatario formuló a los actuales legisladores.
El organismo que preside Gerónimo Vargas Aignasse avaló las iniciativas de David Padilla (PJ) y de Juan Vildoza (radical con afiliación suspendida), que modifican la Ley Orgánica de Municipios (5.529) para que la Provincia pueda deponer a las autoridades de esas administraciones con el voto de 21 legisladores. Hoy, se necesita la voluntad de 27 parlamentarios para adoptar esa medida, tras un proyecto sancionado por esta Cámara.
Padilla y Vildoza presentaron, además, una iniciativa para que las comunas rurales también puedan ser intervenidas con 21 votos, en un escueto proyecto de dos artículos, que por causales sólo enumera "gravedad institucional y paz social".
Asuntos Constitucionales dictaminó, además, la modificación de la Ley 7.155 (dictada este año), mediante la cual los titulares de los tres poderes del Estado puede trasladar personal sin consentimiento de los agentes. En los tres casos se pronunció en contra el radical Rubén Chebaia.
Alperovich quiere que esta Cámara, además, ponga en marcha un plan de reestructuración el fuero penal en la Justicia, que fue diseñado (entre otros) por quien se cree que será el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez.
Dos ejes del programa obtuvieron ayer dictámenes favorables de la comisión de Legislación General, que preside Claudia Herrera (PJ), contra los cuales también se opuso Chebaia. La primera iniciativa apunta a un recorte de las facultades del ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, quien, de sancionarse la propuesta, dejaría de tener potestades para sancionar a los fiscales y para distribuir ciertas causas, aspectos que pasarán a ser materia del máximo tribunal en pleno.
La otra modificación al esquema interno es un cambio a la Ley Orgánica de Tribunales, por el cual sólo una de las siete salas de la Cámara Penal concentrará la función de recibir y resolver las apelaciones a las decisiones de primera instancia. Las restantes seis salas se dedicarán al sustanciamiento de los juicios orales. También se prevé que las apelaciones tengan efecto suspensivo sobre las medidas dictadas por los jueces inferiores.
Esta medida implica una concentración de poder en tres magistrados. Legisladores de la oposición mencionaron los nombres de Elva Graciela Jiménez (hermana del potencial ministro) y de Silvia Castellote para dos de esos lugares. Ellos barajaban, también, que la Cámara podría ser convocada a sesionar para mañana mismo.
Los decretos generan polémica en el PJ
La iniciativa para cambiar el sistema de ratificación de los decretos de necesidad y urgencia divide a los legisladores del oficialismo, e impide el llamado a la próxima sesión de la Cámara.
Gerónimo Vargas Aignasse y Rosa Augier de Rojas demostraron con sus declaraciones que el acuerdo entre todos los peronistas es casi imposible. El proyecto del ex radical Juan Vildoza y del justicialista David Padilla, propone pasar del régimen actual de requerir una ratificación explícita de los decretos por parte de la Legislatura en 20 días hábiles, a una sanción por el mero silencio si la Cámara no los rechazan en ese mismo plazo.
La legisladora calificó la iniciativa como "una aberración tremenda". "Esas normas deben ser excepcionales y restrictivas. No se puede comparar la situación local con la nacional, donde la propia Constitución faculta al Presidente a dictarlos, mientras que nuestra Carta Magna no tiene ni siquiera previstos esos decretos", destacó.
Vargas Aignasse, en cambio, justificó la modificación pedida por el gobernador electo, José Alperovich. "Estaríamos en consonancia con la Nación, aunque todo depende de cómo se los use", dijo.
En los hechos, aún no se pudo destrabar el temario de la que sería la última sesión de este mandato parlamentario. Por el momento, la Cámara no activó su mecanismo de funcionamiento, ni se llamó a Labor Parlamentaria para definir un orden del día.
La pretensión oficialista de concretar una reunión plenaria mañana no pasa de ser una idea, pero las próximas horas serán cruciales; las reuniones se suceden a cada momento, y no se descarta un llamado de urgencia al recinto, incluso a deshora.
Uñas y dientes
"Me gustaría que Fernando Juri defienda con uñas y dientes a la Cámara y rechace el cambio de la reglamentación de los decretos", dijo la legisladora Rosa Augier. "Exhorto a que lo haga para que a la próxima Cámara no le ocurra lo que le pasó a esta, cuando nos impusieron la superley", recordó la esposa del legislador electo Juan Eduardo Rojas.
El organismo que preside Gerónimo Vargas Aignasse avaló las iniciativas de David Padilla (PJ) y de Juan Vildoza (radical con afiliación suspendida), que modifican la Ley Orgánica de Municipios (5.529) para que la Provincia pueda deponer a las autoridades de esas administraciones con el voto de 21 legisladores. Hoy, se necesita la voluntad de 27 parlamentarios para adoptar esa medida, tras un proyecto sancionado por esta Cámara.
Padilla y Vildoza presentaron, además, una iniciativa para que las comunas rurales también puedan ser intervenidas con 21 votos, en un escueto proyecto de dos artículos, que por causales sólo enumera "gravedad institucional y paz social".
Asuntos Constitucionales dictaminó, además, la modificación de la Ley 7.155 (dictada este año), mediante la cual los titulares de los tres poderes del Estado puede trasladar personal sin consentimiento de los agentes. En los tres casos se pronunció en contra el radical Rubén Chebaia.
Alperovich quiere que esta Cámara, además, ponga en marcha un plan de reestructuración el fuero penal en la Justicia, que fue diseñado (entre otros) por quien se cree que será el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez.
Dos ejes del programa obtuvieron ayer dictámenes favorables de la comisión de Legislación General, que preside Claudia Herrera (PJ), contra los cuales también se opuso Chebaia. La primera iniciativa apunta a un recorte de las facultades del ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, quien, de sancionarse la propuesta, dejaría de tener potestades para sancionar a los fiscales y para distribuir ciertas causas, aspectos que pasarán a ser materia del máximo tribunal en pleno.
La otra modificación al esquema interno es un cambio a la Ley Orgánica de Tribunales, por el cual sólo una de las siete salas de la Cámara Penal concentrará la función de recibir y resolver las apelaciones a las decisiones de primera instancia. Las restantes seis salas se dedicarán al sustanciamiento de los juicios orales. También se prevé que las apelaciones tengan efecto suspensivo sobre las medidas dictadas por los jueces inferiores.
Esta medida implica una concentración de poder en tres magistrados. Legisladores de la oposición mencionaron los nombres de Elva Graciela Jiménez (hermana del potencial ministro) y de Silvia Castellote para dos de esos lugares. Ellos barajaban, también, que la Cámara podría ser convocada a sesionar para mañana mismo.
Los decretos generan polémica en el PJ
La iniciativa para cambiar el sistema de ratificación de los decretos de necesidad y urgencia divide a los legisladores del oficialismo, e impide el llamado a la próxima sesión de la Cámara.
Gerónimo Vargas Aignasse y Rosa Augier de Rojas demostraron con sus declaraciones que el acuerdo entre todos los peronistas es casi imposible. El proyecto del ex radical Juan Vildoza y del justicialista David Padilla, propone pasar del régimen actual de requerir una ratificación explícita de los decretos por parte de la Legislatura en 20 días hábiles, a una sanción por el mero silencio si la Cámara no los rechazan en ese mismo plazo.
La legisladora calificó la iniciativa como "una aberración tremenda". "Esas normas deben ser excepcionales y restrictivas. No se puede comparar la situación local con la nacional, donde la propia Constitución faculta al Presidente a dictarlos, mientras que nuestra Carta Magna no tiene ni siquiera previstos esos decretos", destacó.
Vargas Aignasse, en cambio, justificó la modificación pedida por el gobernador electo, José Alperovich. "Estaríamos en consonancia con la Nación, aunque todo depende de cómo se los use", dijo.
En los hechos, aún no se pudo destrabar el temario de la que sería la última sesión de este mandato parlamentario. Por el momento, la Cámara no activó su mecanismo de funcionamiento, ni se llamó a Labor Parlamentaria para definir un orden del día.
La pretensión oficialista de concretar una reunión plenaria mañana no pasa de ser una idea, pero las próximas horas serán cruciales; las reuniones se suceden a cada momento, y no se descarta un llamado de urgencia al recinto, incluso a deshora.
Uñas y dientes
"Me gustaría que Fernando Juri defienda con uñas y dientes a la Cámara y rechace el cambio de la reglamentación de los decretos", dijo la legisladora Rosa Augier. "Exhorto a que lo haga para que a la próxima Cámara no le ocurra lo que le pasó a esta, cuando nos impusieron la superley", recordó la esposa del legislador electo Juan Eduardo Rojas.
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