"En un cuerpo colegiado, como el Poder Legislativo, la construcción de consensos es compleja, por cuanto cuando mayor es el número de individuos e intereses divergentes es más fácil es el disenso". Así lo expresó Javier Ortega, profesor de Sistemas Políticos Comparados de la UNSTA, al reflexionar sobre el proyecto de modificación del mecanismo de rechazo de los decretos de necesidad y urgencia.
Prueba de esto -prosiguió Ortega- es que la mayoría de los proyectos parlamentarios nunca consigue el apoyo que los lleve a convertirse en ley. "Esto se potencia en Tucumán, donde el sistema de partidos es fagocitado por el exacerbado individualismo del sálvese quien pueda, producto de un régimen electoral de alta fragmentación gracias a la Ley de Lemas", añadió.
Sostuvo que ante la división interna del cuerpo, el poderío del Ejecutivo se torna avasallante. "Por La ley 6.686, para que un decreto de necesidad y urgencia tenga validez el PE está obligado a convencer a la Legislatura para que en 20 días hábiles sesione y lo ratifique. Así, el PE tiene la dificultosa tarea de construir consensos y el tiempo juega en su contra", recalcó.
Agregó que hoy se pretende cambiar este sistema por otro en el que el simple silencio de la Legislatura funcione como ratificación del decreto. "Con la inacción de aquel órgano basta. En este caso, el PE tiene la fácil tarea de beneficiarse del disenso -si no existe podrá sembrarlo- y el tiempo juega en su favor", dijo.
Según Ortega, esto potencia sobremanera el poder normativo institucional que posee el Ejecutivo. "El próximo PE tendrá la intención de sumar las máximas prerrogativas normativo-institucionales que pueda, pero su poder real dependerá de otros factores, entre ellos, el de la gravitación de un partido mayoritario que le dio el éxito electoral y que claramente aún no domina", finalizó.
"Se subestima al Poder Legislativo"
El legislador justicialista Germán Alfaro se pronunció en favor de que los decretos de necesidad y urgencia queden firmes si a los 20 días de su dictado no son rechazados por la Cámara. "No creo que el proyecto intente vaciar a la Legislatura, ni que atente contra la seguridad jurídica, ni que nos aparte del sistema republicano de gobierno", expresó.
Sostuvo que los que así piensan subestiman a uno de los poderes del Estado creyendo que el Poder Legislativo se va a someter al PE. "La Cámara nunca pierde sus facultades, ni la potestad de rechazar un decreto de necesidad y urgencia cuando se considere que va en contra de los intereses de los tucumanos", dijo.
Alfaro reconoció que la próxima Legislatura deberá tener mayor capacidad de reacción y de agilidad en su función. "Si el cuerpo considera que no es conveniente, está en su facultad modificar o rechazar la ley", acotó.
Además, señaló que el proyecto se adapta a lo que ocurre a nivel nacional. "A las nuevas autoridades se debe brindar la posibilidad de concretar su plan de gobierno en los próximos 100 días", agregó. Finalmente, apuntó que los que no tienen propuestas para el 26 de octubre se recuestan en este tema para hacer proselitismo.
Prueba de esto -prosiguió Ortega- es que la mayoría de los proyectos parlamentarios nunca consigue el apoyo que los lleve a convertirse en ley. "Esto se potencia en Tucumán, donde el sistema de partidos es fagocitado por el exacerbado individualismo del sálvese quien pueda, producto de un régimen electoral de alta fragmentación gracias a la Ley de Lemas", añadió.
Sostuvo que ante la división interna del cuerpo, el poderío del Ejecutivo se torna avasallante. "Por La ley 6.686, para que un decreto de necesidad y urgencia tenga validez el PE está obligado a convencer a la Legislatura para que en 20 días hábiles sesione y lo ratifique. Así, el PE tiene la dificultosa tarea de construir consensos y el tiempo juega en su contra", recalcó.
Agregó que hoy se pretende cambiar este sistema por otro en el que el simple silencio de la Legislatura funcione como ratificación del decreto. "Con la inacción de aquel órgano basta. En este caso, el PE tiene la fácil tarea de beneficiarse del disenso -si no existe podrá sembrarlo- y el tiempo juega en su favor", dijo.
Según Ortega, esto potencia sobremanera el poder normativo institucional que posee el Ejecutivo. "El próximo PE tendrá la intención de sumar las máximas prerrogativas normativo-institucionales que pueda, pero su poder real dependerá de otros factores, entre ellos, el de la gravitación de un partido mayoritario que le dio el éxito electoral y que claramente aún no domina", finalizó.
"Se subestima al Poder Legislativo"
El legislador justicialista Germán Alfaro se pronunció en favor de que los decretos de necesidad y urgencia queden firmes si a los 20 días de su dictado no son rechazados por la Cámara. "No creo que el proyecto intente vaciar a la Legislatura, ni que atente contra la seguridad jurídica, ni que nos aparte del sistema republicano de gobierno", expresó.
Sostuvo que los que así piensan subestiman a uno de los poderes del Estado creyendo que el Poder Legislativo se va a someter al PE. "La Cámara nunca pierde sus facultades, ni la potestad de rechazar un decreto de necesidad y urgencia cuando se considere que va en contra de los intereses de los tucumanos", dijo.
Alfaro reconoció que la próxima Legislatura deberá tener mayor capacidad de reacción y de agilidad en su función. "Si el cuerpo considera que no es conveniente, está en su facultad modificar o rechazar la ley", acotó.
Además, señaló que el proyecto se adapta a lo que ocurre a nivel nacional. "A las nuevas autoridades se debe brindar la posibilidad de concretar su plan de gobierno en los próximos 100 días", agregó. Finalmente, apuntó que los que no tienen propuestas para el 26 de octubre se recuestan en este tema para hacer proselitismo.







