Piden que se citea declarar a Bussi por la causa de Vargas Aignasse

El fiscal federal Emilio Ferrer solicitó al juez federal Jorge Parache que declare la inconstitucionalidad, la nulidad y la invalidez de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, en la causa referida a la desaparición del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse. En ese marco, pidió al magistrado que cite a prestar declaración indagatoria al intendente electo Antonio Bussi.
El abogado Rodolfo Vargas Aignasse había planteado la reapertura del caso de su hermano, secuestrado el 24 de marzo de 1976, con el patrocinio del letrado Juan Roberto Robles."La Ley de Punto Final (23.492) establecía la extinción de la acción penal mediante el acotamiento de plazos para el juzgamiento de delitos imprescriptibles. La de Obediencia Debida (23.521) liberaba de responsabilidad penal a numerosos sujetos legítimamente imputables", sostiene Ferrer, en el marco de las acciones que patrocina el penalista Juan Robles.
"Ambas normas fueron instrumentos que colocaron a nuestro país en flagrante violación de sus compromisos internacionales. Pero también afectaron el derecho interno de mayor jerarquía, contenido en la propia Constitución Nacional -afirma-. La Argentina era signataria de tratados sobre derechos humanos con anterioridad al dictado de esas leyes, lo que torna procedente su declaración de invalidez".
Paralelamente, Ferrer pidió que se cite a declarar, además de Bussi, a los ex jerarcas militares Luciano Benjamín Menéndez, Arturo Félix González Naya, Antonio Arrechea y Luis Fernando Oviedo, y a los ex jefes policiales Juan Sirnio y Marcos Fidencio Hidalgo.
"Cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, la obligación del Estado de reparar el daño causado es más amplia -manifiesta Ferrer-. No puede reducirse a una indemnización monetaria, porque eso permitiría a los Estados mantener la impunidad a cambio de dinero. La reparación no puede considerarse integral si no incluye la investigación y revelación de los hechos, y un esfuerzo por procesar y castigar penal y disciplinariamente a quienes resultaren responsables", concluyó.

Segundo pronunciamiento
Ferrer también se pronunció en favor de la reapertura de la causa por la desaparición de José Chebaia, ocurrida a poco de asumir Antonio Bussi el gobierno de facto. Este es el cuarto expediente en el que se vincula al intendente electo con detenciones ilegales en la década del 70, que volvieron a ser investigadas por la Justicia.
Chebaia fue secretario de Comercio de Amado Juri, y presidente de la FET.