Integran el tribunal que resolverá si Bussi va a juicio oral

A raíz de tres excusaciones, el camarista Espíndola Aráoz fue sorteado para sumarse a la Corte Suprema en la causa por supuesto peculado.

Por Redacción Política 02 Octubre 2003
Julio Armando Espíndola Aráoz, vocal de la sala I de la Cámara Penal, integrará la Corte Suprema de Justicia para resolver una importante cuestión: el recurso de queja por casación denegada que interpuso Antonio Domingo Bussi en su afán por evitar un juicio oral por el presunto cobro de gastos reservados prohibidos por la Constitución provincial (peculado) cuando fue gobernador, entre 1995 y 1999.
El alto tribunal debió hacer un sorteo porque, por diferentes razones, tres de sus cinco miembros (Antonio Gandur, Héctor Eduardo Area Maidana y René Mario Goane) se excusaron de intervenir en el caso.
Espíndola Aráoz y los dos vocales de la Corte que no se excusaron, Alfredo Carlos Dato y Alberto José Brito, decidirán si corresponde abrir el recurso de casación. Por medio de esta vía, el abogado del intendente electo de esta capital, Cergio Morfil, pretende que se revise el fallo por el cual la sala VI de la Cámara Penal resolvió que el titular de Fuerza Republicana y sus ex ministros Alberto Germanó (Gobierno), Franco Augusto Fogliata (Producción) y Ramón Nereo Arnedo (Hacienda) sean sometidos a un proceso oral y público.
Como la interposición de la queja no suspende el trámite, también se sorteó la sala penal que, en caso de no ser abierta la casación, llevará adelante el juicio oral contra Bussi. El plenario, de realizarse, será sustanciado por la sala IV, que integran María del Pilar Prieto (presidenta), Silvia Castellote y Horacio Villalba.

Idas y venidas
En julio, la sala VI de la Cámara Penal rechazó el recurso de casación deducido por la defensa de Bussi. El 4 de abril, los vocales Francisco Ruiz Vargas y Jorge Duhart ya habían desestimado la apelación interpuesta contra el requerimiento del ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, de que se eleve a juicio la causa.
Los camaristas hicieron lugar al pedido de Jerez. Este concluyó que los imputados cobraron sumas especiales en concepto de gastos reservados o de otras erogaciones, pero sin rendir cuentas. La suma ascendería a $ 5 millones.

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