"Intentan vaciar a la Legislatura"

A pocos días de la renovación de autoridades sorprende una novedad que revolcaría en la tumba a Montesquieu: la Legislatura saliente analiza la posibilidad de autorizar al Poder Ejecutivo a dictar leyes (los decretos de necesidad y urgencia no son otra cosa) y que ellas tengan plena operatividad en el tiempo, sin que el uso de esta atribución quede supeditada al control legislativo. Algunos parlamentarios, en su retirada, no sólo dejan despachos, celulares y asesores, sino que intentan vaciar a la Legislatura de su más relevante función: hacer las leyes. Esta anomalía viene del ex presidente Carlos Menem, quien dictó más de 400 decretos de necesidad y urgencia en una década de gobierno. Superó todas las marcas históricas, porque entre 1853 y 1989 sólo se habían dictado 25.
Producto del Pacto de Olivos, este recurso fue incorporado por la reforma constitucional del 94. Esta, exceptuando determinadas materias (penal, tributaria, electoral y régimen de partidos políticos), autorizó al Presidente a dictarlos cuando medien justificadas razones de urgencia y necesidad. No obstante, en un reciente fallo, la Corte Suprema de la Nación aclaró que esa facultad sólo puede usarse bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad.
En forma contraria, la Constitución tucumana (artículo 3) expresamente prohíbe a los poderes del Estado ejercer otras atribuciones que las que ella les confiere o delegarlas (implícita o explícitamente) a los otros. El acto realizado en virtud de esta delegación es nulo y los jueces no pueden aplicarlo.
Pese a tan clara disposición, rige una ley inconstitucional, la 6.686. Esta, no obstante, tiene un mérito: declara la nulidad absoluta de todo decreto de necesidad y urgencia que no sea aprobado expresamente por la Legislatura dentro de los 20 días hábiles de haber recibido la comunicación.
Si esta exigencia, a contramano de la tendencia de la Corte Suprema de la Nación de limitar el alcance de los decretos de necesidad y urgencia, se elimina, las consecuencias institucionales serían severas: A- Tucumán abandonaría el sistema republicano de gobierno al otorgársele al PE facultades legislativas. B- La elección legislativa de junio habría sido una pérdida de tiempo y los 40 parlamentarios electos serían innecesarios. C- La ciudadanía, huérfana, quedará a merced de un PE que decidirá el destino de sus vidas y de sus bienes sin controles y sin debates de la oposición y de las minorías. D- Se atentaría contra la seguridad jurídica. E- Una investigación penal deberá determinar si son responsables de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática.